Transparencia Venezuela, 2 de marzo de 2020.- “Hay cosas que están mal y no es por culpa de Donald Trump (el presidente de Estados Unidos), es por culpa de nosotros (…) que nadie se sienta ofendido o triste, pero tenemos que cambiar muchas cosas (…) Por eso me atrevo a proponer a la Asamblea Nacional Constituyente que asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial venezolano y llevar a un cambio a todas las estructuras del Poder Judicial”. Con estas palabras Nicolás Maduro pidió a la cuestionada instancia someter al sistema de administración de justicia a la que será su quinta reforma en dos décadas.
La petición la formuló Maduro el pasado 31 de enero, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuando acudió al acto de Apertura Judicial. Pero no ofreció detalles que permitan tener al menos la expectativa de que esta nueva iniciativa tendrá un resultado distinto a las anteriores cuatro que se han producido desde 1999, según un estudio hecho por Transparencia Venezuela.
De la emergencia a la reforma judicial
La primera gran sacudida que sufrió la justicia venezolana se produjo a los pocos meses de que el fallecido Hugo Chávez llegara al poder y ocurrió al amparo del proceso constituyente que éste impulsó. Así la primera Constituyente chavista decretó la llamada Emergencia Judicial, que lideró también desaparecido Manuel Quijada.
Durante esta primera gran reforma unos 491 jueces fueron destituidos, bajo acusaciones que iban desde enriquecimiento ilícito a baja productividad. Todas estas remociones fueron acordadas por la Comisión de Emergencia Judicial, cuya labor fue muy cuestionada en su momento y a la que se le señaló de incurrir en abusos.
Este proceso es señalado por muchos expertos como el inicio de la cooptación de la justicia por parte del chavismo, porque muchos de los reemplazos de los removidos fueron designados de manera opaca, pero además también es considerado como un hito en el agravamiento de un problema histórico en los juzgados: La provisionalidad.
El hecho de que los jueces, fiscales y defensores públicos venezolanos no tengan la titularidad de los cargos que ostentan, porque no aprobaron concursos de oposición como manda la Carta Magna, los coloca en una situación de vulnerabilidad, por cuanto pueden ser despedidos en cualquier momento sin procedimiento.
“La escogencia de jueces por mecanismos que no sigan criterios objetivos implica un riesgo para la independencia judicial, pues dichos nombramientos pueden realizarse según conveniencia política”, advirtió en 2012 a la entonces relatora de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Fiscales, Gabriela Knaul.
Pese a que esta primera gran limpieza coincidió con las grandes transformaciones que el Poder Judicial sufrió gracias a la aprobación de la Constitución de 1999, entre las cuales destaca que el TSJ pasó a ser no solo la máxima instancia judicial sino de administración de los tribunales y a que se le dotó con una partida de fondos que no puede ser jamás menor del 2% del presupuesto nacional, la misma no dio los resultados esperados.
En mayo de 2001, el TSJ decretó una reforma judicial y en el marco de ella inició el proceso de adjudicación de cargo de jueces mediante concursos de oposición, como lo exige la Constitución Nacional. Pero esta segunda revisión también fue interrumpida. “Ganaban los abogados más preparados y más difíciles de controlar, mientras que los que tenían amigos en el TSJ no pasaban”, reconoció un funcionario que vivió la organización de estas pruebas.
La tercera no fue la vencida
En 2005 ocurrió la tercera gran sacudida y la misma coincidió con la cuestionada ampliación del máximo tribunal del país que el chavismo impulsó al aprobar la Ley Orgánica del TSJ de 2004, en la cual se aumentó de 20 a 32 el número de miembros del máximo juzgado.
La directiva encabezada por Omar Mora Díaz puso en marcha el llamado Plan de Reforma Estructural y Modernización del Poder Judicial (Premius), cuyo objetivo era depurar el sistema judicial y acabar con uno de sus principales cuestionamientos: La provisionalidad de los jueces, la cual para la época rondaba el 80%.
El plan incluyó someter a los abogados que ya ocupaban los cargos de jueces de manera provisional, temporal o accidental a cursos de formación dictados por la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM) y quienes los aprobaron irían a exámenes orales y escritos para hacerse con sus tribunales de manera titular.
Sin embargo, en una primera fase de este proceso se produjo otra gran purga en los tribunales, la cual fue liderada por el defenestrado magistrado Luis Velásquez Alvaray, quien desde la presidencia de la Comisión Judicial, removió a unos 600 jueces, bajo el alegato de que estaban incursos en irregularidades, tenían denuncias o no probaron ser eficientes.
No obstante, esta tercera reforma al menos consiguió uno de sus objetivos: redujo sensiblemente la provisionalidad reinante en los tribunales. Al año de la aplicación del Premius, 1.140 aspirantes superaron los nuevos concursos y se hicieron con un juzgado, según cifras del TSJ, no pudiendo ser removidos sin ser sometidos a un proceso disciplinario.
En 2009, cuando Luisa Estella Morales ocupaba la Presidencia del máximo juzgado de este organismo se anunció una nueva “reestructuración integral del Poder Judicial” para combatir “a fondo la corrupción, la inseguridad y la impunidad”. Decisión a la que solo se opuso la entonces magistrada Blanca Mármol de León (Sala Penal).
Esta cuarta sacudida, como la que está en ciernes fue pedida desde Miraflores. “En el Gobierno, la Fiscalía, el sistema judicial, los tribunales, los jueces todavía tenemos entramados que son débiles ante la arremetida de la corrupción. Todavía tenemos muchas tuercas que ajustar”, declaró Chávez al anunciar una de sus enésimas batallas contra la corrupción en el Estado.
Sin embargo, en esta cuarta reforma no hubo balance. “Se limitaron a ofrecer cajitas felices (bonificaciones) a los jueces que pidieran jubilaciones especiales [tempranas] y así abrir espacio para nombrar a otros complaciendo peticiones de ministros, gobernadores, diputados y militares”, explicó Fernando Vegas Torrealba, quien para la época era magistrado de la Sala Electoral.
Pese a estos antecedentes el presidente de la cuestionada Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró en febrero de este año que ya está trabajando en la tarea que les fue encomendada, aunque sin dar muchos detalles de la misma.
Los antecedentes y el hecho de que Nicolás Maduro haya propuesto a su vicepresidenta Delcy Rodríguez como representante del Ejecutivo en la comisión que abordará el asunto no dan motivos para el optimismo ni para esperar cambios que permitan mejorar el sistema judicial y la percepción que los ciudadanos tienen de la justicia. En la actualidad casi 7 de cada 10 venezolanos tiene una mala o muy mala imagen del TSJ y del Poder Judicial, de acuerdo al último sondeo de Datanálisis.