A falta de protestas, de barricadas y de cierre de vías el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) consiguió otras razones para actuar contra los alcaldes opositores. Al menos esto es lo que se desprende de la sentencia número 725 de la Sala Constitucional, en la cual le ordenó al alcalde de Valera, José Karcom, que “realice todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios” para garantizar el servicio del aseo urbano y que constituya “una mesa de trabajo” con los buhoneros para lograr la “reubicación de los mismos en un sector (de la ciudad) con las condiciones necesarias para que tal actividad comercial no menoscabe el orden público”.
La orden al mandatario local, la cual incluye la respectiva advertencia de que si no es acatada lo considerará “en desobediencia a la autoridad” y le aplicará el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo; es decir, lo destituirá y lo enviará a un calabozo hasta por 15 meses; fue la respuesta a una demanda de protección de derechos e intereses colectivos que el pasado 23 de febrero un grupo de vecinos y concejales oficialistas interpusieron contra el funcionario.
En el fallo dictado por el magistrado Juan José Mendoza el 18 de septiembre de 2017, el mismo día en el que el TSJ volvió a sus actividades tras el tradicional receso de agosto, se consideró que los denunciantes habían presentado elementos suficientes para hacerle sospechar que derechos como el libre tránsito, la educación y la salud, en particular de los niños y adolescentes de Valera está en riesgo, debido a los problemas en la prestación del aseo urbano que desde hace meses padece la localidad. Pruebas que junto al “hecho notorio comunicacional, del cual tiene conocimiento esta Sala” le hicieron girarle instrucciones al alcalde Karcom.
Desde la Alcaldía denuncian que el relleno sanitario está cerrado y desde la Gobernación de Trujillo aseguran que el problema es producto de la mala gestión del gobierno municipal, al cual afirman haberlo dotado de los medios para brindar el servicio.
La Sala también tomó nota de la queja de los denunciantes en relación a los problemas que la economía informal viene provocando en la ciudad andina y por ello le ordenó al mandatario local conformar “una mesa de trabajo” con los vendedores informales para pactar su reubicación y que le informe sobre los resultados de la misma “en un lapso improrrogable de quince (15) días continuos”.
Solo entre mayo y julio de 2017 la Sala Constitucional dictó 49 sentencias contra 13 alcaldes, todos opositores como Karcom; por presuntamente faltar a sus responsabilidades durante la ola de protestas que sacudió al país. A seis de esos funcionarios los destituyó de sus cargos, a tres los puso tras las rejas y otros tres huyeron del país para evitar ser encarcelados.