Transparencia Venezuela, 28 de julio de 2021.- El ajusticiamiento de Jimmy Rafael Guerrero y de su tío Ramón Antonio Molina, ocurrido en marzo de 2003 en el estado Falcón, y que fue cometido por agentes de la policía de esa entidad federal, le valió a Venezuela su vigésima séptima condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la instancia internacional no solo declaró al Estado culpable violar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial a las víctimas, sino que, de paso, consideró que estos crímenes ocurrieron porque ambos fallecidos eran pobres.
Así lo dejó en claro el juzgado con sede en San José (Costa Rica), en su fallo dictado el 3 de junio de 2021, en el cual se consideró que la condición socio-económica de Guerrero y Molina selló su suerte.
“Lo sucedido se enmarca en un contexto de violencia policial contra hombres jóvenes en situación de pobreza”, se lee en el dictamen, en el que también se recuerda que Guerrero, quien para el momento de su muerte tenía 26 años de edad y vivía en su sector marginal de Falcón, fue hostigado, amenazado, detenido y maltratado en varias ocasiones por agentes policiales, quienes, a criterio de la Corte, veían en el “riesgo para la sociedad”.
El dictamen de la Corte se compagina con los datos recabados por organizaciones de Derechos Humanos como el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), que en una investigación publicada en 2017 denunció que de los 2.379 casos de ejecuciones extrajudiciales que contabilizó en 2016, 98% de las víctimas eran hombres y 82% tenían menos de 25 años de edad. Asimismo, determinó que la inmensa mayoría vivía en barriadas pobres de las grandes ciudades.
Lo anterior deja en claro que ser hombre, joven y pobre es altamente peligroso en Venezuela.
Un flagelo que pica y se extiende
Este no es la primera condena que Venezuela recibe de la Corte IDH debido a los abusos y actuaciones irregulares de sus cuerpos policiales, pero tampoco podría ser la última proveniente de un organismo internacional de protección de Derechos Humanos. ¿La razón? Este flagelo lejos de reducirse tiende a agravarse.
De los 11.891 homicidios que el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) contabilizó en 2020, unos 4.000 fueron por “resistencia a la autoridad”. Entre otras palabras las policías acabaron con la vida de 4.000 personas, bajo la excusa de ser delincuentes que se negaron a entregarse o se enfrentaron a tiros con ellos.
“Desde 2016 hay un aumento de la letalidad policial en relación con el total de las muertes provocadas por los delincuentes”, dice el informe 2020 del OVV. “Desde entonces, cada año hay más víctimas por haberse resistido a la autoridad que por homicidios de cualquier tipo”.
Haciendo memoria
En la madrugada del 30 de marzo de 2003, Jimmy Guerrero, Ramón Molina y otra persona se dirigieron a realizar unas compras. Al llegar a una licorería situada en la urbanización Santa Irene de la ciudad de Punto Fijo, en el estado Falcón, Guerrero se bajó del automóvil y se dirigió al comercio. En ese momento llegó al lugar un vehículo, del cual descendieron al menos dos personas, vestidas con uniforme policial. Una agarró al joven, cuando él estaba en la puerta de la licorería, y le disparó; otra se dirigió al carro en el que se encontraban Molina y la otra persona y les disparó. Guerrero y Molina fallecieron.
Estos hechos ocurrieron luego de que entre 2002 y 2003 la víctima sufriera distintos tipos de ataques y hostigamientos por parte de agentes policiales, razón por la cual acudió ante el Ministerio Público y en dos ocasiones a la Defensoría del Pueblo. No obstante, ninguna de esas instancias tomó cartas en el asunto.
Más de 18 años después este crimen continúa impune. Las autoridades venezolanas admitieron su responsabilidad y se comprometieron a hacer justicia a las víctimas y evitar que este tipo de crímenes se repitan. Sin embargo, el hecho de que casi la totalidad de las sentencias de la Corte IDH hayan sido desacatadas por las autoridades venezolanas no da motivos para el optimismo.