La situación de la salud y la libertad de expresión en tiempos electorales: los temas sobre Venezuela que las ONG expondrán a la CIDH

Transparencia Venezuela, 2 de julio de 2024. Los riesgos que se ciernen sobre la libertad de expresión, sobre el derecho a la participación en el actual contexto electoral venezolano y la situación de la salud en el país , así como las penurias del pueblo yanomami. Estos serán los temas relacionados con Venezuela que las organizaciones de la sociedad civil expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante las audiencias que el organismo celebrará en julio.

En el 190 período de sesiones que la CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), llevará a cabo del 8 al 19 de julio de 2024 en Washington (Estados Unidos) tres encuentros dedicados a Venezuela, se lee en el calendario publicado por la instancia.

Las audiencias se realizarán de manera híbrida, tanto virtual como presencial. La primera sesión está prevista para el martes 9 de julio.  Allí varias organizaciones expondrán a los comisionados de la CIDH la situación en la que se encuentran los integrantes del pueblo Yanomami.

Entre las organizaciones que participarán en esta sesión están el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI-ULA), Horonami Organización Yanomami (HOY), el Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del estado Amazonas (ORPIA), el Programa de Promoción de los Derechos Indígenas en la Amazonía Venezolana (Wayamoutheri) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

El entorno de los yanomamis viene siendo objeto de ataques por parte de los mineros ilegales que operan en el llamado Arco Minero del Orinoco.

10 medidas cautelares de la CIDH, 10 incumplimientos de las autoridades venezolanas

Al día siguiente Acción Solidaria, la Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH), la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Defiende Venezuela, la Fundación de lucha contra el cáncer de mama (FUNCAMAMA), Prepara Familia, el Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) y Women’s Link Worldwide expondrán sobre el grado de cumplimiento de las 10 medidas cautelares que en los últimos años el organismo ha dictado sobre distintos temas relacionados con salud.

En 2019, la Comisión ordenó a las autoridades nacionales adoptar medidas para garantizar la vida de las mujeres y de los bebés que se encuentran en la Maternidad Concepción Palacios, en particular “la provisión de los insumos, medicamentos, materiales y atenciones necesarias para la salud materna”.

Ese mismo año también instó al Gobierno venezolano a hacer lo propio con los niños y adolescentes que son tratados en el Hospital J.M. De Los Ríos de Caracas y a garantizar los medicamentos y la atención a los enfermos con esclerosis múltiple.


📍También te puede interesar: La Sala Político Administrativa dejó sin terreno al Museo del Transporte de Caracas

Elecciones presidenciales en Venezuela sin pluralismo

Por último, el 12 julio las organizaciones Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello expondrán ante la CIDH los riesgos que conlleva el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y de participación en los asuntos públicos en tiempos electorales.

En lo que va del 2024, 14 emisoras de radio han sido cerradas, según reportó Espacio Público a principios del mes pasado.

Hasta mayo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) había contabilizado que 11 emisoras habían dejado de emitir señal en seis estados: Zulia (3), Bolívar (2), Lara (2), Portuguesa (2), Carabobo (1) y Trujillo (1), las cuales se suman 104 estaciones clausuradas por las autoridades entre 2022 y 2023.

Desde finales del año pasado 15 miembros de cinco partidos de oposición han sido detenidos por las autoridades y 11 de ellos han sido víctimas de desapariciones forzadas.

 

El trío Contraloría-CNE-Fiscalía se enfila contra la disidencia a poco más de un mes de las presidenciales