Transparencia Venezuela, 3 de abril de 2020.- Juan Guaidó es el objetivo a derrotar por el chavismo. Así lo demuestra el hecho de que el aparato judicial, que ha sido afín a Maduro, ha emprendido contra él 10 acciones, que incluyen el inicio de investigaciones o la adopción de sanciones administrativas, desde enero de 2019. Es decir, una cada mes y medio.
La más reciente acción la anunció el 26 de marzo de 2020 el fiscal general designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, quien informó que había ordenado iniciar una averiguación por “traición a la patria” al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien más de 50 países en el mundo reconocen como Jefe de Estado interino. ¿El motivo? Su presunta participación en un nuevo complot contra Nicolás Maduro, en el que participarían militares retirados como el general Cliver Alcalá Cordones, ex edecán del fallecido Hugo Chávez y ex comandante de la IV División Blindada del Ejército.
La supuesta conspiración habría sido desarticulada días antes por las autoridades colombianas, las cuales incautaron un cargamento de armas en la ciudad de Barranquilla que, según lo asegurado por Alcalá Cordones, serían utilizadas para intentar sacar del poder a Maduro. El militar, quien horas después se entregó a las autoridades estadounidenses para responder por cargos de narcotráfico, aseguró que el diputado opositor estaba al tanto de esta iniciativa.
“Las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano, en el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente (Juan) Guaidó, el señor J.J. Rendón, el señor (Sergio) Vergara y asesores norteamericanos”, detalló el militar retirado en un video. Esta versión ha sido negada por Guaidó.
El 31 de marzo, el fiscal general impuesto por la ANC informó que había citado al parlamentario opositor a su despacho para interrogarlo. La convocatoria estaba fijada para el 2 de abril, pero Guaidó no compareció, alegando que Saab no estaba facultado para tomar tal decisión, debido a las circunstancias como llegó a su despacho.
La Fiscalía de Saab versus Juan Guaidó
Diciembre de 2019: El intervenido Ministerio Público anunció, con días de diferencia, el inicio de 2 averiguaciones más contra Guaidó y ambas por corrupción.
El primer proceso se puso en marcha luego de que el embajador designado por el opositor en Colombia, Humberto Calderón Berti, denunció que hubo supuestas irregularidades en el manejo de la ayuda humanitaria y de los fondos para costear los gastos de los militares que desertaron a ese país y que reconocieron a Guaidó como su Comandante en Jefe.
La segunda investigación está relacionada con las denuncias que distintos medios de comunicación lanzaron contra un grupo de diputados, para el momento opositores, por recibir sobornos de empresarios cercanos al Gobierno, con el fin de limpiar su imagen ante gobiernos extranjeros y que se levantaran las sanciones impuestas contra algunos de ellos. En este grupo está el legislador Luis Parra, quien en enero de 2020 se proclamó presidente de la AN con el respaldo del oficialismo.
Septiembre de 2019: Saab también anunció que le abría otras 2 averiguaciones a Guaidó. La primera por “traición a la patria”, porque supuestamente estaba dispuesto a entregar El Esequibo a Guyana, a cambio de apoyo político para sus planes para desplazar al chavismo del poder. El proceso se puso en marcha tras la difusión por parte de la vicepresidenta Delcy Rodríguez de una conversación telefónica entre Vanessa Neumann, una supuesta funcionaria del Departamento de Defensa de Estados Unidos; y Manuel Avendaño, un asesor opositor.
La difusión de grabaciones telefónicas ilegales es una habitual estrategia del oficialismo para justificar procedimientos contra sus rivales. Este tipo de medidas viola el principio constitucional de la confidencialidad de las comunicaciones.
La segunda averiguación estaba relacionada con la presunta vinculación entre Guaidó y grupos paramilitares colombianos. Esto debido a que cuando en febrero de 2019 salió a Colombia para participar en el concierto a favor de la ayuda humanitaria, celebrado en la ciudad fronteriza de Cúcuta, unos presuntos insurgentes lo habrían ayudado.
Marzo de 2019: El Fiscal impuesto por la Constituyente anunció además que investigaría al opositor por el apagón eléctrico que sufrió el país ese mes, por considerarlo “uno de los autores intelectuales” del mismo y todo ello porque el presidente de la AN escribió en Twitter lo siguiente: “Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación”.
Enero de 2019: Y, por último, la primera averiguación que reposa en el intervenido Ministerio Público contra Guaidó data de enero de ese año y la misma por supuesto es en respuesta a su decisión de asumir la Jefatura del Estado de manera provisional. Esto tras la decisión de Maduro de juramentarse, pese a que el grueso de la comunidad internacional no reconoció los resultados de las elecciones de mayo de 2018.
El TSJ y la Contraloría están en la cayapa contra Juan Guaidó
Pero el despacho de Saab no es el único que ha actuado contra Guaidó. Así en el mismo lapso de tiempo, el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado al menos dos sentencias contra el presidente de la AN e interino de la República. La primera fue en enero de 2019 para prohibir al parlamentario salir del país, al tiempo que fueron congelados sus bienes y cuentas.
La segunda se emitió en abril de ese mismo año y en ella el pleno del máximo juzgado despojó de su inmunidad al legislador, pero sin someterlo al antejuicio de mérito del que constitucionalmente disfruta por su cargo, alegando que había cometido “delito flagrante”.
En el ínterin, en marzo de 2019, la Contraloría General de la República también intervenida por la cuestionada Constituyente inhabilitó a Guaidó por 15 años para el ejercicio de funciones públicas, por presuntamente ocultar fondos que recibió del extranjero.
La rapidez con la que se han producido estas acciones contrasta con la lentitud, u omisión directamente, que han exhibido los tres organismos para resolver casos como de la situación de los diputados del estado Amazonas, los escándalos de corrupción de Odebrecht o Cadivi; el desfalco en Pdvsa, o para castigar a los responsables de las muertes ocurridas durante las olas de protestas que sacudieron al país en 2014 y 2017, por mencionar algunos casos que permanecen impunes.
La Contraloría dejó dudas sobre su lucha contra la corrupción venezolana
