Transparencia Venezuela, 5 de noviembre de 2020.– La crisis venezolana podría convertirse en el primer caso latinoamericano en manos de la Corte Penal Internacional (CPI). Al menos esta esa es la sensación que dejan las últimas declaraciones de la fiscal del organismo, Fatou Bensouda, quien el 5 de noviembre de 2020 afirmó que tenía una “base razonable” para creer que en el país se cometieron delitos de lesa humanidad y otros crímenes contra los Derechos Humanos.
“La Oficina (de la Fiscal) había concluido su evaluación de la materia y determinó que había una base razonable para creer que los delitos dentro de la jurisdicción de la Corte se han producido en Venezuela”, dijo el despacho Bensouda en un comunicado de prensa que publicó, luego de reunirse con el fiscal general designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab.
Saab acudió a la sede de La Haya (Países Bajos) para reunirse con Bensouda y ofrecerle más pruebas del supuesto daño que las sanciones estadounidenses, contra jerarcas chavistas y algunas instituciones públicas, provocarían en los venezolanos de a pie.
Del pronunciamiento de Bensouda se podrían inferir que iniciará una investigación en relación a las denuncias que a finales de 2017 la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz; y siete países de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentaron contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, por la presunta comisión de violaciones a los Derechos Humanos. En 2017 estalló la más reciente gran ola de protestas contra el Gobierno, producto de las sentencias número 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en la práctica anularon a la Asamblea Nacional.
Ambas querellas se encuentran bajo “examen preliminar”; es decir la primera fase, desde febrero de 2018.
En la misma línea que la Misión
Las palabras de la Fiscal de la CPI ocurrieron menos dos meses después de que la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas presentara su contundente informe sobre Venezuela, en el cual concluyó que “tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el periodo examinado (2014-2019)” y responsabilizó de ello a funcionarios como Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa, general en Jefe Vladimir Padrino López; el entonces ministro del Interior, Néstor Reverol; y el presidente de la cuestionada Constituyente, Diosdado Cabello.
La Misión, en su reporte, llamó a Bensouda a actuar en el caso venezolano al afirmar que “la Fiscalía de la Corte (debería tener) en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la Misión y a los que están bajo su consideración”.
La eventual apertura de una investigación contra funcionarios venezolanos solo será un paso más en una larga carrera, la cual podría demorar años. Solo si al finalizar dicha pesquisa la Fiscalía de la Corte considera que hay motivos para acusar a alguien se podría pensar en un juicio.
Hasta ahora el tribunal de La Haya solo ha celebrado 22 juicios y todos relacionados con hechos ocurridos en África.