Transparencia Venezuela, 25 de julio de 2023. La investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela ha superado otro obstáculo. La Sala de Apelaciones de la CPI desechó la petición del Gobierno de Nicolás Maduro para que le ordenara a la oficina de Karim Khan que detenga sus pesquisas, hasta tanto decide si la misma siquiera debe iniciarse o no, por considerar “infundados” sus señalamientos de que las averiguaciones podrían “retraumatizar” a las víctimas.
La decisión la adoptó la Sala de Apelaciones- integrada por los magistrados Marc Perrin de Brichambaut, Piotr Hofmański, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Gocha Lordkipanidze- según se lee en un auto publicado el pasado 20 de julio de 2023 y en el cual se afirma que “la falta de razones convincentes” por parte de las autoridades venezolanas fue el motivo para rechazar la solicitud presentada a principios de julio.
En el documento, de siete páginas de extensión, la Sala de Apelaciones de la CPI calificó de “especulaciones” las afirmaciones del Gobierno venezolano de que las investigaciones de Khan “generarían un trauma innecesario” a las víctimas, porque deberían someterse a nuevas entrevistas y revivir lo vivido; además “mancillarían la integridad de la evidencia”.
“Venezuela no logró demostrar que la reanudación de la investigación de la Fiscalía daría lugar a consecuencias que ‘serían muy difíciles corregir y que pueden ser irreversibles’”, apuntaron los magistrados.
¿A quién protege el gobierno de Maduro?
Resulta llamativo que las autoridades venezolanas pretendieran utilizar el bienestar de las víctimas como razón para buscar que se paralicen las averiguaciones de la Fiscalía de la CPI. Con este argumento los representantes del gobierno de Maduro ignoraron que hace solo unos meses casi 9.000 venezolanos pidieron a la CPI que conociera sus casos, por considerar que la justicia nacional no ha mostrado voluntad de hacer su trabajo.
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El señalamiento de las autoridades venezolanas en favor de las víctimas es contradictorio con respecto a lo que ha sido su postura, pues en todas sus acciones el Gobierno de Maduro ha puesto en duda que en Venezuela hayan ocurrido crímenes de lesa humanidad; y, por lo tanto, la existencia de las víctimas de estos hechos.
Precisamente para velar por las víctimas, la Sala de Apelaciones de la CPI autorizó a la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas a participar en el proceso relacionado con Venezuela, por considerarlo lo mejor para los intereses de los afectados por los sucesos ocurridos en el país.
La Haya ignoró las amenazas de Caracas
Pero la Sala de Apelaciones no solo consideró puras elucubraciones los señalamientos del Gobierno de Maduro sobre la posibilidad de que las averiguaciones del Fiscal Karim Khan podrían perjudicar a las víctimas, sino que tampoco halló motivos para creer que las pesquisas podrían afectar el recurso de apelación también interpuesto por las autoridades venezolanas.
“El Fiscal también argumenta que, mientras la Sala de Apelaciones decide sobre el fondo de la apelación, Venezuela puede continuar con sus investigaciones y procedimientos internos, independientemente de la investigación en curso de la Fiscalía”, razonó la instancia.
La representación del gobierno de Maduro persigue con su apelación que se le impida a la Fiscalía de la CPI investigar lo ocurrido en Venezuela, bajo el argumento de que no ocurrieron crímenes de lesa humanidad, sino algunos abusos y excesos que ya están siendo investigados.
El Ministerio Público ha informado que tiene 893 averiguaciones relacionadas con violaciones a los Derechos Humanos ocurridas desde 2017. Sin embargo, ha admitido que 606 de ellas (67,86%) se hallan en fase de investigación y en 764 (85,55%) ni siquiera había logrado determinar a los autores de los crímenes. Y, por último, ha reconocido que solamente 23 casos (2,58%) han terminado con una condena por parte de un juez.
La CPI también ignoró amenazas de las autoridades, según las cuales el permitirle al Fiscal Khan proseguir con sus averiguaciones pondría en peligro el memorando de entendimiento que el Gobierno firmó con el despacho del jurista británico a finales de 2021.
“La Sala de Apelaciones en primer lugar toma nota de los argumentos de Venezuela con respecto al MDE (memorando de entendimiento). Sin embargo, Venezuela no demuestra que exista el riesgo de consecuencias irreversibles para el MDE, especialmente a la luz del compromiso público del Fiscal de seguir comprometido con la cooperación en virtud del MDE en caso de que se reanudara la investigación”, replicaron los magistrados.
