Trasparencia Venezuela, 10 de octubre de 2024. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) es un órgano que “depende jerárquica y funcionalmente” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La declaración, prevista en el artículo 75 de la Ley Orgánica del TSJ, deja en claro que la instancia está subordinada al juzgado y, por lo tanto, debe cumplir cabalmente sus instrucciones. Sin embargo, en la práctica esto no siempre ocurre.
Suprema Injusticia ha encontrado dos casos en los que el TSJ, en particular la Sala Político Administrativa, le giró órdenes a la DEM, organismo que es responsable de pagar los sueldos de los jueces y demás funcionarios judiciales y de mantener las sedes tribunalicias, pero no las cumplió, pese a que han transcurrido más de cinco años desde que fueron emitidas.
A pesar del desacato, el TSJ ha optado por insistir en que se cumplan sus mandatos, como ya lo ha hecho en el pasado sin que esto haya arrojado ningún resultado.
En esta ocasión ha lanzado la advertencia a la DEM, pero sin precisar a nadie en particular. Si no se atienden las órdenes se aplicará la sanción establecida en el artículo 122 de la Ley Orgánica del TSJ.
La norma establece que una “multa equivalente hasta doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a las personas, funcionarios o funcionarias que no acataran sus órdenes o decisiones, o no le suministraren oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar”.
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Un juez que tiene más de cinco años peleando por un dinero que se le debe
El primer caso de desacato afecta al abogado William Simón Ramos Hernández, con casi década batallando para conseguir que la DEM le pague unos salarios que dejó de percibir, luego de que en mayo de 2012 la Comisión Judicial del TSJ dejó sin efecto su nombramiento como juez provisorio del Juzgado Superior Primero del Trabajo de Lara, para luego designarlo en abril de 2013 como Juez Titular en el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del mismo estado.
En julio de 2016, a través de su sentencia número 767, la Sala Político Administrativa del TSJ le dio la razón al juez y le ordenó a la DEM que le pagara los sueldos que no recibió entre mayo de 2012 y abril de 2013. El TSJ dio 10 días de despacho para que le informara si había cumplido sus instrucciones. Pero esto no ocurrió y un año después, Ramos Hernández reclamó al TSJ sus remuneraciones, pero ahora indexadas. Ambas peticiones fueron atendidas.
En diciembre de 2023, por tercera vez, el TSJ requirió a la DEM que le informara qué había ocurrido con este caso. Para agosto de 2024 tampoco se evidenció constancia del pago y reiteró la orden, según se lee en la sentencia número 656 del 26 de septiembre de 2024.
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Un exjuez que tiene siete años batallando para que le paguen su jubilación
El segundo caso afecta al abogado José Gregorio Silva Bocaney, quien en noviembre de 2013 fue removido por la Comisión Judicial del TSJ del Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de Caracas, pero en 2016 consiguió que la Sala Político Administrativo le diera parcialmente la razón y ordenara a la DEM que revisara si tenía derecho a una “jubilación especial”.
Pero, para 2021 la DEM no había analizado el caso, pese a que el demandante había formulado múltiples solicitudes, se lee en la sentencia número 658 del 26 de septiembre de 2024. El TSJ volvió a darle a la DEM 30 días para determinar si acordaba la jubilación especial, so pena de una multa.
La actitud del TSJ con los reiterados incumplimientos por parte de la DEM contrastan con la poca tolerancia que ha mostrado en el pasado reciente hacia otras instancias cuando incumplen sus resoluciones.
Basta con recordar lo ocurrido en 2014 con varios alcaldes opositores, que terminaron tras las rejas por no acatar sus mandatos de mantener las calles libres de barricadas durante las protestas antigubernamentales de ese año o con el bloqueo que le impuso a la Asamblea Nacional electa en 2015.
