Transparencia Venezuela, 19 de febrero de 2024. El 1 de marzo. Ese día la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) responderá al recurso que el Gobierno venezolano interpuso contra la decisión de otra Sala del mismo juzgado, que autorizó al fiscal Karim Khan a reanudar sus averiguaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
La noticia figura en el auto número ICC-02/18 OA que el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones, dictó el pasado 16 de febrero. En dicha resolución se convoca a los representantes de la Fiscalía de la CPI, del Estado venezolano y de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) a comparecer a una audiencia convocada con el único fin de anunciar el veredicto.
Y aunque obviamente se desconoce el contenido del dictamen son cuatro las posibles respuestas que el juzgado podría dar.
Así lo explicó Francisco González Centeno, funcionario de divulgación de la CPI, en un video difundido a finales del año pasado, con motivo de la audiencia oral y pública que la Sala celebró los pasados 7 y 8 de noviembre como parte del trámite de la acción intentada por las autoridades.
Cada una de las opciones
En primer lugar, los magistrados de la Sala de Apelaciones de la CPI pueden:
- Confirmar la decisión de sus colegas de la Sala de Cuestiones Preliminares, quienes en julio de 2023 dieron luz verde a la Fiscalía de la CPI a reanudar sus averiguaciones. De producirse este escenario la oficina de Karim Khan tendría vía libre para continuar con sus indagaciones para identificar a los presuntos responsables materiales e intelectuales de los crímenes denunciados.
- Revertirla o anularla la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, lo cual implicaría que Khan no podría seguir adelante con su trabajo en relación con Venezuela. Hay que recordar que ahora tres instancias distintas de la CPI (la Fiscalía, la Oficina Pública para la Defensa de las Víctimas y la Sala de Cuestiones Preliminares) han determinado que hay motivos para sospechar que en Venezuela hubo detenciones ilegales y arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y persecución de “manera sistemática y generalizada” contra un sector de la población.
- Modificar el dictamen.
- Enviar el caso a la Sala de Cuestiones Preliminares para que emita un nuevo pronunciamiento.
Estos últimos escenarios se producirían de considerar que ciertamente se cometieron errores o fallas formales.
Los argumentos de los funcionarios venezolanos
Las autoridades venezolanas denuncian que la Fiscalía de la CPI, primer lugar; y luego la Sala de Cuestiones Preliminares incurrieron en al menos cinco irregularidades en este caso:
- Las autoridades venezolanas sostienen que la Fiscalía de la CPI no le ha informado cuáles casos están investigando o cuáles pretende investigar, por lo que mal se le puede acusar de no estar cumpliendo con su función.
- El Gobierno y el Ministerio Público venezolanos sostienen que el fiscal Khan no ha aclarado qué hechos pretende investigar. En un principio las denuncias de la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz; y de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) hablaban de casos ocurridos desde 2017, pero luego Khan ha mencionado hechos ocurridos en 2014.
- Las autoridades de Venezuela también denuncian que Karim Khan ha vulnerado su derecho a la defensa al rechazar miles de documentos en español que le presentaron para demostrar que están castigando los delitos.
- También plantearon dudas sobre la legitimidad de la información que maneja la Fiscalía de la CPI, por cuanto la misma ha iniciado sus trabajos con documentos no oficiales.
- Las autoridades venezolanas rechazan que se les exija investigar situaciones no previstas en el ordenamiento jurídico, como lo es el delito de persecución, pero además rechazan hablar de crímenes de lesa humanidad en general.
