Transparencia Venezuela, 7 de julio de 2021.- Que las autoridades venezolanas nieguen información sobre redes criminales que actúan en otros países no debe ser excusa para que Argentina paralice al menos 14 investigaciones de gran corrupción con origen venezolano, pues el avance de las causas, para impedir la impunidad, depende de la agudeza de los fiscales que coordinan las pesquisas en estos procesos, en los que están involucrados unos 3.000 millones de dólares, según estimaciones de fuentes cercanas.
Así se desprende de las apreciaciones del exfiscal anticorrupción argentino, Manuel Garrido, quien reconoce que, aunque la «voluntad política” ejerce un peso determinante a la hora de tratar de sancionar a los responsables, hay pasos que la justicia argentina pueden dar para enfrentar las dificultades que se presentan a la hora de investigar delitos que atraviesan fronteras, especialmente, para recopilar información de los hechos que se producen en distintos países.
Garrido participó en un evento organizado por Transparencia Venezuela- denominado “El silencio que garantiza impunidad. Situación de casos de corrupción entre Venezuela y Argentina” – en el que se analizaron las razones por las cuales las causas adelantadas en Argentina no avanzan, especialmente por la falta de colaboración de las autoridades y el Ministerio Público venezolano. En el encuentro participaron también Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo de Transparency International en Argentina; Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, e Iván Ruiz, periodista de investigación argentino.
En Argentina se procesan casos que van desde la investigación a los hermanos Levy, quienes presuntamente exportaron con sobreprecio a Venezuela productos como suavizante y detergente por unos 550 millones de dólares; los sobreprecios en la exportación de maquinaria agrícola desde Argentina; las ventas irregulares de arroz en las que estaba mencionada la hija de Hugo Chávez, hasta el expediente de Antonini Wilson, que ya tiene 14 años sin resolución, en el que estuvieron comprometidos por los menos 790.000 dólares.
La mayoría de los procesos parten de los negociados que surgieron a partir del fideicomiso bilateral suscrito por los entonces presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez.
Para el exfiscal anticorrupción argentino, Manuel Garrido, el retraso en las causas y la falta de sentencias es “un problema endémico” en su país. Asegura que esto no se debe a la ausencia de un marco jurídico para lograr información entre los países y sancionar a los responsables de corrupción, pues existen tratados del sistema interamericano (Convención Interamericana contra la Corrupción) y de la ONU (Convención de Naciones Unidas) que establecen la asistencia legal mutua, integración unidades de investigación conjunta, cooperación en la entrega de personas, producción de medidas de prueba, entre otros mecanismos. “Claramente no es un problema jurídico”, apuntó.
Resaltó que estos tratados intentan justamente evitar que se eluda el cumplimiento de los mecanismos de cooperación con excusas como la falta de información por parte del país requerido, como es el caso de Venezuela, que no responde a las rogatorias que le han hecho jueces argentinos para obtener información sobre hechos de corrupción que involucra a redes en ambas naciones.
“Por eso se limita la posición de invocar el secreto financiero, se trata de atenuar la exigencia de la doble incriminación de los hechos por los cuales se hace el requerimiento, se fomenta que la entrega de información sea espontánea”, señaló.
El problema, a su juicio, es la distancia entre lo que está en el papel y la realidad, además de que se presupone que hay voluntad para cooperar entre los Estados para perseguir la corrupción, lo que no es necesariamente cierto.
Precisó que lo que puede haber son “dificultades normativas” que no deben ser usadas para paralizar las causas.
“En Argentina, generalmente en este tipo de dificultades normativas pueden ser usadas como excusas para no avanzar en determinados sentidos que pueden entrar en conflicto con intereses políticos o con la voluntad política”, señaló.
Manifestó que, a diferencia de Europa, en América los mecanismos de cooperación presuponen una instancia diplomática y una instancia judicial, lo que impide que la colaboración se produzca de manera directa y representa trabas en las investigaciones.
Habilidad a la hora de investigar
“¿Cómo se supera esto?”, se pregunta el mismo Garrido. En su análisis sostiene que la habilidad de los fiscales argentinos que investigan estos casos está a prueba.
“Ya sea eligiendo bien los tipos penales que se van a plantear en los juicios, partir las maniobras delictivas en secciones, de manera tal de que se pueda acreditar, aunque sea, una parte de las maniobras delictivas. Uno de los problemas que generalmente traban las investigaciones es querer agotar todos los hechos, todas las modalidades, todos los involucrados y eso muchas veces conspira contra la posibilidad de sancionar o de recuperar parte del dinero”.
También señaló que se puede flexibilizar las exigencias para acreditar el llamado “delito antecedente”, por lo que no hay que contar con la acreditación absoluta del delito. Sostiene que en estos procesos se pueden adoptar tipos penales que permitan no depender de una información de un país que, como Venezuela, se niega a responder los exhortos de la justicia argentina.
“Por ejemplo, figuras delictivas en las cuales se sanciona evasión impositiva, falsedades documentales, la figura de enriquecimiento ilícito, la posibilidad de adoptar criterios flexibles respecto del delito antecedente, de las maniobras de lavado, que tienen que ver con la administración fraudulenta. De hecho, la Argentina tiene experiencia en esto en donde la tenencia de recursos injustificados por parte de funcionarios de alguna manera se ha considerado encubrimiento”, señaló.
Agregó que se puede seguir el rastro del dinero y conseguir la información en otras jurisdicciones. “Se puede obtener información, no de ese país que está bloqueando la provisión de información, (…) también es posible obtener información de muchas otras jurisdicciones que sean más colaborativas para acreditar la información sobre estos hechos”.
Estima que la acción política a través del reclamo en los países es fundamental para desmontar las trabas, porque “lo que constriñe la eficacia de estas investigaciones son factores políticos”.
Además, planteó la posibilidad de acudir a “canales informales” que no se deben descartar, aunque dependan de condiciones políticas, al tiempo que invitó a pensar en la participación de una instancia internacional para el juzgamiento de este tipo de hechos.
El papel de la sociedad civil
El exfiscal anticorrupción, Manuel Garrido consideró importante el aporte de las organizaciones de la sociedad civil al momento de hacer el seguimiento de los mecanismos de cooperación en materia de investigación anticorrupción. Sostiene que hay “cierta debilidad” en estos tratados y que es “bastante laxa” la exigencia de su cumplimiento, porque, según afirma, lo que se examina en las rondas de seguimiento son cuestiones “muy formales”.
“No hay seguimiento sobre el número de pedidos de cooperación, el tiempo de demora de la respuesta, el índice de la efectividad de la respuesta o de la calidad de la respuesta. Todos son mecanismos que tienen que ver con situaciones de hecho, más que con situaciones de marco jurídico”, aseguró.
Según el exfiscal anticorrupción argentino hay ejemplos de países en los que sociedad civil ha actuado por sí misma o ha promovido instancias conjuntas importantes. Destacó iniciativas de la sociedad civil en el hemisferio que son ejemplo del rol que pueden jugar en estos procesos los ciudadanos organizados como, por ejemplo, la Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en Honduras y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“Hay buenas experiencias que hay que evaluar, ver cuales son su pro y sus contras, pero que sí, que la sociedad civil puede tener un protagonismo importante”, acotó.