Transparencia Venezuela, 5 de abril de 2021.- La omisión o el abierto desacato del Gobierno venezolano a las recomendaciones, instrucciones o mandatos emitidos por los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos, no solo siguen dañando la imagen en el exterior de la gestión de Nicolás Maduro, sino que tienen severas repercusiones para los ciudadanos, quienes literalmente están perdiendo su vida por la actitud asumida por el Estado.
Prueba de que esto no es una exageración son los casos de José Humberto Hernández Rodríguez y Román Tovar Zambrano, ambos beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes fallecieron recientemente, porque las autoridades no cumplieron las instrucciones que les dio la instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los hombres murieron el 23 y 24 de marzo de 2021. José Humberto Hernández Rodríguez se encontraba detenido en la cárcel Fénix, ubicada en el estado Lara, desde 2016, por estar involucrado presuntamente en un caso de tráfico de drogas. Allí comenzó a presentar algunos problemas de salud tales como “crecimiento prostático” y hernias, dolencias que no estaban siendo atendidas en el centro penitenciario, por lo que sus familiares acudieron ante la CIDH. Por otra parte, Román Tovar Zambrano pertenecía a grupo de 20 personas diagnosticadas con esclerosis múltiple, quienes acudieron ante el organismo regional para denunciar que desde 2016 el Estado venezolano, a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), no les estaba suministrando el tratamiento para enfrentar la enfermedad.
En ambos casos la CIDH consideró que la vida de los solicitantes estaba en situación de “grave riesgo” y de “daño irreparable”, por lo que emitió sendas medidas cautelares a principios de 2021.
En el caso de Hernández Rodríguez, el organismo exigió a la administración de Maduro que adoptara las medidas necesarias “para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud” del reo; y en particular reclamó que dieran “acceso al tratamiento médico prescrito por las autoridades competentes”. Así se lee en la resolución 8/2021, del 28 de enero de 2021.
La CIDH solicitó en el caso de Tovar Zambrano, y los demás pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple, que las autoridades adoptaran “las medidas inmediatas que posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado, incluyendo a los medicamentos necesarios de conformidad con lo prescrito por los médicos correspondientes, así como los diagnósticos y exámenes que permitan evaluar de manera regular su estado de salud, según los estándares internacionales aplicables”, para así proteger su “vida, integridad personal y salud”. Así se establece en la resolución 4/2021, del 7 de enero de 2021.
Sin embargo, estas instrucciones cayeron en oídos sordos. Así lo denunció la CIDH, en un comunicado publicado el 1 de abril, en el cual afirmó: “Tras el otorgamiento de ambas medidas cautelares, no se recibió información que indique que las instituciones nacionales del país hayan adoptado acciones idóneas y efectivas para implementar las solicitudes realizadas por la Comisión; por el contrario, la representación común en ambos asuntos informó que no se adoptó ninguna medida para implementarlas”.
El débil es el que paga
La actitud confrontacional que tanto el fallecido Hugo Chávez como Nicolás Maduro han mantenido con la CIDH y la Corte Interamericana no solo ha costado las vidas de personas que recurrieron al sistema regional, sino que ha dejado a los venezolanos más desprotegidos y con menos derechos que otros ciudadanos de la región.
El incumplimiento de las sentencias sobre las masacres de El Amparo, el Caracazo, del Retén de Catia o de las desapariciones forzadas de Vargas es para activistas como Liliana Ortega, directora de Cofavic, la razón por la que en Venezuela se siguen cometiendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, entre otras violaciones graves a los Derechos Humanos.
“El hecho de que tengamos 20 mil homicidios al año representan un Caracazo de una magnitud enorme, en especial porque menos de 3% de ellos fueron estudiados por los jueces. Ciertamente el Caracazo puede ser tomado como un punto de inflexión, pero lamentablemente para mí es un punto de partida y no de llegada para el auge de la violencia. Cuando un caso de Derechos Humanos queda impune no está afectando a las víctimas sino a la sociedad, porque el mensaje que se manda a los criminales es que estos hechos se pueden repetir sin ningún tipo de consecuencia”, declaró Liliana Ortega en 2013.
La negativa del Estado a seguir las directrices de las instancias internacionales, en clara contravención de lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Nacional que obliga a cumplir las “decisiones emanadas de los órganos internacionales”, también explica por qué en Venezuela siguen vigentes los delitos de desacato y opinión, que los tribunales militares siguen enjuiciado a civiles o que no se haya avanzado en el reconocimiento de los colectivos LGBTI.
La CIDH, en su comunicado, llamó a la administración de Maduro a cambiar de actitud y le recordó que las medidas cautelares son un instrumento que “permite al Estado tener conocimiento de una situación de riesgo y, por lo tanto, existe un deber especial de protección, de tal manera que la implementación efectiva de las medidas constituye un medio de prevención razonable a fin de evitar que el riesgo llegue a materializarse”.
Y, por último, la instancia regional advirtió: “El Estado tenía el deber de prevenir que se produjeran hechos lesivos a los derechos de las personas beneficiarias”.