Transparencia Venezuela 11 de octubre de 2024. “Alarmado por las continuas informaciones que dan cuenta de un agravamiento de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos”, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió extender, por dos años más, el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela.
La decisión la adoptó la instancia con sede en Ginebra (Suiza) este 11 de octubre de 2024, con el respaldo de 23 de sus miembros frente a 6 rechazos y 18 abstenciones, votación que permitió la aprobación el proyecto de resolución presentado por los gobiernos de Argentina y Chile, el cual contó con el respaldo de representantes de 50 estados.
Pero el Consejo de la ONU no solo prorrogó el mandato del equipo integrado por la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá Valdez, sino que también renovó la instrucción a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos (OACNUDH) para que “siga vigilando la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, informando al respecto y proporcionando cooperación técnica con miras a mejorarla”.
Tras afirmar que “ambos mecanismos han sido extremadamente efectivos en lo relacionado con el monitoreo de las serias violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela”, la representante chilena defendió la necesidad de extender los mandatos a ambas instancias, por considerar que su trabajo no ha concluido.
“Ambos mandatos son complementarios y lamentablemente todavía muy necesarios para que la comunidad internacional pueda atacar el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela”, apuntó.
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Una victoria para las víctimas venezolanas
La renovación de la Misión de la ONU y del mandato para que el Alto Comisionado, Volker Türk, preste atención a la situación en el país fue saludada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
“La decisión adoptada por el Consejo de Derechos Humanos ayuda a volver a poner la atención del mundo sobre el sufrimiento de las víctimas y su legítima lucha por la justicia”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado.
“Esperamos que la OACNUDH brinde protección a las valientes personas defensoras de derechos humanos en el país, quienes enfrentan riesgos cada vez mayores para su trabajo y sus derechos fundamentales. Mientras tanto, esperamos que la Misión continúe realizando sus investigaciones cruciales con el objetivo de, algún día, garantizar justicia para las víctimas y rendición de cuentas para los perpetradores”, agregó.
“La decisión de extender el mandato de la Misión es fundamental, dado el recrudecimiento de la represión tras las elecciones en Venezuela”, afirmó Juanita Goberturs, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien agregó que con esta resolución, los miembros del Consejo mostraron que no se quedarán de brazos cruzados y que están comprometidos a hacer rendir cuentas a los responsables.
Hasta ahora la Misión de la ONU ha concluido que tiene “motivos razonables” para creer que en Venezuela han ocurrido “crímenes de lesa humanidad”. Y, en uno de sus reportes, responsabilizó de estos crímenes a personas “a nivel tanto presidencial como ministerial”, así como a “los directores de las entidades de seguridad e inteligencia”.
Asimismo, ha denunciado el rol activo que ha jugado el Poder Judicial en la comisión de estas violaciones y ha expuesto el patrón de represión empleado contra miembros de la oposición o de personas percibidas como tal.
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Pese a los obstáculos
La prórroga de la Misión de la ONU no estuvo exenta de obstáculos. Las representaciones de Eritrea, Belarús, Rusia y de Cuba intentaron impedirla al presentar cinco enmiendas, una de las cuales buscaba específicamente que no se le extendiera el mandato a la instancia investigadora.
“La Misión no ha debido ser establecida y su mandato no renovado”, afirmó el representante cubano, quien calificó de “parcial, inoperativo e incorrecto” al organismo.
Sin embargo, estos argumentos y otros que pretendían achacar la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela a las sanciones impuestas contra funcionarios y exfuncionarios no surtieron los efectos deseados.
Pese a la derrota las autoridades venezolanas dejaron en claro que insistirán en su postura de no colaborar con la Misión de la ONU.
“Algunos países insisten en convertir a este consejo en un instrumento de coerción y chantaje, en una suerte de tribunal inquisitorial”, afirmó el representante venezolano.
Llamativa fue la postura de Brasil que, aunque rechazó el grueso de las enmiendas, se abstuvo al momento de votar por la extensión de los mandatos de la Misión de la ONU y de la OACNUDH.
“Las resoluciones contra países deberían ser el último recurso”, explicó el embajador brasileño, quien consideró que este tipo de medidas solo tienden a “asilar” a países y “no contribuyen a la cooperación y al diálogo”.
Unos argumentos muy similares a los que cuestionan la supervisión sobre Venezuela.
