Antiguos funcionarios del Gobierno y militantes del chavismo convertidos en jueces, respaldan al Gobierno y encabezan la ofensiva del oficialismo contra la Asamblea Nacional
Pedro Pablo Peñaloza
El Tribunal Supremo de Justicia no solo bloquea todo lo que hace la Asamblea Nacional. También bloquea lo que piensa hacer. Las últimas sentencias del máximo juzgado, referidas al Reglamento Interior de la Cámara y contra el proyecto de enmienda constitucional que apenas está siendo discutido por los diputados, exacerban el conflicto de poderes y buscan anular la actuación del Parlamento.
Para el Gobierno, es una especie de corte celestial. “¡Ha hablado el Tribunal Supremo de Justicia, santa palabra!”, exclamó el presidente Nicolás Maduro el 11 de febrero, luego de que los magistrados de la Sala Constitucional ratificaran la vigencia del decreto de emergencia económica, pasando por encima de la negativa de la AN.
A la Unidad Democrática, en cambio, trata de hacerle la vida un infierno. “Esta AN va a aplicar estrictamente la Constitución y en tal sentido no vamos a acatar ninguna decisión de la Sala Constitucional, ni de ninguna sala que sea contraria a la Constitución o que viole la norma fundamental”, reaccionó el presidente de la Cámara, Henry Ramos Allup, tras la publicación del fallo sobre el Reglamento Interior.
En su respuesta al mensaje anual del Jefe de Estado el 15 de enero ante el Parlamento, Ramos Allup le dijo a Maduro: “los dos únicos poderes que tienen legitimidad de origen en el sufragio popular son el Presidente de la República, órgano unipersonal, y el Poder Legislativo Nacional, que es corporativo, lo demás son poderes derivados, sujetos a control por disposición, no por capricho de los que formamos en este momento la mayoría, sino por establecimiento constitucional”.
Sin embargo, el TSJ ha resuelto no dejarse controlar. En marzo, la Sala Constitucional declaró nula la decisión de la Cámara de revocar el nombramiento de los togados que realizó el chavismo el 23 de diciembre de 2015. “La AN no está legitimada para revisar, revocar o dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de magistrados”, sostuvo la cúpula del Poder Judicial, en sintonía con el argumento del Gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Como recordó Ramos Allup, por los magistrados no votó absolutamente nadie. Quizás muchos venezolanos no conozcan los rostros ni la historia de los miembros del máximo juzgado. No obstante, estos son los hombres y mujeres que hoy, junto con el presidente Maduro, mandan en la República Bolivariana.
La todopoderosa
De los siete integrantes de la Sala Constitucional, al menos cuatro han militado públicamente en el chavismo. Su presidenta, Gladys Gutiérrez, quien también encabeza el TSJ, aspiró a la Gobernación del estado Nueva Esparta y fue diputada suplente por esa entidad con el extinto Movimiento Quinta República (MVR).
Gutiérrez siempre ha servido a la revolución. Fue directora-jefa de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros, representó a Venezuela en la embajada de España y antes de convertirse en magistrada, se desempeñó como la principal abogada del Gobierno del difunto presidente Hugo Chávez desde la Procuraduría General de la República.
Los antiguos parlamentarios del PSUV, Juan José Mendoza y Calixto Ortega, también se sientan en la Sala Constitucional. Mendoza llegó a presidir la Comisión de Defensa de la AN, al tiempo que Ortega exhibe una trayectoria de diez años en la Cámara y una breve pasantía por la diplomacia venezolana al lado de Maduro, como encargado de negocios en la legación en Washington –de donde fue expulsado- y vicecanciller para Europa.
Luis Damiani Bustillos se encuentra en el selecto grupo de los máximos intérpretes de la Carta Magna, después de haber sido viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Universitaria y vicerrector de la Universidad Bolivariana. Damiani Bustillos fue ungido magistrado de la Sala Constitucional por el PSUV el 23 de diciembre de 2015, al igual que Ortega y Lourdes Suárez Anderson, hermana del fiscal Danilo Anderson y antigua defensora pública.
Los veteranos de esta instancia son Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio de Jesús Delgado Rosales. La primera fue ratificada y el segundo designado por la AN “roja rojita” del quinquenio 2005-2010. Delgado Rosales levantó una polvareda con el discurso que marcó la apertura del año judicial en 2012, cuando afirmó que la construcción del socialismo “no choca” con la Carta Magna de 1999 y para sustentar su exposición citó al jurista alemán Carl Schmitt, quien apoyó al régimen nazi.
Fallo mata voto
Aunque la Sala Constitucional se ha convertido en el ariete para derribar al Parlamento, uno de los primeros golpes lanzados contra la institución lo propinó la Sala Electoral. De allí salió el fallo que mantiene a la Cámara mutilada, sin la representación del estado Amazonas, situación que impide a la Unidad Democrática contar con los 2/3 del foro.
Tres integrantes de la Sala Electoral –conformada por cinco abogados- marcharon en las filas del oficialismo. Jhannett María Madriz Sotillo ocupó una curul en el Parlamento Andino entre 1998 y 2010 por el MVR-PSUV y, posteriormente, fue embajadora en Canadá. Por su parte, Malaquías Gil y Christian Tyrone Zerpa recorrieron el mismo camino, aunque en momentos distintos: pasaron de diputados oficialistas por el estado Trujillo a jueces del TSJ.
La oposición cuestionó a Zerpa, denunciando que “votó por él mismo” pues al momento de seleccionar a los magistrados el 23 de diciembre de 2015, aún formaba parte de la bancada chavista. En su currículo figura que ejerció como viceministro de Relaciones Presidenciales en el Despacho de la Presidencia de la República, y director nacional adjunto de Identificación Civil en la extinta Oficina Nacional de Identificación y Extranjería.
La presidente de la Sala Electoral y segunda vicepresidenta del TSJ, Indira Alfonzo Izaguirre, cumplió distintas tareas en los poderes Legislativo, Electoral y Ejecutivo. “Directora general del Despacho (E) del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, Despacho de la Ministra (2009-2010); asesora jurídica del Ministerio del Despacho de la Presidencia de la República en el Despacho del Ministro (2011); consultora jurídica y representante judicial (E) en Venezolana de Cementos S.A.C.A. ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Industria (2013)”, resume su hoja de vida publicada en la web del máximo juzgado.
El quinteto lo completa Fanny Márquez Cordero, a quien Maduro colocó previamente en la vicepresidencia del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y, a la vez, nombró intendente nacional de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Nombres polémicos
No es un rasgo excluyente de las salas Constitucional y Electoral, que hasta la fecha se han empeñado en torpedear el trabajo del Poder Legislativo. En realidad, la presencia de personajes relacionados con el chavismo es el denominador común de las seis salas que conforman el TSJ.
Los jefes de las salas Penal y Social, Maikel Moreno y Marjorie Calderón, respectivamente, intervinieron en el proceso contra el comisario Iván Simonovis. Lo de Moreno, quien según reportes de prensa fue investigado y encarcelado por el asesinato de dos personas a finales de la década de los 80, merece un comentario aparte.
El actual primer vicepresidente del Poder Judicial fue destituido en junio de 2007 por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, que le castigó por dejar en libertad a dos acusados de homicidio. Además, defendió a uno de los llamados “pistoleros” de Puente Llaguno, el concejal Richard Peñalver, y fue señalado por el exmagistrado Luis Velásquez Alvaray por supuestamente ser ficha de la “banda de Los Enanos”, que –de acuerdo con Velásquez Alvaray- corrompía a los tribunales del país.
En cuanto a Calderón, el expresidente de la Sala Penal, Eladio Aponte Aponte, reveló que él mismo le redactaba las sentencias. El currículo de la jueza, disponible en la web del TSJ, destaca que recibió un reconocimiento por su “participación en la construcción de una patria socialista”.
Al igual que Moreno, Elsa Janeth Gómez fue sancionada en el pasado por el TSJ y ahora es magistrada principal. En julio de 2013, la Sala Constitucional determinó que la flamante integrante de la Sala Penal había cometido un “error inexcusable” por firmar un fallo que favoreció al excomandante del Ejército, Víctor Cruz Weffer, investigado por corrupción.
El nombre del general Cruz Weffer también aparece en el expediente de la magistrada de la Sala Política-Administrativa, Bárbara Gabriela César Siero, quien fue “defensora pública agraria” del oficial retirado. Al frente del Tribunal 29° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, César Siero admitió la demanda que presentó el expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra la directiva del diario Tal Cual y el exministro Carlos Genatios, por supuesta difamación agravada.
En la Sala Social comparten Mónica Gioconda Misticchio Tortorella y Edgar Gavidia Rodríguez. En su condición de representante de Venezuela ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Misticchio Tortorella intervino en el juicio por el caso de Leopoldo López, justificando la inhabilitación del líder de Voluntad Popular. Gavidia Rodríguez fue vicepresidente del Cabildo Metropolitano de Caracas con el MVR y es hermano de Walter Gavidia Rodríguez, presidente de la Fundación Misión Negra Hipólita y exesposo de la “primera combatiente”, diputada Cilia Flores.
Sin enemigos
“Ahora nosotros no nos vamos a quedar con esa. Si creen que nos vamos a quedar con esa, están muy equivocados. Ahora lo que viene es un contraataque del pueblo y de las instituciones verdaderas. Contraataque revolucionario es lo que viene ahora”. Esas palabras pronunciadas el 17 de agosto de 2002 por el difunto presidente Hugo Chávez, marcaron el destino del Poder Judicial y sirven para entender lo que ocurre hoy, 14 años después.
Chávez lanzó esa amenaza como respuesta al fallo del TSJ sobre el golpe de Estado de abril de 2002, que exculpaba a los militares sediciosos. “Ellos pusieron la plasta que pusieron y se fueron de vacaciones. ¡Qué sabroso!”, disparó el comandante, que a partir de ese momento profundizó su ofensiva para asumir el control del máximo juzgado.
En diciembre de 2004, el para entonces jefe del Comité de Postulaciones Judiciales, diputado Pedro Carreño (MVR-PSUV), sintetizó en una frase –recogida por el diario El Nacional– el principio que guió la designación de los magistrados en el marco de la revolución judicial: “Vamos a estar claros, nosotros no nos vamos a meter autogoles (…) En el grupo de postulados no hay nadie que vaya actuar contra nosotros”. Desde esa época, en el TSJ el chavismo siempre gana por goleada.