Transparencia Venezuela, 27 de junio de 2023- Luz verde para continuar con sus investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Esto fue lo que el Fiscal Karim Khan obtuvo de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), que tras un proceso que se prolongó por casi ocho meses decidió este 27 de junio de 2023 permitirle al jurista británico retomar sus pesquisas y tratar de identificar a los presuntos responsables de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país.
La decisión la adoptó la instancia, en un auto de 45 páginas de extensión en el cual declaró que “Venezuela no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos a que se refiere el artículo 5 del Estatuto (de Roma)”.
“La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: de genocidio; de lesa humanidad; de guerra y de agresión”, señala la norma antes mencionada.
En el caso de Venezuela la Fiscalía de la CPI tiene motivos para sospechar que se han cometido crímenes de lesa humanidad, tales como persecución, tortura y malos tratos, homicidio y detenciones ilegales y arbitrarias, “al menos desde 2017”.
Las autoridades venezolanas, por su parte, sostienen que están investigando las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país y como prueba han esgrimido que el Ministerio Público tiene abiertas 893 averiguaciones contra funcionarios, exfuncionarios y particulares. Sin embargo, también han reconocido que apenas 23 casos (2,58%) han terminado con una condena por parte de un juez, mientras que 606 (67,86%) se hallan en fase de investigación y en 764 (85,55%) ni siquiera han logrado determinar a los autores de los crímenes.
Los cinco motivos para autorizar la investigación sobre la situación de Venezuela
Los magistrados Péter Kovacs, Reine Adélaide Sophie Alapini y María del Socorro Flores Liera, miembros de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, reconocieron que “Venezuela está tomando algunas medidas de investigación”. Sin embargo, consideraron que esas medidas no son insuficientes y acto seguido ofrecieron cinco argumentos para justificar la intervención del despacho del Fiscal Khan:
- “Venezuela no está investigando (y no expresa ninguna intención de investigar) las alegaciones sobre crímenes de lesa humanidad”, fue el primer motivo.
En sus sucesivos escritos, a la CPI las autoridades de Venezuela han negado que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad “ni siquiera superficialmente”. Una tesis que Karim Khan rechaza frontalmente.
- El segundo motivo fue que las investigaciones parecen estar dirigidas “generalmente” en contra de “los perpetradores directos”, quienes en su mayoría son funcionarios de “bajo nivel”.
Pese a lo generalizado y extendido geográficamente y en el tiempo de los crímenes, hasta ahora ningún alto funcionario venezolano ha sido investigado ni mucho menos condenado por la justicia nacional. Los casos del concejal Fernando Albán, del capitán Rafael Acosta Arévalo y del estudiante universitario Juan Pablo Pernalete corroboran esto último.
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El Estatuto deja en claro que se deben investigar las posibles responsabilidades u omisiones de los altos mandos.
- El hecho de que las investigaciones sean “limitadas”, que se hayan registrado “períodos de inactividad investigativa inexplicable”.
- Que las investigaciones no reflejan “suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar.
- Que hay una intencionalidad discriminatoria subyacente en el presunto delito de persecución y la “insuficiente investigación de los delitos de naturaleza sexual” .
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La CPI atendió la solicitud de las víctimas
La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares está en consonancia con el sentimiento de las casi 9.000 víctimas que atendieron el llamado de la CPI y que fijaron posición sobre si se debía permitir al Fiscal Karim Khan reanudar sus averiguaciones.
En el auto, la instancia internacional ubicada en La Haya, Países Bajos, afirmó que “con excepción de las opiniones emitidas en cuatro formularios, la totalidad de las potenciales víctimas indicaron que deseaban que la Fiscalía continuará con sus investigaciones”.
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Las cuatro víctimas que se opusieron al reinicio de la investigación lo hicieron no porque consideraran que las autoridades venezolanas estaban haciendo su trabajo, sino porque temían por su seguridad, se lee en el dictamen. Una preocupación que manifestó la mayoría de los venezolanos que participaron en el proceso de consulta desarrollado entre finales de 2022 ydifundida por el ministro principios de este año, figura en el dictamen.
Autoridades venezolanas insisten en que la CPI es parte de «una maniobra»
La respuesta de las autoridades venezolanas a la decisión que reactiva las averiguaciones con respecto a Venezuela en la CPI fue difundida por el canciller Yván Gil a través de un comunicado en el que se insiste en que se trata de una supuesta «maniobra» impulsada desde Estados Unidos.
El gobierno de Maduro pone una vez más en tela de juicio la credibilidad de la CPI. En el texto se anuncia que la decisión de reanudar el Caso Venezuela I será apelada ante la sala correspondiente.
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