Transparencia Venezuela, 18 de mayo de 2020.– La familia del exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, se ha convertido en el enemigo para las autoridades chavistas y por lo tanto sus miembros parecen no gozar de ningún derecho, siquiera a quejarse. Al menos esa es la sensación que queda al ver cómo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no solo desestimó la denuncia que la hija del general formuló respecto a la presunta detención irregular de su hermano, sino que además pidió al Ministerio Público, intervenido por la Constituyente, que la investigara a ella.
La decisión la adoptó la Sala Constitucional en su sentencia número 0061, que fue anunciada el 15 de mayo de 2020, y en la que se desechó la acción de habeas corpus que Andreina Baduel interpuso contra el ministro del Interior, general Néstor Reverol Torres, para saber el paradero de su hermano, Josnars Adolfo Baduel, quien fue detenido el 4 de mayo por su presunta participación en la llamada “Operación Gedeón”.
La sala consideró que en este caso no había una detención arbitraria ni desaparición forzosa, por lo cual no aplicaba el amparo al que hace referencia el artículo 27 de la Constitución Nacional. Los magistrados consideraron “inútil la remisión de la causa al Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control para que se pronuncie al respecto de la presente demanda”, se lee en el escueto comunicado que el máximo juzgado publicó en su página de Facebook y en el que no se precisan los argumentos que respaldan la decisión.
Sin embargo, lo más llamativo es que el TSJ no se limitó a desestimar la petición, sino que además “ordena remitir copia certificada de esta decisión al Fiscal General de la República, a fin de que en el ámbito del ejercicio de sus atribuciones constitucionales proceda a verificar lo conducente por los presuntos hechos punibles cometidos por la accionante, ciudadana Andreina Baduel”.
Desde el momento de la detención de su hermano, la joven Baduel ha calificado el hecho como un “secuestro”. “Hasta el momento sus abogados y nuestra familia no hemos tenido comunicación, ni contacto con él. El régimen le está vulnerando sus Derechos Humanos y el derecho constitucional a la defensa privada”, escribió en su cuenta de la red social Twitter .
Aunque en el su comunicado el TSJ tampoco señala cuáles delitos habría cometido la hija del exministro de la Defensa, la Ley Orgánica de Amparo en su artículo 28 establece: “Cuando fuese negado el amparo, el Tribunal se pronunciará sobre la temeridad de la acción interpuesta y podrá imponer hasta de diez días de arresto al quejoso cuando aquella fuese manifiesta”.
Esta no es la primera vez que el máximo juzgado convierte a un denunciante en denunciado. Esta práctica la viene llevando a cabo desde el año 2010, cuando al desestimar una serie de demandas contra el entonces presidente Hugo Chávez, comenzó a pedirle al Ministerio Público que investigara si los denunciantes habían infringido la ley, y hasta se las remitía al Jefe del Estado para decidiera si actuaría personalmente contra quienes pretendieron llevarlo a juicio.
Errores, pero para tanto
El caso de Josnars Baduel se han denunciado irregularidades graves, pero no podrían ser subsanadas mediante un habeas corpus. ¿La razón? “Este tipo de acciones solo se justifican cuando hay detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas, lo cual no ocurre en este caso porque se sabe que los implicados en la llamada Operación Gedeón están en la sede del Sebin, ubicada en El Helicoide, y fueron puestos a disposición de un juez el 8 de mayo, cuando el tribunal del caso se constituyó en las instalaciones ese organismo de seguridad, explicó el penalista Joel García.
El experto cree que en este caso correspondía más un amparo por la violación del derecho que tiene Baduel a estar representado por un abogado de su confianza y a comunicarse con sus familiares. A los implicados en este asunto no les han permitido ver a sus familiares y se les designaron defensores públicos como representantes.
Sin embargo, García considera que la reacción del TSJ ha sido desproporcionada y pareciera ir dirigida a amedrentar a los familiares del detenido. “Lo que están buscando es intimidar a la familia y a sus abogados. Pareciera que no quieren que se sepa que se sepa lo que hay en ese expediente”, afirmó.
La “Operación Gedeón” era un plan ejecutado por soldados venezolanos que desertaron en 2019 y que buscaba detener a Nicolás Maduro y a otros jerarcas chavistas, de acuerdo a la información suministrada oficialmente. Desde la gestión de Maduro afirman que su objetivo era desestabilizar al país y atentar contra la vida de altos funcionarios.
Familia encarcelada
En la actualidad además de Josnars Adolfo Baduel, el patriarca de la familia, Raúl Isaías Baduel, exministro de la Defensa, está tras las rejas por segunda vez. El general ya cumplió una sentencia de 8 años de prisión, entre 2009 y 2015, por presunta corrupción durante su gestión como Comandante General del Ejército y titular del despacho castrense.
En 2017 las autoridades detuvieron de nuevo y lo señalaron de estar vinculado a una conspiración para derrocar al Gobierno de Maduro.
Mientras el general cumplía su primera condena, otro de sus hijos, Raúl Emilio, detenido durante la ola de protestas que en 2014 sacudieron al país, fue condenado a 8 años de cárcel un año después por “instigación al odio”. Sin embargo, fue excarcelado en 2018 en la segunda tanda de presos políticos que recibieron la libertad bajo medidas cautelares.