Transparencia Venezuela, 6 de julio de 2023. Pese a que Venezuela tiene décadas siendo percibida como uno de los estados más corruptos del mundo y de que en al menos 27 países- sin incluir el nuestro- hay 150 investigaciones abiertas por irregularidades administrativas ocurridas en estas tierras, la corrupción y su impacto en las garantías fundamentales de los venezolanos fue ignorada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el último informe que presentó sobre el país.
Ni un segundo dedicó el jurista austriaco a los malos manejos de los fondos públicos. A pesar de que hace dos meses las autoridades venezolanas lanzaron su enésima cruzada contra la corrupción, reconociendo un desfalco llamado Pdvsa Cripto – que superaría los USD 16 mil millones, según un análisis de Transparencia Venezuela y la consultora Ecoanalítica-, un caso con más de 60 detenidos y dos fallecidos, hasta ahora.
La única referencia, y tangencial al tema de la corrupción, que hizo Türk fue cuando criticó la ineficacia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público que en septiembre de 2021 aprobó la Asamblea Nacional.
“(Se) siguió registrando solicitudes de acceso a la información pública presentadas por la sociedad civil, 71 de ellas en el período que abarca el presente informe. Según los informes, la mayoría de estas solicitudes no recibieron respuesta”, reportó.
El tema de la enorme corrupción en Venezuela no debe quedar relegado del análisis sobre la violación de Derechos Humanos, pues en nuestro país hay millones de víctimas de la corrupción, unas directas y muchas otras indirectas. Son graves los efectos que el desfalco a las arcas del Estado, estimado conservadoramente en más de USD 69 mil millones, en los derechos en sectores como la salud, alimentación, educación; calidad de los servicios públicos como el agua potable, la electricidad, así como en las oportunidades de desarrollo, la superación de la pobreza y la desigualdad.
En el reporte que Türk presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado 4 de julio, sí denunció las secuelas que las sanciones impuestas por los gobiernos de Estados Unidos, los de la Unión Europea (UE) y otros países tendrían en la economía venezolana. Estás medidas, según su informe, “exacerban los desafíos preexistentes y limitan el goce de los derechos humanos de las personas”. Y, por ello, el funcionario de la ONU solicitó su levantamiento.
Inhabilitaciones y persecuciones
La inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años que la Contraloría General de la República le impuso a María Corina Machado a finales del mes pasado sí figuró en el informe de Türk, quien cuestionó que “no se emitió ninguna notificación sobre la apertura de procedimientos, ni advertencia previa a estas inhabilitaciones, restringiendo así el derecho a la defensa”.
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“Venezuela debe adoptar medidas para prevenir, mitigar y sancionar todo ataque, intimidación y criminalización de personas contra voces consideradas disidentes, y asegurar la participación significativa, inclusiva y vial de los actores, para garantizar el pleno disfrute del espacio cívico”, reclamó.
El Alto Comisionado expresó preocupación por las restricciones al ejercicio de los derechos civiles y políticos que padecen los venezolanos y los cuales quedaron de manifiesto con la detención de los sindicalistas en las empresas básicas de Guayana, la aplicación “generalizada” de la Ley contra el Odio a periodistas y activistas de Derechos Humanos, así como por las intenciones del chavismo de aprobar las leyes de Cooperación Internacional y de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales.
También expresó “gran preocupación” porque en junio de 2022 la empresa Movistar admitiera que más de 1,5 millones de sus clientes fueron objeto de “solicitudes de interceptación” de sus llamadas o por millón de sus mensajes, por parte de las autoridades.
Venezuela: menos muertes o más temor
Türk, en su informe, volvió a reportar una “reducción de las muertes en el contexto de operaciones de seguridad”. No obstante, no dio por hecho que esto se deba a que los policías venezolanos vienen cometiendo menos ajusticiamientos o haya menos crimen en Venezuela. Por el contrario, ofreció otra tesis: miedo.
“Es posible que no se denuncien todos los casos de muertes en el contexto de operaciones de seguridad, incluso debido al temor a las represalias”, expuso.
En contraposición, confirmó que la tortura continúa campando a sus anchas por los cuerpos policiales, pues documentó otros 22 casos desde 2018. Hasta ahora la Oficina del Alto Comisionado contabiliza 114 casos de tratos inhumanos.
La justicia venezolana sigue sin funcionar
Türk confirmó que las reformas legales e institucionales puestas en marcha en los últimos meses en el Poder Judicial venezolano siguen sin rendir resultados. Y como prueba señaló que, de los casos de los 91 policías y militares denunciados por incurrir en violaciones a los Derechos Humanos, que su oficina ha monitoreado, no tiene constancia que ninguno esté siendo juzgado.
Otros ejemplos que mencionó fueron los casos de Robert Redman y de José Alejandro Márquez, ambos asesinados durante la represión a la ola de protestas antigubernamentales que estalló en 2014. Pese a que han transcurrido nueve años desde los hechos, las autoridades han sido incapaces de condenar a los autores de dichas muertes.
“El alto comisionado observó continuas demoras en los procedimientos judiciales, incluidas las investigaciones, las audiencias y los enjuiciamientos que erosionan las garantías procesales y el debido proceso, así como problemas para cumplir los plazos legalmente establecidos para la publicación de las sentencias”, expuso.
La reforma que la Asamblea Nacional oficialista realizó al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en septiembre de 2021 supuestamente serviría para erradicar este tipo de fallas.
