Transparencia Venezuela, 1 de marzo de 2021.- Tras pedirle a la Asamblea Nacional (AN)-dominada por el chavismo- que modifique con urgencia “los sistemas de leyes adjetivas y sustantivas para hacerlas más simples y funcionales”, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, decidió llevar a los diputados oficialistas algunas propuestas. Así el pasado 24 de febrero el funcionario entregó los proyectos de reforma a los códigos Penal, Orgánico Procesal Penal (COPP) y de Procedimiento Civil, así como de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Los borradores fueron entregados a la Comisión de Política Interior del Parlamento, según informó el TSJ en una nota de prensa. Sin embargo, los papeles de trabajo no fueron discutidos ni aprobados por la Sala Plena del máximo tribunal, instancia que agrupa a los 32 magistrados de esta instancia, o al menos no hay información oficial de que esto haya ocurrido.
En la página del TSJ no hay ningún comunicado que anuncie que los cuatro proyectos hayan sido debatidos por la plenaria. Tampoco hay ningún registro que indique alguien distinto a Maikel Moreno haya revisado las propuestas.
“No”. Esa fueron las respuestas que dieron dos magistradas cuando Transparencia Venezuela les consultó si habían revisado los borradores y si conocían su contenido.
El numeral 4 del artículo 204 de la Constitución de 1999 le da al TSJ la iniciativa de proponer leyes la AN cuando éstas se traten “de la organización y procedimientos judiciales”, sin embargo, para que un documento se pueda considerar que fue emitido por el máximo juzgado debe pasar por la plenaria. La última reunión que esta instancia celebró se realizó el 5 de febrero de 2021, cuando Moreno fue reelegido como presidente del organismo rector del Poder Judicial.
Séptima reforma
Entre las leyes que Maikel Moreno pidió a la AN modificar se encuentra el Código Orgánico Procesal penal (COPP), instrumento que regula lo relacionado con las investigaciones y juicios penales. Esta sería la séptima modificación que este texto sufre desde que se aprobó en 1998.
Los cambios que el COPP ha sufrido en estas dos décadas lo han transformado sustancialmente. Así, por ejemplo, fueron suprimidas figuras como los jurados y los escabinos, mediante las cuales se aseguraba la participación de los ciudadanos en la administración de justicia. Igualmente se estableció que los delitos castigados con menos de ocho años de cárcel, los llamados delitos menos graves, no conllevaran penas de prisión.
La última modificación que sufrió el instrumento fue en 2012 y fue muy polémica porque no la realizó el Parlamento, sino el expresidente Hugo Chávez mediante una Ley Habilitante. No obstante, el TSJ la avaló la reforma.
Sin rastro
El TSJ no ha informado qué modificaciones propuso y se limitó a decir que “con esta iniciativa legislativa se busca contribuir en la constante optimización del servicio judicial, con el objeto de continuar garantizando el acceso a la justicia, la celeridad procesal y el debido proceso a la ciudadanía”.
Sobre el Código de Procedimiento Civil se debe recordar que desde 2014 reposa en las gavetas de la AN una propuesta elaborada por el TSJ, bajo la coordinación de la hoy magistrada emérita Yris Peña de Andueza, en la que proponía incorporar la oralidad y la publicidad a los juicios civiles y mercantiles, así como mecanismos alternativos de resolución de conflictos como la mediación y la conciliación. Sin embargo, este proyecto jamás ha sido discutido.
El Código Penal, cuyo núcleo data de la década de la primera década del siglo pasado, ha sufrido dos reformas bajo el chavismo, a través de las cuales se han endurecido las penas a distintos delitos. Estas modificaciones han sido señaladas como el factor que ha agravado la situación de hacinamiento que padecen las cárceles venezolanas.
