Transparencia Venezuela, 07 de enero de 2018. – El magistrado Christian Zerpa comenzó 2019 siendo noticia, pero no por seguir avalando decisiones contra la Asamblea Nacional como ha venido haciendo en los últimos cuatro años, sino porque huyó a Estados Unidos y desde allí aseguró que tomaba esta decisión para no legitimar el gobierno de Nicolás Maduro.
“Me arrepiento de no asumir mis principios y valores”, dijo el funcionario en una entrevista el 6 de enero, en la cual agregó: “No podemos seguir apoyando a Maduro en su juego”.
La designación de Zerpa en 2015 por parte del anterior Parlamento controlado por el chavismo fue muy criticada debido a sus estrechos vínculos con el partido de gobierno. El miembro de la Sala Electoral fue militante del extinto Movimiento Quinta República (MVR) desde el año 2000 y en 2010 fue electo diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Perder su reelección en 2015 no puso fin a la carrera pública de Zerpa quien de inmediato apareció en la lista de candidatos a magistrados del TSJ designados ese año pese a todas las objeciones en su contra.
Zerpa nunca probó poseer las credenciales para ejercer su cargo, tal y como lo revelaron medios venezolanos a mediados de 2017, cuando publicaron que el entonces aspirante a integrar el TSJ ni siquiera entregó los documentos que sustentaban su currículo al Consejo Moral Republicano para la respectiva verificación (http://cronica.uno/solo-
Fuentes del TSJ aseguran que la única muestra de descontento que ofreció Zerpa en los últimos meses se relacionaba con el sueldo que percibía. “Se quejaba de que no le alcanzaba”, apuntaron dos colegas, quienes pidieron no ser identificados.
Durante 4 años, Zerpa respaldó con su voto asuntos que favorecían al oficialismo
Luego de su nombramiento, el ahora disidente avaló en por lo menos 58 sentencias, asuntos que favorecían al oficialismo. Entre las decisiones en las que participó están las que dejaron al estado Amazonas sin representación en el Parlamento tras las elecciones ganadas por la unidad opositora en 2015.
Entre las sentencias avaladas por Zerpa también se encuentran las dos que declararon en desacato al Parlamento y la nulidad de todos sus actos y acuerdos; la que permitió al CNE dictar normas en los procesos electorales para favorecer al partido de gobierno y limitar la renovación de los partidos políticos de oposición; y la que limitó el voto de los venezolanos en el exterior.
Otra de las polémicas decisiones de la Sala Electoral que respaldó Zerpa fue la que avaló el cambio de condiciones para activar el referéndum revocatorio contra el presidente. Además, están las sentencias que desecharon las denuncias interpuestas por Transparencia Venezuela contra la omisión del CNE de velar por el cumplimiento de las normas de propaganda electoral y no utilización de recursos públicos en campañas; y la que desechó las denuncias de irregularidades y nulidad de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018.
Mientras Zerpa fue magistrado también respaldó las sentencias que de manera exprés y con violación del derecho a la defensa y debido proceso levantaron la inmunidad parlamentaria y ordenaron la detención o prohibición de salida del país de los diputados Germán Ferrer, Freddy Guevara, Julio Borges y Juan Requesens así como de la Fiscal Luisa Ortega Díaz.
Con el aval de Zerpa se negó el habeas corpus del Diputado Gilber Caro y se declaró competente a los Tribunales militares para continuar su juicio. También respaldó las decisiones que permitieron la elección de la cuestionada Constituyente, mediante mecanismos corporativos no previstos en la Constitución de 1999, en las cuales incluso fue ponente.
Su actuación le valió ser sancionado por el Gobierno de Canadá a mediados de 2017, igual que los demás miembros de la Sala Electoral con medidas que le impiden ingresar a ese país y poseer bienes o fondos.
La versión del TSJ
Desde el TSJ sostienen que Zerpa huyó ante el temor de ser destituido por un presunto procedimiento iniciado el pasado 23 de noviembre a solicitud de la Directiva del organismo, la cual pidió al Consejo Moral calificar de “falta grave” la actuación de Zerpa, quien supuestamente se habría sobrepasado con subalternas de su despacho, algunas de las cuales renunciaron y otras fueron transferidas a otros departamentos.
La versión oficial, aparecida en un boletín que el 6 de enero de 2019 publicó el máximo juzgado, no tiene un respaldo, porque en ningún momento antes se habló sobre esta “falta grave” del magistrado Zerpa. Tampoco dio información la instancia conformada por el fiscal general, el contralor y el defensor del pueblo nombrados por la Constituyente, Tarek William Saab, Elvis Amoroso y Alfredo Ruíz, respectivamente. Fuentes de esta instancia sostienen que hasta el 17 de diciembre, fecha de vacaciones navideñas, no habían recibido ninguna denuncia contra Zerpa.
El TSJ tampoco explicó por qué no aplicó a Zerpa la jurisprudencia con la que en 2017 y 2018 modificó el concepto de flagrancia para perseguir al diputado disidente Germán Ferrer y avalar la detención del opositor Juan Requesens.
Zerpa tomó esta decisión pocos días antes de que el presidente Maduro se juramente para un nuevo período, hecho ante el cual gobiernos de distintos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y parte de América Latina, anunciaron medidas en desconocimiento al gobierno de Venezuela electo el 20 de mayo 2018 en comicios que incumplieron todas las condiciones de transparencia, justicia y libertad.