Transparencia Venezuela, 06 de abril de 2022.- Venezuela enfrentará un nuevo juicio internacional y esta vez el responsable es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha decidido demandar al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por mantener ilegalmente detenidos e incluso someter a torturas y malos tratos a un grupo de agentes de la Policía Municipal de Chacao.
La decisión la adoptó la CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos, el pasado 16 de febrero, pero la anunció el 23 de marzo en un comunicado de prensa.
El caso llamado “Alfredo José Chirinos Salamanca y otros” se refiere a los 14 agentes de la Policía Municipal de Chacao que en junio de 2016 fueron detenidos, por su presunta participación en el asesinato días antes del exjefe de prensa de la Asamblea Nacional y experiodista de la estatal Venezolana de Televisión (VTV), Ricardo Durán.
Tras revisar la información obtenida de parte de los familiares de los expolicías, la instancia determinó que las autoridades venezolanas violaron los derechos a la libertad, a la integridad de los funcionarios y sus garantías judiciales.
¿Cuáles fueron los abusos del Sebin?
A mediados de 2016, los fiscales del caso solicitaron a los tribunales sustituir la prisión preventiva que pesaba sobre los policías por una medida cautelar, lo que fue declarado procedente y, por lo tanto, se ordenó su libertad inmediata.
Sin embargo, este mandato judicial no fue ejecutado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y los exfuncionarios del Polichacao continuaron encarcelados en El Helicoide, una de las sedes del Sebin, y algunos de ellos habrían sido sometidos a torturas para obtener información o confesiones sobre la participación en los hechos.
Pese a que 12 de las víctimas fueron liberadas en diciembre de 2017, los uniformados Fred Armando Mavares Zambrano y Reggie Jackson Andrade Alejos permanecieron tras las rejas, y sufrieron distintas violaciones a sus derechos humanos, como la falta de traslado a las audiencias judiciales, no ejecución de boletas de excarcelación y traslado a otro centro penitenciario, donde permanecieron en condiciones inhumanas de aislamiento, denunció la CIDH.
La acusación contra el Sebin ante la Corte IDH
La CIDH acusó a Venezuela de violar sus derechos a la libertad, a la integridad física y al debido proceso y a las garantías fundamentales a los Polichacao y solicitó a la Corte IDH que le ordene “reparar integralmente a las víctimas de manera material e inmaterial”, así como “iniciar y conducir la investigación penal de manera diligente, efectiva y en un plazo razonable para esclarecer los hechos”.
Igualmente, requirió que ordene al Estado venezolano que tome medidas para que los funcionarios del Sebin “se abstengan de cualquier práctica que constituya tortura o un trato cruel, inhumano y degradante, incluidos los actos de violencia sexual y de género. Investigar y enjuiciar el uso de la tortura, incluso durante los interrogatorios” y que asegure que “las condiciones de detención del Sebin se adecuen a los estándares internacionales relativos a las personas privadas de libertad”.
Otra vez el Sebin
Esta no es la primera vez que instancias internacionales posan su mirada sobre el Sebin. En los últimos años el organismo de inteligencia venezolano se ha negado, de manera sistemática, a ejecutar las boletas de excarcelación dictadas por los jueces.
Así para 2017, al menos 22 personas permanecían tras las rejas, pese a que algún tribunal de Venezuela ordenó devolverles su libertad, denunció la entonces fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, en la querella por crímenes de lesa humanidad que interpuso contra Nicolás Maduro y otras altas personalidades del Estado en la Corte Penal Internacional (CPI)
Pero si mantener ilegalmente a personas detenidas no fuera suficiente, en octubre 2018 el Sebin fue señalado de asesinar al concejal opositor Fernando Albán, a quien habían detenido días antes. En un primer momento las autoridades, entre ellos el fiscal Tarek William Saab, aseguraron que la muerte del político se debió a un suicidio, una versión que sus familiares y allegados siempre negaron; y que dos años después se corroboró que era una falacia.
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En sus informes la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha tenido duras palabras para el comportamiento del Sebin, del que ha constatado que ha incurrido en “crímenes de lesa humanidad” como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.
El Poder Judicial venezolano ha sido incapaz de obligar al Sebin a cumplir sus resoluciones. Así a lo largo de 2017 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisó al menos tres casos relacionados con los abusos y el desacato del Sebin, pero apenas en una amenazó con imponerle una multa de 200 unidades tributarias a su director.
En 2012 la Corte IDH emitió una condena contra Venezuela por las condiciones de reclusión de El Helicoide. Este fallo fue desencadenante de la decisión del fallecido presidente Hugo Chávez para denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y retirar a Venezuela de la jurisdicción del tribunal hemisférico.