Transparencia Venezuela, 27 de febrero de 2019.- Que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha abandonado su función de “administrar justicia”; y de velar por el cumplimiento de la Constitución, y los derechos de los ciudadanos para convertirse en el principal defensor del gobierno, después de los militares, es algo harto conocido. Sin embargo, dentro del organismo hay 2 magistrados que resaltan sobre los otros 32 por su disposición a actuar en favor de los intereses del Ejecutivo que encabeza Nicolás Maduro sin importar lo que digan la Carta Magna o los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
Se trata de Juan José Mendoza Jover y de Indira Alfonzo, presidentes de la salas Constitucional y Electoral, respectivamente; precisamente las instancias que con mayor ahínco han tomado decisiones en perjuicio de la Asamblea Nacional electa el 5 de diciembre de 2015 y en contra cualquier tipo de disidencia.
Transparencia Venezuela puso la lupa en 42 de las 4.777 sentencias que el máximo juzgado asegura en su sitio web haber dictado en 2018, por cuanto las mismas iban dirigidas contra el Parlamento, contra la oposición o simplemente avalaban actuaciones del Gobierno y se encontró con que 9 fueron redactadas por Mendoza y tres por Alfonzo.
Mendoza, quien había sido diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) antes de ser nombrado magistrado en 2010, por la anterior Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, redactó dos de los dictámenes que la Sala Constitucional emitió en 2018 bendiciendo los decretos presidenciales que mantenían al país bajo Estado de Excepción y Emergencia Económica desde enero de 2016.
Gracias a estas resoluciones el Gobierno de Maduro ha tomado decisiones económicas que deberían contar necesariamente con el visto bueno de la Asamblea Nacional, tales como aprobar rectificaciones de partidas en el presupuesto nacional, emitir nueva deuda o suscribir contratos de interés público con empresas o gobiernos extranjeros.
Asimismo el Presidente de la Sala Constitucional fue el autor de los cinco fallos que durante los últimos doce meses la intérprete de la Carta Magna dictó y mediante los cuales avaló las condiciones que Nicolás Maduro impuso para elegir en julio de 2017 a su cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, organismo que ha pretendido sustituir al Poder Legislativo, controlado por la oposición.
Contra la disidencia
Pero como si esto no fuera suficiente Mendoza también fue el redactor del fallo número 53 mediante el cual el TSJ ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) impedirle a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) participar en el proceso de relegitimación de los partidos políticos que no participaron en las elecciones presidenciales de 2013, en las parlamentarias de 2015 y en las que se celebraron para elegir a la Constituyente y en las municipales de 2017, bajo el argumento de que esta organización no era un partido sino una alianza de partidos y que por lo tanto violaba la prohibición de la doble militancia.
Mendoza y Alfonzo coincidieron al redactar cada uno por su cuenta dictámenes mediante los cuales se rechazaron los recursos que opositores interpusieron contra las cuestionadas elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, en las cuales Maduro obtuvo su segundo sexenio, de acuerdo con los datos oficiales suministrados por el CNE.
Las quejas de contrincantes como Henry Falcón de que los comicios no fueron limpios, por cuanto hubo presiones y compra de votos a través del Carnet de la Patria fueron desechados por el máximo juzgado, para el cual las advertencias de distintos funcionarios, comenzando por el propio Maduro, no buscaban más que incentivar la participación.
Pero Alfonzo, quien antes de ser nombrada magistrada se desempeñó como asistente del ahora constituyente Francisco Ameliach durante el paso de este por la AN, no se limitó a blindar los resultados de las elecciones en las que el oficialismo se impuso sino que pretendió arrebatarle a la oposición algunas. Así ocurrió con la sentencia número 59 del 27 de noviembre de 2018 le ordenó a las autoridades de la Universidad de Carabobo darle la Presidencia del Centro de Estudiantes de esta casa de estudios a la abanderada chavista Jessica Bello, pese a los que los resultados arrojaron como ganador al estudiante opositor Marlon Díaz.
Igualmente la Presidenta de la Sala Electoral fue la autora del fallo número 81 del 1 de agosto de 2018, en la cual se declaró “sin lugar” una demanda que en enero de 2016 interpuso Transparencia Venezuela contra el CNE por su negativa a investigar las irregularidades ocurridas en la campaña para las elecciones parlamentarias que se celebraron semanas antes, en particular el uso de fondos públicos por parte del chavismo.
La instancia justificó posición en que la ley no obligaba al organismo comicial a informarle a la organización sobre si investigaría o no sus denuncias.
Tanto Mendoza como Alfonzo figuran en las listas que funcionarios chavistas sancionados por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, por considerar que sus actuaciones han atentado contra la democracia y los Derechos Humanos en Venezuela.