Transparencia Venezuela, 16 de mayo de 2024. La crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela sigue en el radar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y prueba de ello es que el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) ha dictado medidas cautelares a favor de un abogado, ampliado otras que ya había impuesto a una organización de Derechos Humanos; y, por último, presentó una nueva demanda contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La batería de medidas la adoptó la CIDH en las últimas dos semanas y la más reciente fue la orden que le dictó al Gobierno de Nicolás Maduro para que garantice la seguridad del abogado Joel García, de quien dijo “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, ya que sus derechos a la vida y a la integridad personal están en riesgo de daño irreparable”.
García, quien ha representado a connotados opositores como el exdiputado Juan Requesens y más recientemente ha tratado de defender a la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, ha sido víctima de amenazas y hostigamientos por su labor. Una de las más recientes se registró el 7 de febrero de 2024 en pleno Palacio de Justicia de Caracas. Ese día el profesional del Derecho se encontraba junto a los cónsules general y adjunto de Chile en la sede judicial, cuando un sujeto “moreno, alto, fornido, que vestía una chaqueta amarilla marca Náutica en el hombro izquierdo”, se le acercó y le dijo: “Deja de estar publicando mierdas (en redes sociales) o te va a ir mal. Veme a la cara”, de acuerdo con su relato.
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Pese a que ha denunciado estas situaciones ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, las autoridades no han tomado cartas en el asunto; y, por ello, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) solicitó la intervención de la CIDH.
La Comisión, en su resolución 31/2024, reclamó de Venezuela que tome medidas para garantizar la vida e integridad de Joel García y para asegurarse que pueda realizar su labor como abogado “sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia”.
La defensa de los derechos humanos en Venezuela es tarea para valientes
El pasado 29 de abril la CIDH decidió extender a otros 16 miembros del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) las medidas de protección que desde 2015 gozan algunos de sus integrantes. Esto en virtud de que las amenazas que vienen sufriendo siguen y se han extendido a personas que hasta ahora no habían sido objeto de intimidación.
Provea encabeza la lista de organizaciones de derechos humanos que son blanco de críticas y señalamientos por parte de funcionarios como el diputado Diosdado Cabello, quien ya ha hecho costumbre fustigar a los activistas de Provea por colaborar con instancias internacionales o formular denuncias relacionadas con violaciones a las garantías fundamentales.
Entre enero y marzo de 2024 se registraron 418 ataques contra defensores de derechos humanos venezolanos, lo que representa un incremento del 85% en relación al mismo período en el año 2023 cuando se registraron 226 situaciones, reportó el Centro para los Defensores y la Justicia.
Pero las campañas de estigmatización, amenazas, hostigamientos o detenciones no son los únicos riesgos que se ciernen sobre quienes se dedican a defender los derechos de otras personas en Venezuela.
Las autoridades vienen tomando medidas para restringir el llamado “espacio cívico” con regulaciones como los proyectos de Ley de Fiscalización Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, de Cooperación Internacional y más recientemente de contra el Fascismo, Neofascismo y las Expresiones de Similares.
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Dos de las normas antes señaladas contienen disposiciones que permitirían a las autoridades disolver a las organizaciones de la sociedad civil existentes.
La tercera demanda de la CIDH contra el Estado venezolano en lo que va del año
Y, por último, la CIDH anunció que presentó otra demanda contra Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La querella, la tercera en lo que va del año, se relacionada con las irregularidades que ocurrieron en el proceso judicial seguido contra José Luis Parada Sánchez.
El organismo considera que la justicia venezolana no le garantizó a Parada Sánchez el debido proceso ni tampoco su derecho a la salud durante su detención, explica la CIDH en su carta al tribunal con sede en San José (Costa Rica), del 12 de marzo de 2024.
Parada Sánchez fue gerente general de Exploración y Producción Occidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entre enero de 2007 y septiembre de 2008.
En enero de 2008 el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros (Sinutrapetrol) lo señaló de cometer irregularidades al momento de adjudicar contratos y por ello el Ministerio Público abrió una averiguación en su contra en 2009.
En 2015 fue detenido cuando se disponía a tomar un vuelo nacional y fue presentado ante un tribunal, donde fue imputado por los delitos de peculado doloso propio en grado de continuidad y asociación para delinquir y le impuso medida de privación judicial preventiva de libertad, además del bloqueo preventivo e inmovilización de cuentas bancarias.
El proceso de Parada Sánchez se demoró, porque la audiencia preliminar, acto donde el juez debe decidir si hay motivos para enjuiciar o no a una persona, fue aplazada en 35 ocasiones. ¿El motivo? El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se negaba a trasladarlo, denunciaron sus abogados.
Pero el Sebin no solo se negó a llevar al imputado ante el juez, sino que tampoco obedeció las ordenes que el tribunal le dio para llevar al procesado hasta un centro de salud. Pese a que la defensa de Parada Sánchez acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para denunciar estos desacatos, la instancia no tomó cartas en el asunto.
No obstante, en 2017 el Sebin acató una orden del entonces Tribunal 8 de Control de Caracas y llevó al exgerente petrolero a su casa, donde continuaría bajo arresto domiciliario. Allí Parada Sánchez aprovechó un descuido y huyó. Y acto seguido denunció su caso ante la CIDH.
