La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia cerró 2016 a lo grande. El 15 de diciembre, de un solo golpe, liquidó once peticiones de información. De esta manera, negó a los venezolanos el derecho a saber la verdad sobre las denuncias de una serie de hechos irregulares ocurridos en el país.
El magistrado Marco Antonio Medina Salas se encargó de fulminar cuatro solicitudes. El togado dio un portazo a los ciudadanos que ejercieron su derecho constitucional a demandar información acerca de los cobros de comisiones por agilizar trámites de reenganches laborales; los proyectos destinados a apoyar a los indígenas afectados por el Arco Minero; desviaciones en la asignación de títulos de tierra; y las irregularidades en la ampliación del alcance físico del Sistema de Riego El Diluvio-Palmar.
¿Y quién es Marco Antonio Medina Salas? Se trata de un abogado egresado de la Universidad Católica del estado Táchira que se incorporó al TSJ como magistrado principal el 23 de diciembre de 2015. Es decir, forma parte de los llamados “magistrados exprés” que nombró el chavismo a última hora antes de perder su mayoría en la Asamblea Nacional.
Tiene un maestría en Ciencias Penales y Criminológicas con doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad del Zulia y presidió el Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. En su hoja de vida muestra una experiencia académica ligada a instituciones claramente identificadas con el oficialismo: ejerció como profesor en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA).
Medinas Salas fue condecorado el 11 de diciembre de 2015 por el gobernador del estado Táchira y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), José Gregorio Vielma Mora. Doce días más tarde, escalaba hasta la cúpula del Poder Judicial venezolano.
