Transparencia Venezuela, 7 de noviembre de 2023.- En la Corte Penal Internacional (CPI) se inició este martes una audiencia histórica producto de la pretensión del Estado venezolano de evitar que Karim Khan reactive las investigaciones sobre el caso Venezuela I. Allí la Fiscalía de la CPI insistió en las deficiencias que muestra que la justicia venezolana a la hora de investigar los crímenes de lesa humanidad y, además, las víctimas tuvieron voz para reclamar un proceso justo e imparcial.
«La posición de las víctimas es que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos», dijo una de las representantes de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, en una frase que resumió las exigencias de las casi 3.000 víctimas -2.684 víctimas individuales y 104 familias- que respaldan la decisión emitida en junio de 2023 por la Sala de Cuestiones Preliminares I, que dio luz verde Fiscal Khan para investigar crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela.
En el debate estuvieron representantes de la Fiscalía de la CPI, los abogados del gobierno venezolano e integrantes de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la instancia internacional.
La discusión giró sobre tres temas que reclaman las autoridades de Venezuela en su apelación: el supuesto error al no identificar los casos que se investigan y los actos criminales específicos que el Fiscal (Khan) pretende investigar; el supuesto error de no exigir al Fiscal de la CPI proporcionar traducciones de documentos y de admitir documentos en español; así como la negativa de basarse en determinados documentos.
Cuando la discusión se centró en los documentos que utilizó la Fiscalía de la CPI para reafirmar su intención de reactivar las investigaciones sobre Venezuela, los abogados del gobierno venezolano insistieron en que Khan no habría tomado en cuenta muchos de los materiales enviados a la CPI.
“Cualquiera que sea la cifra de casos vemos que hay las mismas carencias, las mismas deficiencias”, destacó una de las representantes de la Fiscalía de Karim Khan.
Incluso destacaron que hubo 62 casos considerados “esenciales” por el Estado venezolano, que son “muestra significativa” de las “deficiencias” de la justicia venezolana, entre ellas la falta de investigación, que los acusados son de menor rango y que no hay avances en desde 2017.
El Estado venezolano no ha sufrido perjuicio
En esta audiencia no se ventilaron directamente los crímenes contra la humanidad perpetrados en Venezuela, solo los aspectos técnicos jurídicos contenidos en la apelación que busca frenar la actuación del Fiscal Khan, y que fueron planteados por los abogados de las autoridades venezolanas, encabezados por Ben Emmerson, un jurista británico con amplia experiencia.
Sobre el alegato de Venezuela referido al “supuesto error al no identificar los casos que se investigan y los actos criminales específicos que el Fiscal (Khan) pretende investigar”, la representación de la Defensoría Pública de las Víctimas enfatizó que en las más de 25 mil páginas presentadas en 3 años por las autoridades venezolanas a la CPI se desprende que el Estado venezolano “entendió el alcance de la investigación” de la Fiscalía de la CPI y “no sufrió perjuicio”.
Los representantes de las víctimas venezolanas no estuvieron de acuerdo con el argumento según el cual la Fiscalía de la CPI estaría obligada, en esta etapa, a identificar los actos y los actores investigados. Solo debe identificar “grupos y no acusados específicos”, acotaron. Agregaron que la información aportada por Karim Khan “es suficientemente específica para que el Estado venezolano esté informado”.
Desde la Oficina de Defensa de las Víctimas de la CPI destacaron que el Estado venezolano “solo podría responder investigando los crímenes” e insistieron en que solo hay “pasos investigativos limitados”.
La Fiscalía de la CPI defendió su posición e insistió en que fue muy precisa en sus solicitudes en las “conversaciones de años” con las autoridades venezolanas. “Venezuela sabía el tipo de crímenes, autores y el alcance de la investigación prevista”, acotaron.
Traducir más de 25 mil páginas sería un retraso desproporcionado
El Estado venezolano insistió en que hubo discriminación porque el Fiscal Khan habría escogido “no traducir” una parte del material suministrado por las autoridades venezolanas.
“Ustedes los hispanófonos tiene que pagar los costos de la traducción, pero los que hablan inglés y francés, no”, dijo el abogado Ben Emmerson, quien aseguró que las autoridades de Venezuela no estaban obligadas a traducir los documentos que remitía a la CPI.
En respuesta los representantes de la Fiscalía de la CPI señalaron el Estado venezolano “es el que decide en qué formato remite la información” y debió asegurarse que la Sala de Cuestiones Preliminares I pudiera analizar el material, presentando la documentación en inglés o francés, que son los idiomas del tribunal.
“Venezuela entregó 25 mil páginas a la CPI cuya traducción “hubiera retrasado de forma desproporcionada” el avance del caso, alegaron.
Al argumentar sobre este punto, los representantes de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la CPI, afirmaron que la remisión y transmisión de los documentos deben estar en francés o inglés. “Si un Estado no puede traducir, puede acordar con la Fiscalía de la CPI asumir la traducción”, cosa que Venezuela no hizo.
La audiencia para analizar la apelación presentada por el Estado venezolano continuará este miércoles 8 de noviembre. Quedan dos temas por discutir: el supuesto error al exigir al Estado (venezolano) que investigue los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad y el requerir a las autoridades venezolanas que investigue «crímenes internacionales».
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