Transparencia Venezuela, 8 de mayo de 2023.- Los intentos del Gobierno de Nicolás Maduro de dilatar el proceso en la Corte Penal Internacional (CPI) fracasaron. ¿La razón? La Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) rechazó la petición que las autoridades venezolanas le hicieron para que se les permitiera darle respuesta a los señalamientos realizados por las cerca de 9.000 víctimas de crímenes de lesa humanidad, que acudieron ante el organismo a exponer sus casos y su opinión respecto a la labor del Estado venezolano para sancionar las violaciones de Derechos Humanos.
“La Sala no otorgará a Venezuela la autorización (para replicar) en el presente caso”, anunció la instancia de la CPI en el auto de siete páginas que este 8 de mayo publicó, en el cual se afirma que los funcionarios venezolanos “no identificaron de manera persuasiva ningún aspecto específico del informe (de la Sección para la Participación de las Víctimas y la Reparación) que requiera una respuesta”.
A finales de abril, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil Pinto, pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que le concediera al Estado venezolano hasta el próximo 30 de mayo para ripostar a las afirmaciones hechas por los venezolanos que enviaron al juzgado internacional información sobre sus casos.
La información remitida por las víctimas fue compilada por la Sección para la Participación de las Víctimas y la Reparación de la CPI en un duro informe de 57 páginas extensión, el cual fue publicado el 21 del mes pasado.
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En el reporte, no solo incluye detalles sobre los casos de detenciones arbitrarias, tortura, violación y persecución que sufrieron las víctimas, sino que ellas de manera “abrumadoramente” mayoritaria solicitaron a la Sala de Cuestiones Preliminares que le permita al fiscal de la CPI, Karim Khan, retomar sus averiguaciones sobre lo ocurrido en Venezuela. Esto, por considerar que la justicia venezolana es incapaz investigar hasta las últimas consecuencias lo ocurrido, por cuanto está controlada por el Gobierno.
“El informe presenta hechos relativos a presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas, incluso los perpetradores podrían haber sido sancionados ya o podrían ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial venezolano”. Estos fueron los tres argumentos que las autoridades venezolanas esgrimieron para formular su petición.
“Ninguna víctima ha sido admitida para participar en el proceso y, por lo tanto, el nivel de respuesta solicitado por Venezuela no se justifica en la etapa actual. En estas circunstancias, la Sala no considera necesario recibir presentaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en este procedimiento”, replicó la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI.
No más demoras en el caso sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El llamado caso Venezuela I, referido a las presuntas torturas, detenciones masivas y arbitrarias, persecución y violación que las autoridades pusieron en marcha desde 2017 contra sus adversarios, ni siquiera se encuentra formalmente en fase de investigación. La Sala de Cuestiones Preliminares debe decidir ahora si autoriza o no al fiscal Khan a retomar sus indagaciones, una tarea en la que la instancia se embarcará a partir de ahora.
“Habiendo recibido todas las presentaciones pertinentes, la Sala procederá ahora con su análisis y decisión sobre la solicitud de reanudación de la investigación”, se lee en el auto, el cual deja entrever que el momento de exponer los argumentos y contraargumentos será el eventual juicio.
La decisión fue saludada desde el movimiento venezolano de Derechos Humanos. “No rindió frutos la táctica dilatoria”, afirmaron desde la organización Acceso a la Justicia.
“Los alegatos del Gobierno fueron vagos y no persuadieron a los jueces de la CPI de que se requería una respuesta y además las normas de la CPI no establecen que un Estado pueda responder a un informe de potenciales víctimas en esta etapa”, agregó Calixto Ávila, miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Tergiversando a la CPI
Pese que la Sala rechazó su petición, el Gobierno venezolano ha pretendido venderla como un éxito. Así, se ha querido hacer creer que para que la CPI le ha dado la razón a su tesis de que en el país no ocurrieron crímenes de lesa humanidad.
“La referida decisión reconoce que el informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional solo recoge las opiniones de “víctimas potenciales”, determinando así expresamente que, hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal por la Corte Penal Internacional (…) Con este pronunciamiento, la Sala de Cuestiones Preliminares confirma lo que ha sostenido Venezuela desde el inicio del proceso: No existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional”, se lee en el comunicado que el 8 de mayo emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La interpretación que hacen las autoridades venezolanas no tiene sustento, por cuanto la Sala solamente ha dicho que todavía no ha admitido la participación de las víctimas, lo cual tiene lógica porque el proceso, como ya se dijo, está en la fase inicial de investigación.
