Transparencia Venezuela, 21 de septiembre de 2021.- El número de investigaciones que Juan Guaidó tiene abiertas en el Ministerio Público no para de crecer. La semana pasada el fiscal general designado por la cuestionada Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, anunció la vigésimo sexta averiguación relacionada ahora con la crisis que vive la empresa venezolana de fertilizantes Monómeros, situada en Colombia, que se encuentra sometida a un procedimiento de control administrativo por segunda vez en dos años.
A través de su cuenta Twitter Saab informó que Guaidó será investigado “por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir”. Asimismo, informó que esta nueva investigación contra el diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, y a quien unos 50 países reconocen como el presidente interino de la República, será conducida por dos fiscales nacionales.
El pasado 25 de marzo Saab anunció que el dirigente opositor está vinculado 25 averiguaciones penales y es sospechoso de la comisión de al menos 12 delitos, según se puede leer en una nota publicada en la web del Ministerio Público que en su momento reseñó Suprema Injusticia.
“Sobre Guaidó, el titular de la acción penal recordó que aparece vinculado con otras 25 investigaciones por los delitos de usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes, malversación agravada, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con gobierno extranjero, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación”, dice la referida nota de prensa.
De todo un poco
El despacho de Saab señala al opositor de estar implicado en el megapagón nacional de 2019, en planes de asesinato contra Nicolás Maduro y su entorno, pasando por tráfico de armamento, siguiendo por las negociaciones del territorio del Esequibo con Guyana y hasta lo vincula con el asalto a los activos del país.
Horas después del anuncio del fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Guaidó respondió afirmando que “los activos venezolanos desde 2019 están y seguirán protegidos para que la dictadura no siga saqueándolos, como pasó recientemente con la venta irregular de la refinería venezolana en Dominicana”.
El asunto de la empresa Monómeros no solo le ha valido esta nueva averiguación penal al opositor, sino también un pleito con otros partidos que adversan al Gobierno. Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) aprobaron una comunicación dirigida a Iván Duque, presidente de Colombia, en la que cuestionan expresamente la gestión de Carmen Elisa Hernández, quien está al frente de la empresa por designación de la Asamblea Nacional electa en 2015; dan su respaldo a las acciones legales que pueda tomar la directiva para oponerse a la medida de SuperSociedades, y piden la conformación de una Mesa de Acompañamiento con Estados Unidos y Colombia.
El anuncio de la nueva investigación contra Guaidó casi coincidió con la publicación del segundo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, en el cual se reitera que en Venezuela existe una “sistemática” persecución contra la disidencia, que es ejecutada con el aval del Poder Judicial.