Transparencia Venezuela, 6 de junio de 2024. La detención en España del empresario venezolano José Roberto Rincón Bravo, señalado de participar en un millonario desfalco contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ha activado a la justicia nacional, casi una década después de que otros países han investigado, y hasta sentenciado, a varios implicados en los hechos. Así las autoridades ya no solo están interesadas en conseguir la entrega del empresario, sino también de su padre y dos hermanos.
En sus sentencias número 297, 298 y 299, todas dictadas el 3 de junio de 2024, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) atendió las peticiones del Ministerio Público y declaró con lugar las solicitudes de extradición o ampliación de extradición que le presentó en contra de Ricardo José Rincón Bravo, de Alexandra Carolina Rincón Bravo de Cautilli y de Roberto Enrique Rincón Fernández (padre).
Asimismo, en su fallo número 296 aprobó la solicitud de “ampliación” de la extradición de José Roberto Rincón Bravo, la cual ya había autorizado en mayo pasado.
El TSJ, en sus fallos, de manera casi idéntica, justifica su decisión de declarar “procedente” las peticiones fiscales de extradición, alegando que los delitos por los cuales se busca a los solicitados no han prescrito, están previstos en las legislaciones de ambos países y, por último, “no son delitos que tengan naturaleza política o conexa con éstos, por tratarse de delitos que atentan contra el patrimonio público, el orden público y la legitimación de capitales.
Peculado doloso propio, evasión de procesos licitatorios, soborno a funcionario público o la promesa de soborno a funcionario público, asociación para delinquir y legitimación de capitales son los delitos por los que el Ministerio Público desea enjuiciar a los solicitantes. En el caso de Alexandra Carolina Rincón Bravo y de su hermano Ricardo, en grado de cómplice necesario.
En cuanto al del patriarca de la familia, Roberto Enrique Rincón Fernández, las últimas informaciones lo ubicaban en Estados Unidos, donde cumplía la última fase de su condena en libertad supervisada por otro caso de corrupción y lavado de dinero en perjuicio de Pdvsa. Pero, por lo visto, las autoridades venezolanas tienen informaciones que lo ubican en España.
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EEUU investiga el caso Bariven desde 2015, pero en Venezuela la investigación inició en 2022
En los dictámenes, redactados por los magistrados Elsa Gómez (296), Carmen Marisela Castro Gilly (297) y por Maikel Moreno (298 y 299) se explica que la familia habría formado de una trama en la que también estaban involucrados funcionarios de Pdvsa, en particular de Bariven, para a desviar fondos de la filial.
“Los empresarios, familiares y otros colaboradores que organizadamente construyeron un complejo entramado de empresas, entre otras cosas, con el fin de hacerse de contratos millonarios con Bariven a través de actuaciones ilícitas, para así vender productos, en paneles no competitivos, con información confidencial y con sobreprecios, y sin tener las credenciales comerciales requeridas para ello”, denunció el Ministerio Público.
La investigación contra esta trama se habría iniciado en 2022, gracias a una denuncia que un funcionario de la Gerencia de Asuntos Penales de la Consultoría Jurídica de Pdvsa, identificado como Marco Cruz, presentó en diciembre de ese año.
Hay que recordar que este mismo esquema fue investigado en Estados Unidos desde 2015, cuando se registraron las primeras detenciones. Rincón Fernández (padre) confesó en junio de 2016 a autoridades estadounidenses que pagó sobornos por unos USD 1.000.000.000 a funcionarios de Pdvsa, especialmente Citgo, para que lograr contratos para sus empresas con ganancias millonarias a partir de sobreprecios en perjuicio de la petrolera venezolana, entre los años 2008 y 2014.
Según el denunciante en Venezuela, la trama en la que participó la familia Rincón se hizo con 2.000 contratos de Bariven entre 2009 y 2015. Esto, a pesar de que en no pocos casos llegaron a ser ofertas con sobreprecios de hasta 200%. Las operaciones del grupo les habrían dejado “utilidades” por USD 500.000.000 millones.
A través de empresas como Tradequip Services & Marine, Inc; Tradequip, CA; Premiere Procurement Group, LLC; Reliable Process & Instruments, LLC; Ovarb Industrial, LLC;
Wells Ultimate Service, LLC; Venmar, Inc; Global Air Services; Corp Oilfield Equipments & Services, LLC; Oilsource, Inc. y Petroleum Procurement Of Houston los señalados emplearon para sus fechorías, de acuerdo con los investigadores.
El Ministerio Público sostiene que los máximos responsables de la organización criminal eran, “por una parte Roberto Enrique Rincón Fernández, sus familiares, entre los cuales se encuentran sus hijos José Roberto Rincón Bravo, Ricardo José Rincón Bravo y Alexandra Carolina Rincón Bravo de Cautilli; Abraham José Shiera Bastidas, y colaboradores venezolanos y extranjeros, a los que más adelante se mencionaran, y cualesquiera otros que resulten de la investigación, que juntos con éstos tendrían intervención como autores o participes en los hechos”, se lee en los dictámenes.
Nombres recurrentes: Javier Alvarado Ochoa, Nervis Villalobos y otros
Pero la familia Rincón no habría podido actuar sin complicidad interna. El Ministerio Público también tiene ubicados a algunos de los funcionarios que habrían recibido sobornos o se habrían asociado con esta familia y con otros empresarios para cometer sus irregularidades.
En los fallos se mencionan a nombres ya son conocidos porque están involucrados en otros casos de corrupción. Uno de ellos es el de Javier Alvarado Ochoa, quien fue presidente de Bariven entre 2011 y 2013 y otro el del exviceministro Nervis Villalobos, ambos tienen varios procesos judiciales abiertos en Venezuela, Estados Unidos y España.
Nada más Nervis Villalobos tiene 13 causas pendientes en 5 países, incluyendo Venezuela.
Javier Alvarado Ochoa es investigado en España, Andorra y Estados Unidos.
Otros sospechosos de la Fiscalía venezolana, muchos de los cuáles han sido señalados en jurisdicción de Estados Unidos y España, son Rafael Ernesto Reiter Muñoz, quien fue Gerente Corporativo de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa, desde el 18 de abril de 2006 al 10 de septiembre de 2014, es prófugo de la justicia estadounidense y ligado a Rafael Ramírez, el exzar de Pdvsa
La Fiscalía venezolana menciona también a varias personas ya procesadas en Estados Unidos por el caso de la filial Bariven desde 2015, algunas ya con sentencia, entre ellos: Alfonzo Eliezer Graviña Muñoz, Alejandro Isturiz Chiesa, Christian Javier Maldonado Barillas, José Luis Ramos Castillo, Luis Carlos De León Pérez, Karina Núñez Arias, César David Rincón Godoy y José Orlando Camacho Figueira
Los otros nombres mencionados por el Ministerio Público venezolano, según las sentencias de la Sala Penal del TSJ, son Yosmal Espinoza Díaz, , Gustavo Oses, Maximiliano Soto, Celigmar Ubals, Ismary Yeguez, José Gregorio Pirela Ávila, Eusebio Davis Zavatti Tollis y Edgar José Romero Navas.
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