Transparencia Venezuela, 24 de junio de 2021.- No ha sido una, ni dos veces las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le ha ordenado al Estado venezolano adoptar medidas para proteger a los miembros de la familia Barrios. Sin embargo, dichas peticiones han caído en saco roto y, por ello, el juzgado hemisférico ha debido dictar este año una décima decisión, en la cual instruye a las autoridades nacionales a proteger la vida y la integridad física del clan aragüeño, que desde 1998 ha visto como 10 de sus miembros han sido ajusticiados por efectivos policiales.
El pasado 22 de abril el tribunal con sede en San José (Costa Rica) adoptó una nueva medida provisional, atendiendo las peticiones que le presentaron desde el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) y desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Las organizaciones acudieron nuevamente a la Corte, luego de que el pasado 26 de enero de 2021 tres presuntos miembros de la policía municipal del Municipio de Carrizal (Miranda), uniformados y portando armas de fuego ingresaran “por la fuerza y sin orden judicial a la residencia que Víctor Cabrera Barrios comparte con su esposa e hijo. Luego de identificar Cabrera Barrios, los presuntos policías lo habrían esposado, golpeado, y habrían amenazado a su esposa de ´darle una golpiza y llevársela detenida por obstrucción a la justicia, mientras que su hijo Ángel, al ver lo que ocurría, comenzó a llorar´. Cabrera habría sido detenido y posteriormente trasladado en una patrulla a la sede de la Policía. Según los representantes, ´[u]na vez acostado en el piso de la patrulla, uno de [los policías] le habría colocado su bota sobre su rostro hasta que llegaron a la estación policial´. Al llegar a la estación, el beneficiario fue trasladado a una ´celda con poca iluminación´ y lo habrían golpeado ´en todas las partes de su cuerpo […] fue colocado boca abajo, esposado y mientras le golpeaban, le colocaron una bolsa en la cabeza, asfixiándolo´.
Pese a que Cabrera Barrios informó a los funcionarios que “gozaba de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana, los presuntos funcionarios le manifestaron: “nosotros no tenemos nada que hacer con eso, no nos interesa nada”.
En 2011, la Corte condenó a Venezuela por el exterminio de este clan, sin embargo el fallo ha sido desacatado olímpicamente, así como ha ocurrido con 28 de las 30 sentencias que el juzgado ha dictado sobre el país en las últimas dos décadas.
Un exterminio a toda regla
El 27 de agosto de 1998 Benito Barrios fue sacado a patadas de su casa, golpeado y esposado por seis oficiales de la Policía de Aragua y su cuerpo fue ubicado al día siguiente en la morgue de Barbacoa (Aragua), con tres disparos en el cuerpo. Desde entonces su hermana mayor, Eloísa Barrios, ha dedicado su vida a buscar justicia, una tarea que ha colocado en la mira al resto de sus seres queridos.
Así, en los últimos 20 años otros nueve hombres de la familia Barrios ha sido asesinados y otros parientes han sido víctimas de detenciones arbitrarias, acoso y hostigamiento, por lo que han debido dejar su natal estado Aragua y dispersarse por el país.
Este caso es para Cofavic emblemático e ilustrativo de los efectos que tienen el desacato a las decisiones de la Corte IDH y la ausencia de castigo. “Cuando un caso de Derechos Humanos queda impune no está afectando a las víctimas sino a la sociedad, porque el mensaje que se manda a los criminales es que estos hechos se pueden repetir sin ningún tipo de consecuencia», afirmó Liliana Ortega, directora ejecutiva de esta organización.