Transparencia Venezuela, 8 de noviembre de 2023.- Este miércoles concluyó la audiencia convocada por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), para examinar a los argumentos a favor y en contra de la reactivación de la investigación sobre Venezuela, que transcurrió en medio de la ratificación del interés de las víctimas de conseguir justicia y una representación del Estado venezolano que terminó descalificando el argumento de las mismas víctimas y hasta la intervención del tribunal internacional con sede en La Haya (Países Bajos).
En sus conclusiones, la representación de la Oficina de Defensa para las Víctimas de la CPI resaltó “los actos inimaginables de violencia, persecución y abusos contra los derechos humanos” que han sufrido las víctimas venezolanas y la falta de sanción para los responsables, al tiempo que pidió a los magistrados tomar en consideración sus testimonios “que arrojan luz al proceso” para permitirle al Fiscal de la CPI, Karim Khan, reanudar las investigaciones sobre Venezuela, paralizadas a raíz del recurso de apelación intentado por las autoridades venezolanas.
La Oficina de las Victimas de la #CPI destacó que es la primera vez que las víctimas tienen voz y señaló que han sufrido “tragedias inenarrables” y “actos inimaginables de violencia”.#VenezuelaEnLaCPI pic.twitter.com/gWFq01qnFz
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El alegato de cierre de las víctimas fue descalificado por el abogado del Estado venezolano Ben Emerson, quien se refirió a estos argumentos como “una retórica persuasiva” que, según dijo, proviene de documentos confidenciales “que no tuvimos oportunidad de revisar”.
Los representantes de la delegación de las autoridades venezolanas recibieron un llamado de atención del juez de la Sala de Apelaciones, Marc Perrin de Brichambaut, por su lenguaje irrespetuoso usado durante la audiencia. Minutos antes, Emmerson había dicho a Perrin de Brichambaut que notaba una “pisca de intención” en una pregunta que hizo el magistrado.
Una vez concluida esta sesión de dos días, la Sala de Apelaciones se dispone a analizar los argumentos orales y la documentación suministrada por las partes para decidir si ratifica, revoca o modifica la autorización dada al Fiscal de la CPI, Karim Khan, para reactivar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
¿Hechos aislados o ataque sistemático?
Fiscalía de la CPI insistió en que para investigar delitos de esta gravedad hay que analizar los aspectos contextuales que son los que evidencian el daño, todo ello para “´proteger a las personas cuando hay un ataque masivo”. Ratificó su criterio según el cual el Estado venezolano no logró mostrar que se estuviesen investigando estos aspectos, pues las averiguaciones locales solo se refieren a los mandos inferiores.
La representación del despacho de Karim Khan enfatizó una vez más que las autoridades venezolanas han dicho que lo ocurrido en Venezuela son “hechos aislados”. Se señaló que el Estado no ha mostrado si hubo “órdenes superiores” y que tampoco hay “interés en ir más arriba”, en la cadena de mando de los organismos de seguridad mencionados. Insisten que hay falta de investigación del “ataque sistemático” como parte de una política y que el Estado venezolano debe demostrar que investiga las mismas categorías de hechos, lugares, período, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Roma.
Los representantes de la Oficina de las Víctimas de la CPI destacaron que investigar los elementos contextuales es importante para demostrar que hubo crímenes de lesa humanidad: la existencia de un ataque, las causas de esos ataques y la ocurrencia sistemática, entre otros aspectos.
Según los alegatos de la Oficina que representa a las víctimas, el Estado venezolano tiene que demostrar que está investigando “patrones”, como el ataque directo a la población civil, lo que es fundamental “para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia”. También argumentó que no existe investigación en Venezuela que demuestre que los incidentes en las protestas no son crímenes de lesa humanidad. Además, se destacó que el interés de las víctimas va más allá de la responsabilidad penal. Es necesario determinar el contexto, las razones, los que detentaban el poder, la violencia, la naturaleza sistemática del ataque y la victimización.
El abogado Ben Emmerson, representante del Estado venezolano manifestó que “hay un prejuicio” contra las autoridades de Venezuela y que éstas están cumpliendo su obligación “sin esos elementos contextuales”. El jurista rechazó los planteamientos de la Fiscalía de la CPI y la Oficina de las Víctimas y manifestó que “no hay indicio o prueba de que hubo una política de Estado” contra la población. “Hablar de ataque sistemático y generalizado no es pertinente”, acotó el abogado británico.
Agregó que la Fiscalía de la CPI no informó a las autoridades venezolanas que la investigación debería incluir los rangos más altos de los organismos de seguridad. “Esto se usa para oscurecer”, agregó.
El fiscal Karim Khan acusó al Gobierno de Maduro de inundar a la CPI con “información irrelevante”
Sobre violación y delitos de género
Otro punto debatido fue si la violación y los delitos de género en centros de reclusión deben ser investigados por Venezuela, según los criterios del Estatuto de Roma, y si las autoridades investigan la persecución.
La Fiscalía de la CPI indicó que oportunamente informó a Venezuela sobre crímenes sexuales y de género contra más de 100 personas. Al menos 22 casos de los 124 que aparecen en la lista integraban actos que implicaban violencia sexual o de género. Los representantes de la Fiscalía manifestaron que las autoridades solo se refirieron a 3 casos, entre los cuales solo uno estuvo traducido al inglés y sustentado.
La Fiscalía resaltó que la Sala de Cuestiones Preliminares notó que en la precalificación de estos delitos en Venezuela no se integró el componente sexual, pues las autoridades venezolanas lo consideran “tratamiento cruel”.”
“Reconocemos que según el derecho venezolano el tratamiento cruel es un crimen grave que puede ser castigado con una pena muy elevada, pero investigar en base a estos elementos solamente no necesariamente reflejara los daños graves ni los intereses de las víctimas”, señaló la representante de la Fiscalía de la CPI.
Según los representantes de Khan, no queda claro si estos crímenes son investigados por las autoridades venezolanas y que Venezuela no estaba investigando la intención discriminatoria en la comisión de estos crímenes.
Los representantes de la Oficina de Defensa de las Víctimas también destacaron que Venezuela no se ha ocupado de la intención discriminatoria al analizar los hechos ni de los crímenes de naturaleza sexual. Agregaron que la violación en el contexto de persecución es un crimen que es diferente a la violación ordinaria. Recalcaron que importante que se reconozca el contexto porque esto “es para las víctimas ya es una forma de reparación”.
“La violación y otros tipos de violencia sexual cuentan con elementos únicos y constituyentes que son distintos a la tortura y tratos crueles, esos crímenes salvaguardan intereses distintos y también abarcan otras cosas para las víctimas y no importa si hay una tipificación como Venezuela parece sugerir. La sala debe evaluar los hechos tal y como existen y tal como se presentan cuando se hace la solicitud”, agregó la representación de las víctimas.
Los abogados de las autoridades venezolanos, por su parte, dijeron que Venezuela no está obligada a que las investigaciones de hechos de carácter sexual cubran las mismas calificaciones jurídicas que el Estatuto de Roma.
Señalaron que, dentro de los 124 incidentes, encontraron 3 casos, 2 de ellos ya con condenas (10 funcionarios) y uno con juicio oral (13 funcionarios). Aseguraron que fueron solo 3 pues hay muchos que eran denunciados como “amenazas de violación” y, por ende, “fueron tratados como delitos de trato cruel”.
Más descalificaciones
Por el Estado venezolano intervino el canciller Yván Gil, quien insistió en el carácter político de la acción del Grupo de Lima, que fue el punto de origen de la intervención de la CPI en el caso referido a Venezuela.
Uno de los abogados del Estado dijo en que todo comenzó por la remisión política de 6 Estados miembros que adelantaron “acciones geopolíticas”, con lo cual habrían causado “un daño irreparable” a Venezuela.