Transparencia Venezuela, 4 de noviembre de 2022.- Las 18.200 páginas que Tarek William Saab, como fiscal general y representante del Estado venezolano, presentó ante la Corte Penal Internacional, el 15 de abril de 2022 – para solicitar un aplazamiento de la investigación por violación masiva de derechos humanos en Venezuela- le llevaron nada menos que 7 meses de análisis al Fiscal Karim Khan, porque su contenido era complejo e incoherente. Esto lo obligó a pedir ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El documento presentado por el gobierno venezolano estaba lleno de cuadros, gráficos y listas, así como tablas y resúmenes que “no son registros originales emitidos por las autoridades judiciales”.
El legajo que Saab envió a la CPI es “complejo” señala en su informe Karim Khan:
“La información contenida en estos artículos no utiliza la misma metodología ni es coherente. En algunos casos, los gráficos y resúmenes se incluyeron en el cuerpo de un Informe, en otros como anexos separados. Algunos casos se recogen tanto en los cuadros como en los resúmenes, y se ofrecen actualizaciones de algunos casos ya comunicados en varias presentaciones secuenciales”.
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La Sala de Cuestiones Preliminares debe analizar ahora si es cierto que el gobierno de Venezuela investiga con efectividad los crímenes de lesa humanidad o si, por el contrario, el Fiscal Karim Khan debe avocarse directamente ante la ineficacia de la justicia venezolana.
El Fiscal de la CPI, en la última parte de su escrito de 62 páginas dice:
“La mera apertura de una investigación y/o la adopción de medidas de investigación muy limitadas durante un largo período de tiempo no equivalen a una investigación en curso en el sentido del artículo 17.1.a) que impediría a la Corte proceder, incluso en la fase del artículo 18. una investigación no puede ser una mera formalidad predestinada a ser ineficaz».
Detalles de la evaluación hecha por Karim Khan sobre las 18.200 páginas que envió el gobierno a la CPI
Una vez revisado el material, el Fiscal de la CPI concluye:
- De los 893 casos comunicados, sólo 265 casos (29,68% del total) contienen alguna información básica (en forma de «Resumen»).
- Se facilitan copias de los expedientes judiciales de 177 de estos casos (el 19,82% del total).
- El gobierno de Venezuela solo proporcionó “gráficos” con respecto a 628 casos, que representan 70,32% del total de casos.
- De los 893 casos denunciados, 765 casos (85,67%) se relacionan con hechos derivados de las manifestaciones políticas de abril de 2017.
- 25 casos parecen no estar relacionados con crímenes de la competencia del Tribunal (CPI).
- 738 de los casos denunciados (82,64%) parecen haberse abierto cuando un particular presentó una denuncia.
- 117 casos (13,10%) se abrieron de oficio (es decir, por iniciativa del Estado venezolano). “En algunos casos, las autoridades iniciaron los procedimientos en respuesta a las denuncias presentadas por organismos internacionales como la OEA, CIDH, ACNUDH y FFM”.
¿Por qué Karim Khan cree que en Venezuela no avanzan las investigaciones de crímenes de lesa humanidad?
- Las autoridades nacionales no han investigado la supuesta política de Estado y el ataque sistemático contra la población civil ni contra las personas con cargos de autoridad
“El Material de Aplazamiento [ las 18.200 páginas] muestra que, tras examinar los casos denunciados, las autoridades nacionales no han tratado de determinar la posible ocurrencia sistemática de los crímenes mencionados ni la existencia de patrones y políticas que vinculen los actos criminales. Por el contrario, el GV (gobierno venezolano) ha rechazado expresamente la existencia de tal política y de un ataque sistemático contra cualquier población civil, y ha caracterizado los casos de criminalidad investigados como incidentes aislados constitutivos de delitos ordinarios”.
- Los procedimientos internos [ investigaciones en Venezuela] no reflejan suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía [de la CPI] pretende investigar
- Se han abierto solo 12 casos en relación con los delitos de tortura.
- Solo 2 casos en relación con la violación. Esto a pesar de que la Fiscalía de la CPI encontró en el examen preliminar que hay base para creer que se “cometieron diferentes formas de violencia sexual y de género, incluida la violación, contra más de 100 personas que eran opositores percibidos o reales del GV (gobierno venezolano) desde al menos abril de 2017.”
- No hay ningún casos con respecto a cualquier otra forma de delitos sexuales y de género.
- No hay ningún caso en relación con la persecución.
- No se investiga a ningún miembro de los llamados “colectivos”. “Una investigación interna completa y efectiva de los miembros de los colectivos parece estar impedida por el sistema de derecho penal venezolano”, agrega Karim Khan
Khan recuerda que estas cifras son significativamente inferiores a las identificadas por la Fiscalía de la CPI durante el Examen Preliminar sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela. “La Fiscalía (de la CPI) concluyó que había una base razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, en ocasiones conjuntamente con individuos progubernamentales (o colectivos), cometieron el crimen de lesa humanidad de tortura contra 300 a 400 opositores reales o percibidos del gobierno que fueron sometidos a diversas formas de abuso físico o psicológico durante la detención”.
- Las autoridades nacionales investigan principalmente los delitos «menores».
El Fiscal Khan asegura que, de los 893 casos investigados en Venezuela, 721 son catalogados como delitos de menor gravedad
- 611 casos (84,74%) se refieren a delitos «menores». “Estos corresponden en gran medida a casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes (556 casos, 91 %), y de privación ilegal de la libertad (19 casos, 3,11%)”, asegura Khan en su informe.
- 53 casos (7,35%) se refieren a delitos graves.
- 45 casos (6,24%) se refieren a infracciones muy graves.
- 12 casos (1,66%) se refieren a infracciones muy leves.
Es de destacar que según el Fiscal de la CPI los delitos de tortura y de tratos crueles e inhumanos son para la justicia venezolana “lesiones”. “Mientras que el GdV (gobierno de Venezuela) ha clasificado la violación y el asesinato como delitos muy graves, ha clasificado la gravedad de los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en función de la gravedad de las lesiones infligidas según el delito de lesiones del Código Penal”, acotó el Fiscal de la CPI.
- Se están tomando medidas de investigación progresivas muy limitadas
– La mayoría de los procedimientos se encuentran en una fase muy preliminar. “En particular, el 67,86% de los casos reportados (606 del total) continúan en «fase preparatoria», a pesar de que la mayoría de los hechos referidos ocurrieron en 2017”, afirma Khan.
– El alcance fáctico de las investigaciones no está claro. “Es significativo que, en algunos casos, el GdV (gobierno de Venezuela) reconozca expresamente que desconoce el momento y el lugar de las denuncias”, afirma el Fiscal de la CPI y agrega que en “764 casos denunciados (el 85,55%) no se identifica a los sospechosos; y si lo hacen, no se facilita la gran mayoría de sus rangos o cargos dentro de la jerarquía o cadena de mando”.
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– Las autoridades nacionales han tomado medidas de investigación limitadas e inadecuadas durante un largo período de tiempo. “En muchos casos, las medidas de investigación solo han tratado de obtener información sobre las víctimas, como su paradero, registros telefónicos e información financiera”, agrega Khan.
– Se han desestimado casos sin haber sido investigados.
– La base de la calificación jurídica de los hechos es poco clara y en muchos casos parece inadecuada
- Insuficiencias en la calificación jurídica y en la valoración de la gravedad
“En al menos 30 casos para los que el GV (gobierno venezolano) ha proporcionado resúmenes, no se menciona el delito de tortura u otros delitos graves, aunque la información disponible públicamente sugiere que las mismas víctimas fueron sometidas a diversas formas de tortura y otros delitos inhumanos. actos de carácter similar, como fuertes palizas con bates y objetos punzantes, asfixia con bolsas de plástico, agua, gas u otras sustancias tóxicas, descargas eléctricas incluso en partes sensibles del cuerpo, amenazas de muerte a las víctimas y a sus familias, violencia sexual, incluida la desnudez forzada, violación y amenazas de violación, condiciones muy duras, como iluminación constante, aislamiento en una habitación oscura durante días, sin acceso a los aseos y privación de alimentos y agua”, se lee en el documento de Khan.
- Medidas insuficientes durante las investigaciones y los juicios
Al respecto dice Karim Khan: “Sobre la base de la información presentada a la fecha de esta presentación, las investigaciones reportadas no parecen ser adecuadas, «serias» o «efectivas» porque «no son capaces de [establecer]» los hechos y circunstancias relevantes o identificar a los responsables.”
- Ausencia de investigaciones en la cadena de mando
- Deficiencias en las investigaciones
“Por ejemplo, en un caso, la única medida informada solicitada por el fiscal fue la localización de la víctima, y se informó que se desconocían otros hechos. En muchos casos no está claro si los «hechos resumidos» son las alegaciones de hecho que se investigan, o más bien una simple copia de alegaciones de fuentes abiertas”, afirma Khan y agrega: “En otros casos, el GV (gobierno de Venezuela) reconoció expresamente que desconoce el momento y el lugar de los hechos”.
- Retrasos injustificados
Señala Karim Khan: “(…) las investigaciones parecen haber estado en gran medida inactivas hasta 2021 o 2022, o se iniciaron alrededor de esa fecha, coincidiendo con las solicitudes de información de la Fiscalía. El GV no explica esta inactividad, que parece injustificada. Estos prolongados retrasos en los procedimientos apoyan la conclusión de que se llevaron a cabo de una manera destinada a proteger a las personas de la responsabilidad penal”.
