Transparencia Venezuela, 18 de junio de 2020.– El chavismo no ceja en sus intenciones de crear una oposición a la medida. Así en menos de 24 horas ha entregado las riendas de dos de los principales partidos opositores, Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD), a dirigentes que han mostrado su disposición a colaborar con los planes del oficialismo de celebrar elecciones legislativas a finales de 2020 a como dé lugar.
Con sus sentencias número 0071 y 0072, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) elevó a ocho el número de toldas que intervenido desde el año 2012.
El 15 de junio de 2020, la Sala Constitucional del TSJ, instancia intérprete de la Carta Magna, anunció que le entregaba al actual secretario nacional de organización, Bernabé Gutiérrez, las riendas del partido blanco para que lo “reestructurara” y suspendió a la directiva que hasta ahora gobernaba la organización y que estaba encabezada por Isabel Carmona, así como por el diputado Henry Ramos Allup, quienes fungían como presidenta y el secretario general de AD, respectivamente.
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“Dicha Mesa Directiva ad hoc podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de la organización con fines políticos AD”, se lee en el dictamen redactado por el presidente de la Sala, magistrado Juan José Mendoza; y en el que, además, se dejaron sin efecto las sanciones impuestas por los anteriores directivos, incluida la expulsión del propio Gutiérrez.
Pese a que contenido en extenso del fallo no ha sido publicado, y por lo tanto se desconocen las razones que esgrime la Sala Constitucional para intervenir a AD, Bernabé Gutiérrez reveló que la decisión respondería a la negativa “autoritaria” de Ramos Allup a participar en los comicios para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional (AN), que deberían realizarse a finales de 2020.
La estrategia del chavismo ha supuesto un duro golpe al pluralismo político en Venezuela y ha disminuido la posibilidad a los venezolanos de tener una oferta electoral plural y diversa, denunció el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, en un informe publicado en 2018.
“No se puede desconocer la decisión tomada a principios de 2020 por la dirigencia del partido, en el sentido de participar en las próximas elecciones (…) cuando llega el momento de demostrar la fuerza de AD, entonces la Secretaría General informa, cual caudillo de montonera, que AD no va a elecciones. La respuesta hoy es que AD sí va a participar en las próximas elecciones parlamentarias y otros eventos electorales por venir con nuestra gloriosa tarjeta blanca”, se lee en el comunicado que Gutiérrez publicó el 16 de junio.
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En el mismo texto, el impuesto líder adeco afirma: “Después de muchos años de dictadura se abren las compuertas de la democracia interna, del derecho a opinar, del derecho a disentir de las autoridades nacionales, seccionales y municipales, sin temor a ser expulsado o ser víctima del método de la autoexclusión, mecanismo perverso de control absoluto del poder por parte de la Secretaría General, que fue mutilando el ascenso natural de valiosos dirigentes de AD”.
Ninguno de los diputados de la bancada de AD en el Parlamento, ni ninguna seccional regional o municipal ha reconocido a Bernabé Gutiérrez.
Partidos políticos a la medida
Menos de 24 horas después, la Sala Constitucional de TSJ atacó a otro partido, en esta ocasión a Primero Justicia (PJ). En su sentencia 0072 le entregó las riendas de la organización al cuestionado diputado José Brito, a quien le otorgó los símbolos y bienes de la tolda aurinegra; mientras que suspendió a la actual directiva.
Brito fue uno de los otrora legisladores opositores que el 5 de enero de 2020 respaldó, junto al chavismo, el intento por imponer a Luis Parra en presidente de la Asamblea Nacional. Pero además ha sido señalado por sus colegas, y por denuncias de medios de comunicación, de estar involucrado en la denominada «operación Alacrán”, destinada a lavar ante gobiernos extranjeros la imagen del ahora detenido Álex Saab, acusado de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro, y de otros empresarios de su círculo.
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En 2019 la Sala Constitucional de TSJ volvió a designar otra directiva temporal de Copei, la segunda desde que en 2015 interviniera a esa histórica organización.
Precisamente en 2015, previo a los comicios legislativos que se celebraron ese año, los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ arremetieron contra más partidos políticos opositores en Venezuela. Solo ese año se inmiscuyó en los asuntos internos del Movimiento Integridad Nacional (MIN), de Bandera Roja y del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), organización que por esas épocas comenzó a disentir del Gobierno venezolano.
Sin embargo, esta política se remonta al 2012, cuando el TSJ arrebató Podemos y Patria Para Todos (PPT) a sus entonces directivos. La maniobra permitió al chavismo tener dos tarjetas más con la cara del fallecido Hugo Chávez en el tarjetón electoral utilizado en las elecciones presidenciales de ese año. Podemos, por ejemplo, había anunciado su respaldo al opositor Henrique Capriles Radonsky, pero un recurso interpuesto por el exgobernador de Aragua, Didalco Bolívar, permitió al TSJ mantener a la tolda dentro del llamado Gran Polo Patriótico.
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La estrategia del chavismo ha supuesto un duro golpe al pluralismo político en Venezuela y ha disminuido la posibilidad a los venezolanos de tener una oferta electoral plural y diversa, denunció el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, en un informe publicado en 2018. “El régimen madurista ha logrado, con estas acciones, conformar un panorama en el que los partidos afines al Gobierno Nacional mantienen su vigencia y los que se oponen son eliminados o anulados, bien sea a través de intervenciones del TSJ, o por acciones del propio Consejo Nacional Electoral y de la Asamblea Nacional Constituyente”, se advierte en el reporte.