Transparencia Venezuela, 7 de junio de 2022.– Por considerar que persiste “una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los Derechos Humanos”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantuvo por décimo séptimo año consecutivo a Venezuela en su lista negra de países que requieren una especial atención y sigue colocando el énfasis en las prácticas irregulares de la justicia venezolana.
La decisión la tomó la CIDH, organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), en su informe anual correspondiente a 2021, en el cual denunció que “los elementos sustanciales de una democracia representativa no están presentes en Venezuela, debido a que la institucionalidad democrática en el país no está guiada por la separación y el equilibrio de los poderes públicos”, una situación que “ha facilitado la comisión de graves violaciones de Derechos Humanos, especialmente contra las personas que hacen público su disenso con el Gobierno”.
📍También te puede interesar: Juicio contra Venezuela en la Corte IDH por detención arbitraria y tortura
Para la CIDH “las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en situación de pobreza, las desapariciones forzadas y las torturas en contextos de privación de la libertad”, así como “las detenciones arbitrarias de personas que hacen público su disenso con el Gobierno, las restricciones indebidas a la libertad de expresión y la persecución contra las personas y organizaciones que defienden Derechos Humanos” no se producirían con la frecuencia con la que se vienen ocurriendo Venezuela de no ser porque el Ejecutivo de Nicolás Maduro controla todas las ramas del Poder Público, incluyendo el Poder Judicial.
¿Por qué la CIDH sigue denunciando lo que ocurre en la justicia venezolana?
Como viene ocurriendo en los últimos años, la CIDH puso especial atención al funcionamiento de la justicia venezolana y denunció la “gran opacidad” con la que viene operando.
Esta es una situación que “dificulta en gran medida dar seguimiento al estado de la independencia judicial, y conocer, por ejemplo, si las y los jueces son nombrados con apego a los procedimientos preestablecidos, así como el porcentaje de jueces provisionales del país”, expuso el organismo hemisférico.
De acuerdo a la CIDH la “falta de transparencia y publicidad ha caracterizado particularmente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)” la instancia que ha incurrido en las siguientes faltas:
- proferir condenas públicas mediante comunicados sin notificar a las partes de los procesos
- Proferir decisiones de trascendencia nacional sin la realización de audiencias públicas
- Publicar únicamente la parte dispositiva de las decisiones judiciales
- Notificar decisiones, condenas y medidas cautelares a través de redes sociales como Facebook o Twitter, “dejando de lado el uso de autos judiciales”
La CIDH a expresó su alarma por estas prácticas de la justicia venezolana, por cuanto pueden “acarrear violaciones graves a las garantías judiciales que asisten a todas las personas, como la presunción de inocencia, el derecho a la doble instancia, el derecho a ser oído y el deber de motivar(las decisiones)”.
El organismo adscrito a la OEA demandó de las autoridades venezolanas que comiencen a tomar medidas para restaurar la independencia judicial, tales como la designación de los magistrados del TSJ y de los jueces en estricto apego de los procedimientos definidos en la Constitución de 1999.
¿Venezuela se arregló?
En su informe, la CIDH expresó preocupación por las informaciones que recibió de la sociedad civil en relación con la recurrencia de crímenes como los ajusticiamientos, las detenciones arbitrarias, la tortura y las desapariciones forzadas de corta duración.
Pero si lo anterior no fuera suficiente, la instancia continental puso en duda la tesis de que “Venezuela se arregló”, pues se sigue registrando el deterioro de las condiciones de vida en el país, lo que está “afectando de manera diferenciada a mujeres, personas defensoras de derechos humanos, personas con discapacidad, personas mayores, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas privadas de libertad, y personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersex (LGBTI)”.
“El vertiginoso deterioro de las condiciones de vida ha provocado el mayor flujo de personas migrantes a nivel regional y el segundo a nivel mundial. A la fecha de elaboración de este informe, se estima que hay 6.038.937 personas migrantes y refugiadas venezolanas”, remató el organismo.
La Corte IDH enjuiciará a Venezuela por las elecciones presidenciales de 2013
