Transparencia Venezuela, 26 de enero de 2021.- Tenía razón el senador romano Cayo Tito, cuando dijo: “Lo escrito, escrito está y las palabras se las lleva el viento” y prueba de ello es la suerte que corrió la reforma del Poder Judicial que Nicolás Maduro encargó a su cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, que no quedó más que en un anuncio.
“Hay cosas que están mal y no es por culpa de Donald Trump (el presidente de Estados Unidos), es por culpa de nosotros (…) que nadie se sienta ofendido o triste, pero tenemos que cambiar muchas cosas (…) Por eso me atrevo a proponer a la Asamblea Nacional Constituyente que asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial venezolano y llevar a un cambio a todas las estructuras del Poder Judicial”, soltó el 31 de enero de 2020 Maduro durante el acto de Apertura Judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
Sin embargo, doce meses después la Constituyente se disolvió y de la comisión que propondría cambios en los tribunales no se supo nada. Ni siquiera su impulsor se refirió al asunto al participar nuevamente en el acto que marca anualmente el inicio de las actividades de los juzgados, que tuvo lugar el 22 de enero de 2021. Por el contrario, en esta ocasión Maduro no habló de modificaciones, porque, a su juicio, “Venezuela tiene un poderoso sistema judicial, de prestigio, bien gobernado y bien dirigido”.
El presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, por su parte, sí habló de nuevos ajustes. “La reestructuración del Poder Judicial es un hecho y a ella debemos abocarnos (…) en el año 2020 emprendimos el camino para que, de manera ordenada y sistematizada, se migre a un modelo de reforma que permita mejorar significativamente el acceso a la justicia, combatir el flagelo de la corrupción y la burocracia administrativa”, dijo al presentar su informe de gestión correspondiente al ejercicio anterior.
Descubriendo las TIC
¿A qué reforma se refirió Maikel Moreno? Durante su discurso el también presidente de la Sala de Casación Penal mencionó la resolución que la Sala Plena del máximo juzgado aprobó el 1 de octubre de 2020 y mediante la cual se autorizó a los juzgados del país a recibir por correo electrónico nuevas demandas y pruebas; y a utilizar videoconferencias y otras aplicaciones para decidir casos.
“Estamos mejorando el acceso a la justicia de los ciudadanos que acuden a los tribunales, así como también eliminamos la carga burocrática que muchas veces genera mecanismos de corrupción y ausencia de control de la actividad de los jueces por parte de los ciudadanos. Prueba de ello es que antes desde que se iniciaba un trámite hasta su sentencia transcurrían años, ahora en solo 96 horas en promedio se dicta una decisión. Con este nuevo modelo y haciendo uso de medios tecnológicos cotidianos como correo electrónico, mensajería de texto y otros se contribuyó a facilitar la actividad jurisdiccional”, aseveró.
No obstante, el funcionario no informó cuántos casos fueron recibidos, tramitados y resueltos mediante el uso de las nuevas tecnologías.
Entre julio y agosto las salas Civil y Social emitieron sendas resoluciones tratando de reactivar sus los tribunales bajo su supervisión y permitiendo el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Así, la Sala Civil autorizó a los juzgados civiles y mercantiles de Aragua, Anzoátegui y Nueva Esparta poner en marcha el llamado “Despacho Virtual”, mediante el cual los ciudadanos pueden hacerle llegar nuevas peticiones vía correo electrónico a los jueces, así como pruebas y éstos podrán decidir, por cuanto en esta área no están previstas las audiencias orales y públicas.
Semanas después, la Sala Social publicó sus Lineamientos para el funcionamiento de los jueces y juezas de la jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco de las medidas de protección a la salud «distanciamiento social», decretadas por el Ejecutivo Nacional frente a la COVID-19. En el texto se permite a los juzgados de Primera Instancia de Protección del Niño y Adolescente tramitar asuntos urgentes tales como medidas de protección, colocación familiar, adopción, restitución de custodia, manutenciones o autorizaciones de viaje mediante “el uso de correo electrónico, llamadas, vídeo llamadas, chats y vídeo conferencias, y la combinación entre éstos [sic]”.
Sin embargo, factores como las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica, el hecho de que Venezuela tiene uno de los peores servicios de Internet del mundo y la falta de medios técnicos y humanos en el Poder Judicial, complican la puesta en marcha de la llamada justicia virtual o digital, tal y como lo reconoció la magistrada Bárbara César Siero, en un proyecto que le envió a la Sala Plena el año pasado.
La quinta no fue
La propuesta por Maduro, de haberse materializado o al menos iniciado, habría sido la quinta reforma que sufriría el Poder Judicial venezolano desde 1998. Las reestructuraciones anteriores se han limitado a provocar el despido de cientos de jueces, pero problemas como la corrupción y el retardo procesal se han mantenido incólumes.
En su discurso a los magistrados y a los jueces, Maduro pidió a estos funcionarios responder la siguiente pregunta: “¿Hay justicia en Venezuela? ¿Hay justicia para el pobre, para el humilde, para el campesino, para el trabajador, para el comunero, para la familia? ¿Cuánta justicia hay? ¿El Poder Judicial garantiza el pleno goce de los derechos de Venezuela?”.
A la luz de los informes como de la Misión de Naciones Unidas de Verificación de Hechos la respuesta es no.
