Pese a que la Constitución de 1999, en su artículo 26, obliga al Estado a garantizar una justicia “transparente”, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cada día se vuelve más opaco y ofrece menos posibilidades a los ciudadanos para acceder a la información que produce para poder evaluar su desempeño, convirtiéndose poco a poco en otra caja negra dentro del país.
La conclusión surge al contrastar el contenido del informe que el actual presidente del máximo juzgado, magistrado Maikel Moreno ofreció en marzo pasado con los que presentaron en la misma oportunidad sus antecesoras en el cargo, las magistradas Gladys Gutiérrez y Luisa Estella Morales.
En su discurso en el acto de Apertura Judicial, Moreno no mencionó cuántos casos recibió ni resolvió el TSJ y el resto de los tribunales a lo largo de 2017. Tampoco mencionó algunos fallos que sentaron jurisprudencia o que la modificaron, tal y como era la costumbre. Nada dijo sobre la cantidad de jueces designados o destituidos debido a medidas disciplinarias. Las pocas cifras que el funcionario aportó no permitieron evaluar el desempeño del organismo ni del Poder Judicial en su conjunto.
“Hicimos un gran esfuerzo con la colaboración del Ejecutivo Nacional para fortalecer la protección del salario de nuestros trabajadores. Logramos garantizar el derecho a la salud de 32.990 familias que forman parte del Poder Judicial. Ampliamos la cobertura al 100% en los hogares de cuidado diario”, soltó el magistrado, quien tras informar que sustituyeron 1.500 computadoras en los distintos juzgados, aseguró que se inauguraron 15 juzgados penales municipales, la nueva sede de los circuitos de Protección al Niño y Adolescente del Estado Bolívar y Penal de Lara, así como el circuito especializado en Violencia contra la Mujer de Carabobo y un Tribunal Superior Civil en Aragua.
Un año antes su antecesora, Gladys Gutiérrez aseguró al país que en 2016 el poder judicial dictó “1.591.661 fallos en todos los ámbitos materiales y territoriales”, de los cuales 6.401 sentencias correspondieron al TSJ. De la misma manera aseveró que dichos números revelan que la tasa de resolución de los tribunales en el ámbito nacional se incrementó 10,75% con respecto al año anterior.
Pero como si esto no fuera suficiente agregó: “Anunciamos que durante el año 2016, fue dictado un promedio de 130.571 sentencias mensuales, significando ello el rendimiento de 1.280 sentencias por cada hora de despacho en todos los juzgados del país y las distintas salas del máximo juzgado”. Por supuesto la magistrada no precisó si en realidad se trataban de sentencias, es decir de decisiones que resolvían un caso o de autos de tramitación de los mismos y otras incidencias. Tampoco explicó porqué si la eficiencia mejoró, asuntos como el juicio por las supuestas irregularidades en las elecciones parlamentarias en el estado Amazonas no se habían resuelto pese a que los lapsos legales ya se habían vencido.
En sus discursos de 2015 y 2016 Gutiérrez omitió algunos datos y ofreció otros distintos. Así por ejemplo en el de 2015 no habló de los casos recibidos ni tramitados por el poder judicial en su conjunto, sino de algunas materias como los juzgados penales municipales y del TSJ. En cambio sí aseguró que se había logrado reducir el índice de diferimientos de juicios en Caracas gracias a la Agenda Única, un software que busca evitar la fijación de más actos de los que se pueden celebrar realmente.
Más político
Moreno, en lugar de presentar un balance judicial, ofreció uno político y no dudó en mostrar su alineación con el Gobierno Nacional.
“Hoy el país transita por momentos de aspereza política, de los cuales impedidos estamos por honestidad, imparcialidad y ley, de emitir opiniones al respecto. No obstante, no estamos aislados de esa realidad y nuestros pronunciamientos se basan categóricamente en defender al Estado como un todo, pues ello deriva inquebrantablemente en defender a los venezolanos y sus intereses. Es por ello, que en presencia de nuestro digno invitado el presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a quien agradecemos todo su esfuerzo y colaboración con el Poder Judicial, también le pedimos que mantenga la fuerza y el ímpetu para fortalecer la seguridad, defensa y soberanía de nuestra Nación, y que tenga la absoluta confianza que el Tribunal Supremo de Justicia y por ende el Poder Judicial, con el instrumento de la Ley y el Derecho, garantizaremos la incolumidad de nuestra Patria”, soltó.
Pero esta no es la primera vez que un presidente del TSJ emite unos comentarios de esta naturaleza. En 2012, por ejemplo, la entonces magistrada Luisa Estella Morales aseveró que el organismo “continuará con el socialismo bolivariano del siglo XXI, para asegurar la mayor suma de seguridad social, estabilidad política y mayor suma de felicidad para nuestro pueblo”.
Moreno aprovechó su intervención también para fustigar las sanciones que los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea han impuesto contra los miembros de la Sala Constitucional y contra él mismo, en respuesta a las decisiones del máximo juzgado que en la práctica han liquidado a la Asamblea Nacional electa en 2015.
“No hay mayor irrespeto en contra de un país y de sus instituciones, que querer mancillar y atar las manos de quienes tienen como suprema responsabilidad, la administración de justicia. En pleno siglo XXI, es inconcebible la barbarie de los imperios decadentes, que pretenden soslayar la conciencia de un juez”, dijo.