Transparencia Venezuela, 14 de diciembre de 2018.-El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público intervenido por la cuestionada Constituyente desconocen que el extesorero de la Nación y expresidente del extinto Fondo Único Social (FUS), teniente (r) Alejandro Andrade, el 27 de noviembre de 2018 admitió ante un tribunal de Florida (Estados Unidos) haber incurrido en delitos relacionados con lavado de dinero durante su gestión y por lo cual fue condenado a 10 años de cárcel.
Asimismo, parece que tampoco han indagado en la vida del exfuncionario, pese a las versiones, comentarios y acusaciones que desde hace años circulan sobre la súbita riqueza que habría acumulado gracias a su cercanía con el desaparecido Hugo Chávez, de quien había sido escolta,
Al menos esto es lo que revela la sentencia número 318 de la Sala de Casación Penal del máximo juzgado, en la cual ese organismo acepta la petición del despacho de Tarek William Saab para solicitar a las autoridades judiciales estadounidenses la entrega del militar retirado para procesarlo por corrupción.
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En el fallo redactado por la magistrada Yanina Karabin se da luz verde a la petición de extradición que el 23 de noviembre las fiscales Marianella Briceño y Melianie Liendo presentaron ante el Tribunal 42 de Control de Caracas, pues considera que el Ministerio Público “acreditó” que hay elementos para sentar en el banquillo de los acusados a Andrade, por la presunta comisión de los delitos de peculado, concertación con funcionario público y legitimación de capitales, aunque al revisar los extractos de la solicitud que el dictamen cita se observa que la misma se fundamenta en informaciones periodísticas y las fiscales no aportaron datos provenientes de averiguación alguna.
Los fiscales citaron un reportaje publicado el 22 de noviembre por el diario Versión Final, en el cual se narra la detención horas antes del extesorero en EEUU, por “incumplir el acuerdo de cooperación fijado en 2016 con la Fiscalía del Sur de la Florida”. En dicha información se recuerda que el exfuncionario tenía 15 años residiendo en ese Estados Unidos y que en 2001 tuvo su primer señalamiento por irregularidades administrativas mientras estuvo al frente del FUS, organismo creado por el fallecido presidente Hugo Chávez para mitigar la pobreza y la “emergencia social”.
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En dicho reportaje se recordó que en el año 2008 el diputado Ismael García acusó a Andrade en la Asamblea Nacional de participar en la ejecución de un plan para adquirir bonos de Argentina, Ecuador, Bolivia y Bielorrusia, en el cual unos funcionarios y casas de bolsas se habrían beneficiado y que habría costado a las arcas públicas entre 7 y 10 millardos de dólares, según los cálculos del parlamentario.
El Ministerio Público citó otro reportaje aparecido el mismo día en los diarios digitales “Actualidad y Gente” y en el cual se asegura entre otras cosas que el extesorero venezolano tendría decenas de propiedades en Estados Unidos y más de un centenar de caballos, además de empresas en Panamá y Colombia.
El uso de la “notitia criminis” por parte de los fiscales, en esta ocasión, fue aceptado por el TSJ, aunque ellos fueron incapaces de mencionar al menos cuánto creen que habría sido el daño que la actuación del exfuncionario produjo al erario y cómo fue lo que hizo.
Sin embargo, en el fallo publicado 6 de diciembre no se hace una sola mención a la condena impuesta a Andrade, quien confesó ante un juez de Estados Unidos que participó en una operación mediante la cual se lavaron más de un millardo de dólares y que él personalmente se habría quedado con unos 66 millones. Dicha declaración se produjo una semana antes de que el TSJ difundiera su dictamen.
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