Transparencia Venezuela, 1 de marzo de 2024. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, podrá continuar con sus investigaciones por los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, pues el juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) rechazó la solicitud del Gobierno de Nicolás Maduro que buscaba paralizarlas.
La decisión la adoptó la Sala de Apelaciones del tribunal de Naciones Unidas en su sentencia número ICC-02/18 OA, dictada el 1 de marzo de 2024 y en la cual confirmó, por unanimidad, la decisión que en julio pasado adoptó la Sala de Cuestiones Preliminares, instancia que autorizó a Khan a retomar sus averiguaciones sobre lo ocurrido en el país.
“La Sala de Apelaciones (…) concluye que la Sala de Cuestiones Preliminares no erró”, “Venezuela no demuestra error alguno” o “Venezuela tergiversa la decisión impugnada, y presenta argumentos carentes de fundamento respecto de otros puntos”. Estas fueron las respuestas que los magistrados – Marc Perrin de Brichambaut (presidente), Piotr Hofmański, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Gocha Lordkipanidze- dieron a todos y a cada uno de los seis presuntos vicios e irregularidades denunciadas por las autoridades venezolanas en el dictamen de 140 páginas de extensión.
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Los representantes del Gobierno sostuvieron que la Sala de Cuestiones Preliminares se equivocó al hacer que Venezuela asumiera la carga de la prueba y demostrar que estaba investigando los crímenes de lesa humanidad. También denunciaron que ni el despacho de Karim Khan ni la Sala de Cuestiones Preliminares analizaron toda la información aportada por el Ministerio Público y la Cancillería venezolana, sino solamente algunos casos que habían sido traducidos al inglés.
Asimismo, las autoridades venezolanas expusieron que no tenía claridad sobre qué hechos estaba investigando el Fiscal Khan, por cuanto en unos documentos le refirió hechos ocurridos en 2017 y en otros de 2014; y que se les estaba forzando investigar crímenes no previstos en la legislación nacional como la “discriminación”.
En su recurso, el Gobierno también sostuvo que la Sala de Cuestiones Preliminares cometió un error de derecho en su evaluación del principio de complementariedad, por cuanto dictaminó que no estaban investigando los hechos a partir de la cantidad de procesos judiciales iniciados y los rangos de los procesados.
Y, por último, expusieron que ni Karim Khan ni la Sala de Cuestiones Preliminares tomaron en cuenta sus explicaciones para justificar los retardos en algunas investigaciones.
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Un hecho histórico
El dictamen despeja definitivamente el camino para que ciudadanos venezolanos, funcionarios o no, sean los primeros latinoamericanos en tener que enfrentar un proceso en la CPI.
La decisión ha sido saludada por organizaciones de Derechos Humanos.
“En un contexto marcado por el desmantelamiento del Estado del Derecho en el país y una nueva ola de persecución a contra todas las voces disidentes, la respuesta de la CPI supone un giro importante, ya que permite avanzar la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho penal internacional cometidos por el régimen de Maduro”, afirmaron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en un comunicado conjunto.
Por su parte, desde el Comité de Familiares Víctimas del Caracazo (Cofavic) calificaron el dictamen como “una oportunidad para la justicia”, la cual es “siempre una esperanza para las víctimas y para toda la sociedad”.
El Gobierno insiste en denunciar una “guerra judicial”
La reacción de las autoridades no se hizo esperar y en comunicado expresaron su «desacuerdo» con la decisión, por considerar que «responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido».
«Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos que, como se evidenció con toda la información aportada por Venezuela, han sido o están siendo debidamente investigados o sancionados por las autoridades del sistema de justicia», se agrega en el comunicado.
En 2022 el Ministerio Público le aseguró al Fiscal Karim Khan que estaba investigando 893 casos de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, admitió que 606 (67,86%) se hallaban en fase de investigación y en que 764 (85,55%) ni siquiera había logrado determinar a los autores de los crímenes. Y apenas 23 casos (2,58%) habían terminado con una condena por parte de un juez.
Casos como el del estudiante Juan Pablo Pernalete, asesinado en Caracas en 2017 en las inmediaciones de la plaza Altamira, son emblemáticos. En un principio el Ministerio Público entonces dirigido por Luisa Ortega Díaz apuntó su dedo hacia la Guardia Nacional. Sin embargo, Tarek William Saab refutó este señalamiento y denunció que las pruebas habían sido manipuladas para señalar a los militares.CPI
No obstante, tres años después Saab dio un giro y admitió que la primera versión era la correcta, sin explicaciones ni disculpas para los familiares de la víctima.
