Transparencia Venezuela, 22 de abril de 2021.- Leopoldo López. El nombre del exalcalde de Chacao y exprecandidato presidencial parece destinado a engrosar la lista de opositores y disidentes del chavismo a los que la justicia venezolana persigue, pese a encontrarse fuera del país e incluso contar con protección de otros gobiernos.
El Ministerio Público intervenido por la cuestionada Constituyente decidió solicitar a España la extradición del dirigente opositor y para ello presentó el respectivo trámite ante el Tribunal 5 de Control de Caracas. El juzgado decidió remitir el asunto a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, tal y como ordena el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Dicha petición llegó al máximo juzgado el 12 de abril de 2021 y recibió el código AA30P2021000037, según figura en la cuenta número 43 de la máxima instancia.
El despacho dirigido por Tarek William Saab quiere procesar a López por al menos dos hechos. El primer caso se relaciona con la presunta participación del opositor en los sucesos del 30 de abril de 2019, cuando un grupo de militares y de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se alzaron contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Ese mismo día, López fue liberado del arresto domiciliario que venía cumpliendo desde 2017.
El segundo caso sería la llamada Operación Gedeón, que buscaba sacar a Maduro del poder y que se habría puesto en marcha el 3 de mayo de 2020, cuando un grupo de militares desertores que se encontraban en Colombia intentaron ingresar al país, para ejecutar una serie de operaciones militares. El plan fue frustrado por las autoridades.
López se encuentra en España desde el pasado 26 de octubre de 2020, tras abandonar la Embajada de España, en Caracas, en la que se encontraba en calidad de “huésped”, después de que fracasaran los sucesos del 30 de abril de 2019. Aunque el Gobierno del socialista Pedro Sánchez no ha concedido oficialmente asilo al opositor, lo cierto es que cuenta con su protección. La prensa española aseguró, en su momento, que las autoridades del país europeo sospesaban concederle refugio o permitirle permanecer, bajo la figura de “reagrupamiento familiar”, en virtud de que su esposa, hijos y padres ya residen legalmente en esa nación.
Esta situación augura que una eventual petición de extradición no será respondida favorablemente por Madrid.
La lista crece
En los últimos tres años la justicia venezolana ha pedido a España, Italia, Estados Unidos y Colombia que le entreguen opositores o disidentes del chavismo para procesarlos.
Así, en 2018, requirió a Bogotá la extradición de la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, a la que señala de estar implicada en el presunto intento de asesinato contra Maduro, registrado el 3 de agosto de ese año, durante el acto aniversario de la Guardia Nacional. Desde 2017 hay una orden de captura contra el esposo de Ortega Díaz, el exdiputado oficialista Germán Ferrer.
Asimismo, desde 2018 también el TSJ y el Ministerio Público han requerido a España y luego a Italia la entrega del exministro de Energía y expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, para procesarlo por presuntos hechos de corrupción. La persecución contra el exfuncionario comenzó una vez que el otrora zar del petróleo se desmarcó de Maduro a finales de 2017. Antes de eso, la justicia insistentemente había desechado todas las peticiones para investigarlo.
Por último, el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges; y el comisario Iván Simonovis son otros de los opositores que se encuentran en el exilio sobre los que pesan órdenes judiciales.
