Transparencia Venezuela, 4 de octubre de 2022.- Libres. Así quedaron seis de los siete efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) acusados por el asesinato del estudiante Rubén Darío González Jiménez, ocurrido durante una de las protestas registradas en Venezuela en 2017, mientras que el militar que fue el presunto autor del crimen sigue prófugo.
La decisión la adoptó el juez 3 de Juicio de Carabobo, Luis Ovalles, el pasado 26 de septiembre, bajo el argumento de que el Ministerio Público había sido incapaz de recabar pruebas para condenar a los uniformados, según lo informó la organización Foro Penal Venezolano.
#26Sep 8:25pm Absuelven a los funcionarios que fueron acusados por el Ministerio Público y por la parte Querellante en el homicidio de Ruben Dario Gonzalez en el año 2017. @ForoPenal
— Luis Armando Betancourt (@betangut) September 27, 2022
El dictamen fue criticado por la Alianza de Familiares y Víctimas de 2017 (Alfavic), organización que responsabilizó de la liberación al Ministerio Público dirigido por Tarek William Saab. Desde Alfavic denunciaron que el juicio estuvo plagado de “negligencias” cometidas por la Fiscalía 28 del estado Carabobo, instancia que “tardó más de 4 años en una investigación, lo que derivó en: pérdida de testigos, documentación deficiente y la fuga del autor material”
Fueron más de 20 llamados a audiencias.
Un proceso cargado de negligencias por la Fiscalía 28 del Edo Carabobo, quien tardó más de 4 años en una investigación, lo que derivó en: pérdida de testigos, documentación deficiente, FUGA DEL AUTOR MATERIAL.— Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic) (@Alfavic2017) September 28, 2022
El séptimo guardia nacional acusado del asesinato del estudiante Rubén Darío González, el teniente Gregory Adolfo Casanova Méndez, está prófugo de la justicia y por lo tanto su proceso se encuentra en suspenso. Sobre este militar hay una orden de captura desde el año pasado, pero no se ha ejecutado.
El asesinato de Rubén Darío González: complicidades e impunidad
El 10 de julio de 2017, el estudiante Rubén Darío González, quien para el momento de los hechos tenía 16 años, se encontraba en una manifestación en la urbanización La Isabelica, Valencia, en el estado Carabobo, cuando arribaron unos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana para dispersarla.
De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, los militares hicieron uso de sus armas de fuego en contra de los manifestantes. Esto, pese a lo previsto en el artículo 68 de la Constitución venezolana de 1999 que prohíbe “el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.
Rubén Darío González resultó gravemente herido producto de un disparo de bala en el intercostal derecho y falleció de forma casi inmediata por un shock hipovolémico.
El Ministerio Público acusó a siete militares por los delitos de homicidio intencional calificado por motivo fútil, uso indebido de arma de fuego y omisión de socorro.
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“Gregory Casanova asesinó a Rubén Darío González (pero) los demás guardias nacionales que se encontraban con él, incitaron y reforzaron la conducta del homicida, ahora el homicida se encuentra prófugo a pesar del delito y los funcionarios cómplices fueron absueltos”, se quejaron desde Alfavic.
No hay justicia para el estudiante Rubén Darío González
La muerte del adolescente Rubén Darío González y sobre todo la irregular actuación de la justicia venezolana en este caso alarmaron a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En un informe publicado en junio de 2018, la instancia denunció que la fiscal que estaba investigando el asesinato fue removida tras interrogar a algunos militares.
“Debido a la presión internacional los fiscales realizaron actuaciones atropelladas, elaborando un expediente muy deficiente, lo cual benefició a los victimarios y no garantizó justicia a las víctimas”, apuntaron desde Alfavic, organización que llamó a la sociedad civil venezolana y a sus pares internacionales a condenar este veredicto.
El dictamen se produjo casi simultáneamente a la presentación del tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos para Venezuela de la ONU.
En ese reporte, la instancia de las Naciones Unidas ha denunciado que “ha habido inacción judicial, una falta de investigación y persecución suficientes” de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela desde 2014.
“Como se señaló en el informe de 2021, con respeto a la mayoría de estos delitos, no hay información que indique que se han investigado. Solo en unos pocos casos se han dictado sentencias. Sin embargo, en estos casos no se han tenido en cuenta los delitos más graves, no se ha investigado a los superiores inmediatos y mucho menos a quienes detentan posiciones más encumbradas en la cadena de mando”, señaló el informe de la Misión de la ONU.
