Transparencia Venezuela, 1 de junio de 2022.- Con una nueva Ley contra la Corrupción que contempla multas en divisas, más elevadas, y potenciales condenas de prisión más prolongadas en el tiempo, las autoridades venezolanas esperan combatir el cáncer de la corrupción venezolana que viene carcomiendo a la sociedad.
Al menos estas son las dos grandes medidas contenidas en la reforma de la Ley contra la Corrupción que el pasado 31 de marzo la Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó.
A pesar de que la política de “mano dura” en el pasado se ha mostrado insuficiente para reducir otro de los males que aquejan a la sociedad como lo es la violencia criminal, los parlamentarios aprobaron, de manera unánime y apenas una hora, el proyecto que modifica 27 artículos del texto vigente.
Multas más altas contra los funcionarios
Entre las novedades en la Ley contra la Corrupción venezolana figura el sustancial incremento de las multas monetarias previstas originalmente en el artículo 33 (ahora 38), para aquellos funcionarios que incumplieran sus obligaciones ante la Contraloría General de la República (CGR), tales como:
- No presentar su declaración jurada de patrimonio.
- Omitir información en la declaración jurada o lo hicieran fuera del lapso fijado
- No informar a la CGR sobre la salida de los cargos, por renuncia o destitución de quienes están obligados a presentarla o que les cancelen sus presentaciones sociales o los jubilen sin haber cumplido con este trámite.
A los diputados los montos, por lo visto, les parecía bajo que las faltas se sancionaran con el monto equivalente a entre 50 y 500 unidades tributarias y, por ello, fijaron que a partir a ahora será de “100 a 1.000 unidades del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para el momento del pago”.
La modificación de la ley anticorrupción resulta algo confusa, porque no se precisa cuál es el tipo de divisa que la CGR debe emplear para aplicar la sanción y abre las puertas para que se utilicen distintas en distintos casos.
Más tiempo tras las rejas
Pero los diputados no solo elevaron las multas previstas en la Ley contra la Corrupción, sino que también endurecieron otras sanciones previstas en el texto.
Así en el nuevo artículo 43 (antes 38), se pasó de 12 meses hasta 18 el tiempo máximo que un funcionario público puede pasar “suspendido sin goce de sueldo” por no presentar la declaración jurada de patrimonio o por no suministrar la información que le solicite la CGR para verificarla.
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Las penas de prisión también fueron modificadas en el instrumento legal contra la corrupción en Venezuela. A partir de ahora aquellos empleados públicos que procuren “alguna utilidad, ventaja o beneficio económico” por su labor, que ordenen “pagos por obras o servicios no realizados o defectuosos” o que certifiquen “terminación de obras o servicios inexistentes o de calidades o cantidades inferiores a las contratadas” se arriesgan a pasar entre 3 y 6 años en una celda.
Antes de esta modificación, el tiempo de la pena por estos hechos de corrupción era de tres meses a 1 año.
¿Es suficiente con la modificación de la Ley contra la Corrupción?
Esta no es la primera reforma que sufre la Ley contra la Corrupción.
La anterior modificación fue en 2014 cuando Nicolás Maduro mediante la Ley Habilitante, que le otorgó el Parlamento dominado por el oficialismo, hizo una reforma parcial para crear el Cuerpo Nacional de Prevención, Inteligencia e Investigación contra la Corrupción, el cual dependería de él jerárquicamente.
Sin embargo, este tipo de medidas han mostrado ser claramente insuficientes y prueba de ello es que desde 2017 hasta 2021 Venezuela ha visto como su imagen como territorio fértil para las irregularidades administrativas ha aumentado, según ha revelado el Índice de Percepción de Corrupción que anualmente viene elaborando Transparencia Internacional.