“El que nada debe, nada teme”. Nicolás Maduro parece no haber escuchado jamás este castizo refrán, pues al impedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizar su primera visita “in loco” al país en 18 años ha reforzado la imagen que en el exterior existe sobre las medidas autoritarias de su gestión y violación de garantías fundamentales.
Así lo afirmó la instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual – nada más ver como frustraban sus planes de viajar a Venezuela- emitió un duro comunicado cuestionando el comportamiento de Nicolás Maduro, en el que advirtió que “es propio de regímenes autoritarios no permitir el escrutinio internacional ni la observancia de la situación de los Derechos Humanos, lo cual perjudica, especialmente, a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, y obstaculiza el valioso trabajo que adelantan las organizaciones de la sociedad civil”.
El 4 de febrero de 2020 una delegación de la CIDH- encabezada por su presidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño; el secretario ejecutivo, Paulo Abrão; y por el relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza- no pudo realizar su primera visita al país desde 2002, porque mientras sus integrantes hacían escala en Panamá la aerolínea Copa Airlines les impidió embarcar hacia Caracas.
A finales de enero funcionarios de Maduro habían adelantado que le cerrarían las puertas al organismo regional. “Me permito recordar que en fecha 27 de abril de 2019 entró en vigencia la denuncia de la Carta de la OEA realizada por el Gobierno venezolano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 del referido instrumento. En consecuencia, a partir de la mencionada fecha, la República Bolivariana de Venezuela dejó de ser Estado parte de la OEA”, advirtió Larry Devoe, representante de Maduro para el Sistema Interamericano, en una comunicación que le envió a Abrão, y en la que agregaba: “En ningún momento el Gobierno (…) ha autorizado o dado la anuencia a la CIDH para realizar una visita al país”.
Ciertamente, Maduro trató de sacar al país de la OEA, pero esta decisión fue revertida por la Asamblea Nacional y por su presidente, diputado Juan Guaidó, quien es reconocido por más 50 países como jefe de Estado interino, incluida la mayoría de los integrantes del bloque continental.
La CIDH, entretanto, también desconoce la denuncia de la Carta de la OEA por parte del chavismo. “La CIDH aprovecha esta oportunidad para reafirmar la vigencia de su mandato y jurisdicción sobre Venezuela. En ese sentido, el impedimento para ingresar al país, obstaculiza las obligaciones internacionales en Derechos Humanos asumidas por Venezuela, así como impide el cumplimiento de las competencias de la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 106 de la Carta de la OEA y el artículo 41 de la Convención Americana de los Derechos Humanos”, agregó el organismo en su comunicado.
Al no poder ingresar a Venezuela, la Comisión decidió instalarse Cúcuta (Colombia) para recibir la información que las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil le quisieran hacer llegar.
Las autoridades colombianas ofrecieron a la delegación internacional todas las garantías para poder realizar su labor.
Haciendo memoria
¿Pero por qué era importante este viaje? ¿Para qué sirve una visita de la CIDH? Las llamadas visitas “in loco” son uno de los mecanismos que tiene la Comisión para recabar información sobre la situación de las garantías fundamentales en un país, pues son una oportunidad para que las víctimas, las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil puedan exponer sus puntos de vista.
Normalmente tras una visita, el organismo emite un informe, donde no solo se formulan denuncias, sino que además se hacen recomendaciones a las autoridades para atacar problemas y corregir fallas.
Sin embargo, en ocasiones este tipo de viajes incluso han servido para salvar vidas. Así por ejemplo en la visita que en 1979 la CIDH realizó a Argentina, en plena dictadura militar, pudo constatar la situación de los presos políticos y reclamó de las autoridades su liberación. Uno de los beneficiados fue Jorge Taiana, quien durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue canciller de Argentina.
“Yo viví esa visita desde el penal de Rawson (Taiana fue nombrado delegado de los detenidos políticos para declarar). Fui visitado por el Dr. Andrés Aguiar, que ya falleció, y por el secretario ejecutivo que hoy está acá, Edmundo Vargas Carreño, y para los que la vivíamos como detenidos fue una esperanza de que por lo menos disminuyeran las violaciones y la posibilidad de testimoniar; nosotros teníamos la información, el conocimiento y la experiencia de muchísimas violaciones y no teníamos cómo contarlas, cómo transmitirlas, cómo hacer que el mundo tuviera un testimonio de eso. La visita de la Comisión permitió contar una historia que no estaba contada, que tenía que ser contada”, declaró en 2009 Taiana.
El chavismo acusa a la CIDH de estar parcializada por los duros informes y críticas que ha lanzado contra su desempeño, obviando que países gobernados por dirigentes de centro de derecha como Colombia o Perú tienen causas abiertas en esa instancia.