Transparencia Venezuela, 6 de septiembre de 2024.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que las acciones de las autoridades solo persiguen un propósito: Silenciar a la ciudadanía y mantenerse en el poder. Para ello, vienen aplicando una receta que incluye al menos cinco patrones ya vistos en el pasado reciente, según la instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA):
1- Uso excesivo de la fuerza
Entre el 29 y el 30 de julio, en 20 de los 23 estados de Venezuela se registraron más de 300 manifestaciones en rechazo al primer boletín oficial del CNE dio como ganador de las presidenciales al aspirante a la reelección Nicolás Maduro.
Las protestas, que llegaron a escasos metros del Palacio presidencial de Miraflores fueron duramente reprimidas por los cuerpos policiales y militares, así como por grupos civiles armados (colectivos), de acuerdo con evidencia gráfica recogida por quienes participaron en las mismas o por vecinos.
Según la información recibida por la CIDH, al menos 23 personas murieron en los hechos (hombres de entre 15 y 56 años) la mayoría provenientes de zonas populares y por disparos de arma de fuego.
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Sobre los responsables, la CIDH señaló que ha recibido información que le permite sospechar que 10 de las muertes serían atribuibles a fuerzas estatales: 8 a fuerzas militares y 2 a la policía. Otras 6 serían atribuibles a los llamados «colectivos» y otras 2 a acciones mixtas entre fuerzas estatales y grupos no-estatales.
“La CIDH observa que las muertes registradas en el contexto de la represión podrían caracterizarse como ejecuciones extrajudiciales y generar responsabilidad internacional para el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de los perpetradores”, advirtió la CIDH en un comunicado del 15 de agosto de 2024.
2- Detenciones al margen de la ley y desaparecidos
La CIDH también ha tomado nota de la ola de detenciones lanzada por las autoridades. Así su presidenta, Roberta Clarke, denunció el pasado 28 de agosto ante el Consejo Permanente de la OEA que 1.674 personas habían sido aprehendidas desde el 22 de julio hasta finales de agosto, de acuerdo con la información aportada por organizaciones civiles, entre ellas más de 100 adolescentes, 17 con discapacidad y 14 indígenas.
La mayoría de estas detenciones fueron arbitrarias, es decir no se cumplieron formalismos legales tales como la presentación de una orden judicial o que las personas fueran capturadas in fraganti cometiendo un delito y muchas de ellas habrían sido víctimas de desapariciones forzadas de corta duración.
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Ejemplo de estas situaciones son los casos del periodista Ronald Carreño, quien fue aprehendido el pasado 2 de agosto. En virtud de esta situación, la CIDH dictó medidas cautelares a favor del comunicador el pasado día 17 de agosto.
La CIDH en las resoluciones 51/2024 y la 54/2024 pidió información a Venezuela sobre el exdiputado Américo De Grazia o la dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo en el estado Amazonas, Carmen Leonor García Azuaje, detenidos el 8 y el17 de agosto, respectivamente.
3- Procesos sin garantías
La CIDH denunció que las autoridades están recurriendo a “delitos redactados de forma ambigua y amplia”.
“A todos los detenidos por actos violentos se les imputarán delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y en los casos más graves, terrorismo, y se les dictará privativa de libertad”. Así a la inmensa mayoría de los detenidos se les vienen imputando delitos que dificultan la posibilidad de permitirle a los detenidos seguir sus procesos en libertad, tal y como prevé la legislación, debido a las elevadas penas que ellos acarrean.
La Instancia señala que a la totalidad de los aprehendidos se les ha impedido designar abogados de su confianza y se les han impuesto defensores públicos en su lugar, una medida que viola el derecho al debido proceso y a la defensa previstos en el artículo 49 constitucional.
4- Reforzando la censura
Desde el 28 de julio 12 comunicadores han sido detenidos, aunque algunos han sido excarcelados horas después como la periodista Carmela Longo, según los datos recopilados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Asimismo, programas radiales como el que conducía el periodista Isnardo Bravo en la emisora La Romántica 88.9 FM han salido del aire luego de las presidenciales. Son más de 100 vulneraciones a la libertad de expresión que la CIDH ha recibido y que incluyen prácticas ya conocidas como el bloqueo de sitios web o más novedosas como la anulación de pasaportes a comunicadores y sus familiares.
5- Cerco a la sociedad civil
La CIDH expresó su alarma por el endurecimiento de la persecución y hostigamiento contra la sociedad civil organizada, lo que se ha traducido en detenciones o amenazas de detenciones contra activistas de derechos humanos, sino con medidas como la anulación de sus pasaportes y la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional, de la polémica Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines.
El panorama descrito constituye para la CIDH “prácticas de terrorismo de Estado”, que no están dirigidas contra sectores específicos, sino que “generan un clima de temor e intimidación entre la población venezolana”.
