Transparencia Venezuela, 18 de enero de 2022.- Venezuela despidió el 2021 con un nuevo jalón de orejas de parte un de organismo internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reprendió al Estado por ignorar el plazo que le había dado para comenzar a cumplir con los mandatos y órdenes de la sentencia que emitió en 2018 contra la llamada “Lista Tascón”, por lo que exigió cesar en esa actitud.
La amonestación figura en una comunicación que el juzgado con sede en San José (Costa Rica) remitió el 21 de diciembre de 2021 al Gobierno y al representante de las víctimas, Héctor Faúndez Ledesma, informó la organización Control Ciudadano en un comunicado de prensa.
En la misiva, según esta organización, la Corte IDH recordó a las autoridades venezolanas que en 2019 venció el plazo de un año para presentar el informe sobre cuáles serían los órganos, instituciones o funcionarios estatales encargados o responsables de implementar las medidas de reparación dictadas a favor de Rocío San Miguel, Magally Chang y Thaís Peña, así como el cronograma de trabajo para su cumplimiento total.
El caso se remonta al año 2004, cuando San Miguel, Chang y Peña fueron despedidas del Consejo Nacional de Fronteras por el entonces vicepresidente José Vicente Rangel, tras publicarse la “Lista Tascón”, que contenía los nombres y documentos de identidad de todas las personas que respaldaron la petición de referendo revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez Frías.
El documento que lleva el nombre del desaparecido diputado Luis Tascón, quien la hizo pública, fue utilizado por autoridades para despedir a funcionarios públicos, o negar trabajo y otros beneficios a quienes figuraban en el listado.
No se puede olvidar que en 2021 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció su decisión de abrir formalmente una investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad que habrían ocurrido en Venezuela desde 2017.
Una política de Estado
El desacato del Estado venezolano a la Corte IDH fue criticado por Rocío San Miguel. “Es francamente cruel el comportamiento del Estado venezolano en materia de Derechos Humanos. Han pasado 17 años de los hechos y a pesar de tener una sentencia favorable en nuestro caso, de un órgano internacional, el Estado se niega a cumplirla”, apuntó.
De la treintena de sentencias que el juzgado hemisférico ha dictado contra Venezuela solamente dos han sido cumplidas parcialmente: El Amparo y El Caracazo. El resto de las decisiones han sido ignoradas olímpicamente, una situación que según organizaciones de Derechos Humanos no solo revictimiza a las víctimas, sino que abre las puertas para que nuevas violaciones se produzcan, pues no se aplican los correctivos.
