Transparencia Venezuela, 26 de enero de 2021.- Las organizaciones de la sociedad parecen ser el principal objetivo a atacar por parte de las autoridades en el 2021. En las primeras tres semanas del año al menos tres asociaciones de la sociedad civil han sido víctimas de hostigamiento, siendo el más grave de ellos la detención de cinco activistas de la organización Azul Positivo.
El pasado 12 de enero funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio de Investigación Penal del estado Zulia (Sipez) allanaron la sede de la agrupación zuliana Azul Positivo, que nació en 2004 para trabajar en la lucha contra el VIH-SIDA, pero que ha extendido su acción a otros grupos vulnerables, ante el agravamiento de la crisis humanitaria que vive Venezuela, a los cuales apoya mediante la entrega de tarjetas de débito para la adquisición de alimentos, en las que se deposita dinero que se recibe de la cooperación internacional.
El procedimiento fue ordenado por un juzgado militar, que posteriormente le envió el asunto a un tribunal penal ordinario (4 de Control de Zulia). El 15 de enero este juzgado decretó la medida privativa de libertad de cinco de los miembros de la organización.
A los detenidos- Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz- no se les ha permitido hablar con sus abogados, quienes tampoco han podido revisar el expediente, por lo cual Amnistía Internacional no ha dudado en calificar a los integrantes de Azul Positivo como “presos de conciencia”.
¿Ayudar es un delito?
Para el Ministerio Público y el Poder Judicial el socorro que presta Azul Positivo a los más pobres en el Zulia encuadra en los delitos de legitimación de capitales, uso fraudulento de tarjetas de crédito y asociación para delinquir. Esto, pese a que los fondos que maneja la agrupación provienen de agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones caritativas internacionales de reconocida trayectoria.
En la última década la justicia venezolana, y en particular la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, ha dictado una serie de sentencias que buscan limitar la posibilidad de que asociaciones de la sociedad civil puedan recibir dinero desde el exterior para financiar sus actividades. Así, por ejemplo en 2010, dictaminó que “la obtención de recursos financieros, ya sea de manera directa o indirecta, provenientes de estados extranjeros con la intención de emplearse en perjuicio de la República, los intereses del Pueblo (…), actos políticos o sociales, económicos, etc, podría eventualmente configurar el delito previsto en el artículo 140 del Código Penal”. Se trata de una norma que está referida al delito de la traición a la patria.
Lo ocurrido con Azul Positivo es el más reciente episodio de una arremetida que se inició en 2020, año en el que se registraron 303 ataques contra agrupaciones civiles y sus miembros, de acuerdo a un informe publicado por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), el cual indicó que el 90% de estos actos se produjeron luego de que Nicolás Maduro impusiera el Estado de Alarma para combatir el COVID-19 .
En diciembre los directivos de la organización Convite fueron detenidos por un par de horas por los agentes de la Policía Nacional que allanaron su sede en Caracas. Semanas antes, la sede de Alimenta La Solidaridad y la casa de su director, Roberto Patiño, fueron también requisadas por agentes del Estado, mientras que las cuentas de la agrupación fueron congeladas. Esta organización lleva adelante un programa similar al de Azul Positivo.
En noviembre de 2020, la Superintendencia de Instituciones del Sector Financiero (Sudeban) ordenó a los bancos que monitorearan las cuentas de las organizaciones no gubernamentales y días antes los ministerios del Interior y Exteriores emitieron una resolución conjunta creando un registro, en el que deberán inscribirse las agrupaciones internacionales no domiciliadas en el país.
Antes Acción Solidaria también fue víctima de un allanamiento en septiembre de 2020 y algunos de sus miembros fueron retenidos por unas horas. Y a principios del año, en enero, fue allanada también la sede de Prepara Familia.
¿Por qué?
¿Qué motivos tienen las autoridades para perseguir a las organizaciones de la sociedad civil, en particular a aquellas que están trabajando para paliar los efectos de la emergencia humanitaria? “Es otro aviso, otra situación que busca amedrentar, desmotivar a quienes realizan trabajo en terreno a que dejen de hacerlo, ese es el objetivo. El objetivo es no solo reducir el espacio cívico, humanitario, sino cercenarlo del todo”, afirmó el coordinador de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Juan Berríos.
Por su parte, Feliciano Reyna, fundador de Acción Solidaria, cree que el Estado busca monopolizar todo y silenciar las voces disidentes, algo que “al final deja a la sociedad en su conjunto desprotegida”.
Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importante aliviando los efectos de la crisis humanitaria, pero también denuncian las violaciones a los Derechos Humanos y muchos de esos señalamientos han servido de sustento para las acciones contra algunos funcionarios venezolanos que han impuesto gobiernos extranjeros.
