Transparencia Venezuela, 15 de julio de 2024. Las posibilidades de que todos los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela terminen sentados en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional (CPI) son nulas. Así lo reconocieron en el juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), desde donde advirtieron que la oficina dirigida por el fiscal Karim Khan se enfocará solo en aquellos funcionarios o exfuncionarios que “tengan el mayor grado de responsabilidad” en los hechos.
Esta afirmación fue hecha en el tercero de la serie de siete videos que la CPI publicó recientemente para explicar su actuación a partir de ahora en la investigación sobre el caso venezolano, conocido como Venezuela I.
“La política de la Fiscalía en materia de enjuiciamiento consiste en centrar sus investigaciones y actuaciones en quienes, a la luz de las pruebas reunidas, tengan el mayor grado de responsabilidad por los crímenes previstos en el Estatuto”, explica en el audiovisual Francisco González Centeno, funcionario de Información Pública de la CPI.
La Fiscalía no está en condiciones de llevar ante la justicia a todas las personas sospechosas de haber cometido los crímenes previstos en el Estatuto de Roma”, se explica.
La Fiscalía de la CPI seleccionará los casos específicos
En el video se anuncia que la Fiscalía de la CPI realizará una selección de los casos que investigará y de los que potencialmente terminará llevando ante los jueces y, para ello, aplicará la “discrecionalidad” que le permite el Estatuto de Roma.
Sin embargo, esto lo hará guiada bajo la más absoluta independencia, imparcialidad y objetividad, lo cual garantiza que la escogencia se hará en virtud “de las pruebas disponibles”, se explica en el video.
Lo anterior tiene sentido, porque la CPI no sustituye a la justicia venezolana, sino que la complementa y solo actúa cuando los tribunales nacionales son incapaces o no tienen voluntad de hacer su tarea.
El Ministerio Público ha asegurado a la Fiscalía de Khan y a la CPI que tiene abiertas 893 investigaciones de violaciones a los derechos humanos.
No obstante, la cifra podría ser mucho mayor, al menos eso es lo que deja entrever el hecho de que más de 9.000 venezolanos presentaron información ante el juzgado con sede La Haya, durante el proceso de apelación que el año pasado iniciaron las autoridades venezolanas y con el buscaban que se cerrara la averiguación que tiene el despacho de Karim Khan.
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En medio de una nueva ola de represión y persecución
Los videos de la CPI se difundieron a solo semanas de que se celebren las elecciones presidenciales del 28 de julio y justo cuando Venezuela atraviesa una nueva ola de represión y persecución contra la disidencia, que son precisamente algunos de los crímenes que la instancia internacional investiga.
En los primeros seis meses del año 38 dirigentes y activistas de partidos políticos vinculados a la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) han sido detenidos por las autoridades, según lo registró Transparencia Venezuela, tras un rastreo de la información que arrojó que ocurrieron 152 eventos que van desde amenazas, cierres de comercios, multas, desinformación, hasta detenciones arbitrarias, entre otras situaciones.
Solo el pasado 4 de julio, cuando se inició oficialmente la campaña presidencial, 14 personas fueron arrestadas por participar en la organización de actos opositores en cuatro estados del país, informó la organización Foro Penal Venezolano. Todos los aprehendidos fueron liberados a las horas, según la ONG.
Asimismo, seis integrantes del movimiento Vente Venezuela, fundado por María Corina Machado, permanecen desde hace más de un mes refugiados en la embajada de Argentina en Caracas.
Pero no solo dirigentes y simpatizantes opositores han sido el blanco de los ataques, sino también los medios de comunicación. Un grupo de 62 organizaciones, en un comunicado dirigido al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró que desde finales del año pasado 14 estaciones de radio han sido cerradas y 47 medios de comunicación digitales continúan bloqueados por los prestadores de servicios de internet.
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Venezuela I: Sin fecha en el calendario y bajo siete llaves
En el segundo video de la serie, se deja en claro que las averiguaciones sobre el caso venezolano pueden demorarse en el tiempo. ¿La razón? “Los dispositivos legales de la CPI no establecen plazo para la realización de la investigación”, explicó González Centeno.
El funcionario de la CPI aseguró que los funcionarios de la Fiscalía diseñada una “estrategia investigativa diferenciada” para cada situación bajo su conocimiento, la cual se basa “en el contexto y especificidades de cada investigación”.
Tras explicar que “este trabajo incorpora enfoques individualizados para la recolección y análisis de pruebas”, González Centeno informó que el proceso de investigación es “estrictamente confidencial”; es decir “no se hace publicidad ni se informa al público sobre las actividades de investigación de la Fiscalía en ninguna situación o caso”.
Lo anterior deja en claro que podrían pasar meses o años antes de que se conozca si la Fiscalía de la CPI ha decidido presentar cargos contra algún funcionario o exfuncionario venezolano por los sucesos ocurridos en el país desde el 12 de febrero de 2014.
Lo que nos enseñan las estadísticas
Las estadísticas confirman lo dicho por el funcionario de la CPI. Desde su puesta en marcha en 2002, el tribunal internacional ha emitido 11 condenas y cuatro absoluciones.
Entre los condenados a penas de prisión por crímenes de guerra o lesa humanidad figuran Bosco Ntaganda, quien fue uno de los comandantes del grupo guerrillero congolés Movimiento 23 de marzo; Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, exdirigente de un grupo paramilitar sudanés cercano al Gobierno de ese país; o Jean-Pierre Bemba Gombo, exministro de la Defensa de la República Democrática del Congo.
La instancia también tuvo en la mira al exdictador libio Muammar Gadafi sobre quien pesaba una orden de captura internacional, pero cuando éste fue ajusticiado por los rebeldes que lo depusieron en 2011 la dejó sin efecto. Otro solicitado es el también expresidente sudanés, Omar al-Bashir.
El primer exjefe de Estado en comparecer ante la CPI fue el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, quien fue absuelto de todos los cargos en su contra en 2019. Esto, tras un juicio que se prolongó por tres años.
El juzgado señaló a Gbagbo de estar detrás de los hechos de violencia que sacudieron al país africano luego de las cuestionadas elecciones de 2010. El político se negó a hacer su derrota en las urnas y acto seguido se produjeron disturbios y protestas en las que unas 3.000 personas perdieron la vida.
La CIDH acusa al Gobierno de buscar “perpetuarse en el poder” con un patrón de persecución
