Transparencia Venezuela, 9 de febrero de 2021.– “En una fortaleza sitiada cualquier disidencia es traición”. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aplican al pie de la letra esta frase atribuida a San Ignacio de Loyola y prueba de ello es la reelección de Maikel Moreno como presidente del máximo juzgado, pese a los señalamientos nacionales e internacionales que pesan sobre él.
Moreno consiguió su tercer bienio en la Presidencia del organismo rector del Poder Judicial en la reunión de la Sala Plena de este 5 de febrero, en la cual sus 31 colegas le dieron su respaldo de manera unánime.
La reelección se produjo, pese a la cantidad de sanciones que en el último lustro más de una treintena de países le han ido impuesto, debido a su alineación con el gobierno de Nicolás Maduro y a las más de 100 decisiones que el máximo juzgado adoptó contra la Asamblea Nacional electa en 2015, que atentaron contra la democracia y los Derechos Humanos.
Tras retirarle su visa para ingresar en su territorio y congelarle los bienes que pueda tener allí, en julio de 2020 Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por cualquier información que conduzca a su entrega. El entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, justificó la decisión de Washington alegando que el también presidente de la Sala de Casación Penal “usó su posición de autoridad, recibiendo sobornos para influir en el resultado de causas criminales en Venezuela”
Pero Moreno solo ha ido acumulando sanciones internacionales, sino que además habría estado involucrado supuestamente en los sucesos del 30 de abril de 2019. “(El ministro de la Defensa, Vladimir) Padrino estaba perfectamente al tanto de lo que estaba planteado, él y otras personas (del régimen). Desde principios del mes de abril hasta el 30, sectores militares establecieron contactos conmigo. La propuesta era que en esas semanas, donde había una gran efervescencia que se pudiese dar una movilización de los ciudadanos, pero que fuese acompañada por sectores militares y policiales (…) pero no era esa la única herramienta. En paralelo se venía trabajando en una sentencia que iba a aprobar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Maikel Moreno, presidente del TSJ venía trabajando con nosotros directamente y a través de enviados en una sentencia que: uno, desmantelaba Asamblea Nacional Constituyente; dos, desconocía la elección presidencial de mayo de 2018; y tres, convocaba a unas elecciones presidenciales”, aseguró el opositor Leopoldo López.
El funcionario ha negado estos últimos señalamientos y ha buscado dejar en claro su respaldo a Maduro. “En medio del caos mundial (por la pandemia del COVID-19) nuestras instituciones no se quedaron sin dar una adecuada respuesta. Si algo hemos aprendido con esta pandemia es que no hay mejor vacuna que la disciplina y la conciencia colectiva y mejor medicina que la solidaridad y la empatía con quienes padecen y las familias de quienes fallecieron por esta enfermedad. Resulta necesario hacer un reconocimiento público al liderazgo nacional y especialmente al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, por asumir de manera oportuna y categórica las medidas necesarias para contener el avance del COVID-19”, dijo el pasado 22 de enero, en su discurso de inicio de las actividades judiciales para el año 2021.
La sorpresa
Pero la suerte de Moreno no la corrieron todos los miembros de la directiva del TSJ. Así los magistrados Juan José Mendoza y Marjorie Calderón, perdieron las presidencias de las salas Constitucional y Social, respectivamente.
A Mendoza lo reemplazó la magistrada Lourdes Suárez Anderson, hermana del asesinado fiscal Danilo Anderson y quien desde diciembre de 2014 es miembro del TSJ.
Por su parte, a Calderón, quien también llegó al máximo juzgado en diciembre de 2014, la sustituyó el magistrado Edgar Gadivia, quien es hermano del primer esposo de la diputada Cilia Flores.
En el TSJ atribuyeron estos cambios a la posible salida de algunos magistrados. Mendoza, por ejemplo, forma del grupo de 9 magistrados principales que la Asamblea Nacional designó en 2010, que verán expirar su período de 12 años en 2022.