Transparencia Venezuela, 13 de agosto de 2024. Las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, surgidas durante la represión a las protestas que estallaron tras los cuestionables resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, han llegado a los oídos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Así, el despacho encabezado por el jurista británico Karim Khan ha solicitado a los venezolanos que hayan sido víctimas de algún abuso, así como a sus familiares y activistas en pro de las garantías fundamentales, que presenten información sobre esas vulneraciones a sus derechos humanos.
La Fiscalía de la CPI confirmó que está vigilando de cerca los acontecimientos actuales y ha recibido numerosos informes sobre casos de violencia y otras denuncias posteriores a la elección presidencial en Venezuela.
«Estamos evaluando de manera independiente todos estos informes y la información adicional disponible dentro del marco de nuestro mandato y jurisdicción», añadió un comunicado oficial.
Además, el organismo anunció que a través de su portal en línea (https://otplink.icc-cpi.int/) se puede presentar de manera rápida y segura la información relevante, la cual será revisada y analizada por el personal dedicado a la situación en Venezuela. Todo lo recopilado servirá para posibles «acciones posteriores».
De este modo, la Fiscalía de la CPI sigue el ejemplo de la Misión Internacional Independiente de Verificación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, que recientemente también solicitó información a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil sobre la actual situación en Venezuela.
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El mensaje de la CPI a las autoridades venezolanas
A pesar de que la CPI recordó que “no emite declaraciones públicas” sobre los acontecimientos en curso en los países que investiga, la Fiscalía afirmó que “seguirá de cerca la situación en el terreno con el objetivo de abordarla de la manera más eficaz, de acuerdo con su mandato”.
También destacó que ha contactado a las autoridades venezolanas para recordarles la importancia de “garantizar el respeto al Estado de Derecho en la actualidad”, enfatizando que todas las personas deben ser protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes de acuerdo con el Estatuto de Roma.
Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador de la elección del 28 de julio, con una diferencia de 7 puntos y sin presentar resultados desglosados, estalló una nueva ola de protestas en Venezuela, que fueron severamente reprimidas por fuerzas policiales y militares, así como por grupos civiles armados (presuntos “colectivos”).
Diversas organizaciones han denunciado arrestos masivos y arbitrarios, casos de maltrato, desapariciones forzadas breves y persecuciones. Además, se han compartido en las redes sociales evidencias de algunos de estos abusos, que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía de la CPI, ya que varias de estas conductas son sancionadas por el Estatuto de Roma.
