Transparencia Venezuela, 26 de marzo de 2021.- Nada menos que 25. Esa es la cantidad de investigaciones que el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 y reconocido por decenas de países como presidente interino de Venezuela, tiene en el Ministerio Público. La más reciente fue abierta esta misma semana y es por “secuestro”, pero no de una persona, sino de unos fondos que la República tiene en el exterior.
“Venezuela posee más de 7 mil millones de dólares secuestrados en bancos extranjeros. No estamos hablando de un dólar, ni de una locha”, afirmó el pasado 25 de marzo el fiscal general impuesto por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, quien responsabilizó al dirigente opositor de esta situación.
“La principal responsabilidad de este secuestro, que impide al Gobierno venezolano hacer uso de estos recursos para atender necesidades de salud y alimentación, recae en quienes han construido la ficción del Gobierno interino”, dijo el funcionario, quien aseguró el bloqueo contra el país dificulta que el Ejecutivo pueda combatir con eficacia la pandemia del Covid-19.
Desde 2017, cuando el Gobierno de Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) terminaron de vaciar de competencias al Parlamento electo en 2015, distintos gobiernos, pero en especial el de Estados Unidos, junto a la Unión Europea (UE), Canadá y algunos países latinoamericanos, han venido imponiendo distintos tipos de sanciones contra funcionarios y algunas instituciones del Estado, con el propósito de castigar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Venezuela, así como actividades de terrorismo y narcotráfico, para así forzar un cambio político.
Entre las medidas impuestas contra organismos públicos, algunas impiden obtener o renegociar créditos o congelan temporalmente los fondos que el país pueda tener en el exterior. Eso es lo que le ocurre al Banco Central de Venezuela (BCV), organismo que no puede acceder a los cerca de 2.000 millones de dólares en oro que tiene depositados Venezuela en el Banco de Inglaterra. En la actualidad la directiva del ente emisor, presida por Calixto Ortega Sánchez, mantiene una batalla legal en los tribunales británicos para conseguir hacerse con esos fondos.
Ni Al Capone
Tras asegurar que las 25 causas contra Guaidó serán unidas en un solo expediente, Saab informó que “a este sujeto se le investiga por el delito de usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes, malversación agravada, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con gobiernos extranjeros, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación para delinquir”.
Sin embargo, lo que no aclaró Saab es por qué continúa en libertad y cometiendo delitos. Tampoco explicó por qué su despacho no ha presentado hasta ahora ninguna acusación en ningún tribunal contra el opositor, a quien calificó abiertamente como “uno de los sujetos más despreciables de la sociedad venezolana”. “Tengan por seguro que la justicia actuará”, fue lo único que se atrevió a decir.
Petición a La Haya
Saab aprovechó el tema de las sanciones para pedirle a la Corte Penal Internacional que emita un pronunciamiento en relación a la denuncia que presentó contra estas medidas. “Las sanciones y el bloqueo de activos que le corresponden a la República terminan siendo crímenes de lesa humanidad y la Corte Penal tiene esas pruebas y debe, en consecuencia, actuar”, dijo, al tiempo que aseguró que las medidas impuestas han producido “violaciones masivas de los Derechos Humanos”.
Sin embargo, no se refirió a la otra denuncia que reposa en el juzgado internacional y que tiene por objetivo sentar en el banquillo de los acusados a Nicolás Maduro, a miembros de su gabinete y de los cuerpos de seguridad y Defensa por actos como ajusticiamientos, torturas, así como desapariciones forzadas y masivas.