Transparencia Venezuela, 25 de enero de 2018.- La lucha “sin retorno” contra la corrupción que emprendió desde inicios de 2018 Tarek William Saab, el fiscal general designado por la cuestionada Constituyente, tuvo sus retrocesos en relación con los “logros” obtenidos por el Ministerio Público el año anterior. Fue un impulso que aunque prometía acciones para lograr determinar responsabilidades “caiga quien caiga”, se mostraba en realidad como una suerte de pase de factura contra quienes se habían desmarcado de la autodenominada Revolución.
Un total de 117 casos de corrupción en 2017, consolidados por Transparencia Venezuela a partir del análisis de la información publicada en el sitio web del Ministerio Público entre enero y diciembre de ese año, compiten con tan solo 36 averiguaciones adelantados en el mismo lapso de 2018, de las cuales 21 corresponden a casos relacionados en su mayoría con funcionarios de alto nivel y particularmente con la estatal Pdvsa.
En la Fiscalía la opacidad ha reinado en los últimos años y sigue dificultando la posibilidad de determinar cuáles son las instituciones más vulnerables y los patrones más comunes a la hora de echar mano del patrimonio de los venezolanos.
El análisis de 2017 arrojó que los hechos de corrupción en los que el Ministerio Público actuó se centraban en el Ejecutivo Nacional (central y descentralizado), pero también incluyó a la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral, en la propia Fiscalía, e incluso en los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Pero en 2018, el Ministerio Público a la sombra de la denominada Constituyente, no solo vio disminuida su actuación en números, sino que las investigaciones impulsadas lucieron tardías, pues fueron activadas después de un largo período de silencio y cuando la justicia de otros países ya había avanzado en muchos de esos casos.
De las 36 investigaciones en materia de corrupción que ocuparon a la Fiscalía en 2018, un total de 21 casos implicaban en su mayoría funcionarios de Pdvsa y destaca la acción enérgica contra el ex presidente de la estatal petrolera, Rafael Ramírez, quien pasó a la disidencia luego de ser mano derecha del ex presidente, ya fallecido, Hugo Chávez. El resto de las actuaciones de éste órgano están referidas a funcionarios de gobiernos locales, policías y militares, incluso del mismo Ministerio Púbico, vinculados a hechos relacionados con abuso de autoridad, drogas, extorsión entre otros delitos.
Rafael Ramírez, ahora enemigo de la llamada revolución, se convirtió en un emblema de las “mafias económicas” que Saab anunció combatir en su “renovado” plan contra la corrupción. Fue ordenada su aprehensión por peculado doloso, legitimación de capitales y asociación, pese a que el ex presidente de Pdvsa llegó a ser protegido de cualquier investigación en su contra por decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Pero eso fue antes de caer en desgracia.
A Ramírez lo acusan por contratos irregulares desde la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, filial de Pdvsa, en Viena (con pérdidas estimadas en 4.800 millones de dólares en perjuicio de la estatal), por la trama de legitimación de capitales en la Banca Privada de Andorra y por el alquiler por siete años del buque para explotación de gas costa afuera Petro Saudi Saturn, por el cual se habría pagado más de 1.175 millones de dólares, aunque estuvo inoperativo el 60% del tiempo.
Pero el ex zar de Pdvsa solo encabezó una lista que pasa por el ex vice ministro de energía, Nervis Villalobos y los exfuncionarios del Ministerio de Energía Eléctrica o implicados en la trama Javier Alvarado Ochoa, Luis Mariano Rodríguez Cabello y José Ramón Sánchez, contra quienes el despacho de Saab inició una investigación peculado doloso, legitimación de capitales y asociación en el desfalco perpetrado a través de la Banca Privada de Andorra.
El caso de Alejandro Andrade, ex Tesorero de la Nación, ocupó también el interés de la Fiscalía en 2018, casi un año después que su nombre fuera centro de investigación en Estados Unidos. Es señalado por irregularidades en la venta de bonos de la nación y el desvío de fondos del Bandes hacia la banca privada. Se le acusó por los delitos de peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista. El despacho de Saab pidió el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias, orden de allanamiento a sus propiedades y confiscación de bienes
En la misma línea de acción Tarek William Saab, solicitó la extradición desde España de la ex jefa de la Oficina Nacional del Tesoro, Claudia Díaz y de Adrián Velásquez, cónyuge de Díaz, acusados de poseer siete empresas off-shore.
Pero la “enérgica” acción del fiscal de la Constituyente dejó de lado investigaciones sobre la red de corrupción en torno a la comida importada los CLAP, en la que fue mencionado el mismo Nicolás Maduro por acusación de Luisa Ortega Díaz, Fiscal General destituida por el órgano legislativo paralelo.
También las denuncias relativas a los cobros indebidos para la emisión de pasaportes, las irregularidades sobre las mafias que trafican con oro en el Arco Minero, el desfalco con la llamada Operación Money Flight, investigación adelantada por la Fiscalía del Sur de la Florida, en Estados Unidos, en la que salió a relucir nuevamente el nombre de Maduro. Muchos expedientes lanzados al olvido en Venezuela, pero que a nivel internacional han revelado la participación de una cúpula corrupta de funcionarios del Gobierno venezolano, que no consiguieron en otros países la impunidad que les ofrece la justicia venezolana.