Transparencia Venezuela, 12 de abril de 2021.- Pese a que la Constitución en dos de sus artículos (148 y 256) prohíbe expresamente que los funcionarios públicos, y en particular los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ocupen dos cargos en la Administración Pública al mismo tiempo, el máximo juzgado ha obviado sin reparos estas disposiciones y ha autorizado que tres de sus integrantes ejerzan otras funciones, sin perder su puesto en el organismo rector del Poder Judicial.
Las magistradas de la Sala Electoral, Indira Alfonzo y Jhanett Madriz; y la integrante de la Sala Constitucional, Gladys Gutiérrez, han sido beneficiadas de un “permiso temporal” concedido por la Sala Plena para desempeñar otras responsabilidades en el Estado.
Desde junio de 2020, Indira Alfonzo es nada menos que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Gladys Gutiérrez es rectora principal de ese organismo, por decisión del Sala Constitucional. Más recientemente, la magistrada Jhanett Madriz fue designada, el 3 de marzo de 2021, por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, como encargada de negocios ad hoc en la Embajada en Panamá.
A la luz de lo dispuesto en la Carta Magna, y a raíz de estos nombramientos, las tres magistradas deberían perder su condición de integrantes del máximo juzgado. “Nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. La aceptación de un segundo destino que no sea de los exceptuados en este artículo, implica la renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes, mientras no reemplacen definitivamente al principal”. Así lo establece el artículo 148.
Durante las dos últimas décadas ha sido común en el Poder Ejecutivo esta práctica inconstitucional, en especial en el sector petrolero, pues el Ministerio del Petróleo y Pdvsa han estado en manos de una sola persona. El caso emblemático es Rafael Ramírez, quien por una década ocupó los dos cargos simultáneamente. Pero es la primera vez que esto ocurre en el Poder Judicial, porque antes de asumir otras responsabilidades los magistrados solicitaban su jubilación.
Pero si esto no es suficientemente claro, el artículo 256 constitucional señala: “Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o magistradas, jueces o juezas, fiscales o fiscalas del Ministerio Público y defensores públicos o defensoras públicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpuesta persona, ni ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas”.
Sin explicación
Pese a lo señalado por la Constitución, y ratificado por la Ley Orgánica del TSJ, la Sala Plena del TSJ decidió permitir a Alfonzo, Gutiérrez y Madriz dejar sus despachos “temporalmente” y convocó a sus respectivos suplentes, aunque no ha oficializado cuáles son los argumentos para tomar esta resolución.
“La Sala Plena designó la Junta Directiva de esta Sala Electoral, mediante Resolución N°2021-0001 conformada por la Magistrada Indira Maira Alfonzo Izaguirre, Presidenta y Magistrado Malaquías Gil Rodríguez, Vicepresidente, y visto el permiso temporal otorgado a la Magistrada Indira Maira Alfonzo Izaguirre, en sesión de Sala Plena realizada en fecha 17 de junio de 2020, de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó al Magistrado Malaquías Gil Rodríguez como Vicepresidente encargado de la Presidencia”. Esta aclaratoria ha comenzado a figurar en las decisiones de la Sala Electoral tras la partida de Alfonzo.
Una observación similar figura en la sentencia 10 del pasado 18 de marzo en relación a la situación de Jhanett Madriz.
Debido a esta decisión de la Sala Plena del TSJ, en el máximo juzgado no hay cuatro vacantes absolutas, sino solo una: la que se produjo a raíz de la renuncia, a principios de 2019, del magistrado Christian Zerpa, quien se autoexilió en Estados Unidos, desde donde ha acusado al Gobierno de Nicolás Maduro de interferir en el Poder Judicial.