Transparencia Venezuela, 2 de mayo de 2024. En 2023 no se avanzó un ápice en la restauración de la independencia judicial ni de las demás instituciones del Estado venezolano, una omisión que tuvo sus consecuencias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que el control que el Gobierno de Venezuela ejerce sobre el resto de los órganos del Poder Público facilitó la corrupción, un fenómeno que propicia la violación de los derechos humanos; además profundizó la impunidad y la discriminación hacia determinados sectores de la población.
El señalamiento está recogido en el informe anual que la CIDH, organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó recientemente; y en el cual por decimonoveno año consecutivo Venezuela figura en la “lista negra” en materia de derechos humanos (capítulo IV).
“La gobernanza pública en Venezuela se maneja con absoluta opacidad”, advirtió la CIDH y aseveró que la ausencia de transparencia e información pública sobre la administración de la cosa pública junto a “la instrumentalización política de la justicia y la falta de independencia de las instituciones frente al partido de gobierno tienen un doble efecto. Por un lado, facilitan la corrupción y crean un clima de tolerancia entorno a ella. Por otro lado, ponen en entredicho los esfuerzos por combatir este fenómeno, especialmente cuando se buscan u obtienen réditos políticos por la detención de personas bajo figuras delictivas no flagrantes”.
El impacto perjudicial de la corrupción en los derechos humanos
El informe dejó claro la corrupción afecta el goce pleno de los derechos humanos de los ciudadanos.
“La CIDH observa que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales pueden verse seria y negativamente impactados por la corrupción tanto de manera directa como indirecta. Un acto de corrupción afecta directamente un derecho cuando se le utiliza como medio para impedir su realización y disfrute efectivos, por ejemplo, cuando una persona debe realizar pagos irregulares para estudiar y acceder a atención sanitaria, entre otros. En estos supuestos la corrupción se usa como vía directa para afectar los derechos protegidos, sea como obstáculo para el acceso directo a su pleno disfrute o disminuyendo recursos específicos destinados para su garantía”, se lee en el informe.
Hay una afectación de los actos de corrupción “más sutil” e indirecta que propicia la violación de los llamados DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), de acuerdo al informe de la CIDH sobre Venezuela:
“Por su parte, en otras situaciones, los actos de corrupción se presentan como una condición que contribuye a la ocurrencia de alguna violación de los DESCA indirectamente o de forma más sutil o encubierta, por ejemplo, cuando las autoridades se ven influenciadas a priorizar intereses privados dentro de su política fiscal disminuyendo la disponibilidad de sus recursos públicos en general, cuando evitan recuperar activamente recursos desviados a causa de actos de corrupción, cuando distorsionan los precios en procesos de contratación, o cuando priorizan intereses privados en concursos públicos de plazas educativas o sanitarias, poniendo en riesgo la calidad de los servicios de educación y salud, entre muchos otros”.
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¿Lucha contra la corrupción o purga?
La CIDH también tomó nota de la trama Pdvsa Cripto, la más reciente campaña contra la corrupción lanzada por las autoridades venezolanas y que, según la versión oficial, permitió el desmantelamiento de un grupo- en el que figuran connotados funcionarios de alto nivel- que sustraían fondos públicos en Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Unas 67 de personas han sido arrestadas hasta principios de mayo de 2024, de acuerdo con el Ministerio Público.
El organismo continental dejó en claro sus dudas sobre el objetivo final de estas acciones. ¿La razón? “La utilización del sistema penal por parte del poder Ejecutivo para perseguir a personas trabajadoras que se oponen al gobierno, y considerando la opacidad de la información, no es posible identificar si estos cargos corresponden a conductas delictivas o a una persecución política”, afirmó.
En los últimos días desde el Ministerio Público han asegurado que estos hechos de corrupción en Pdvsa formaban parte también de una supuesta conspiración para derrocar a Nicolás Maduro, en la cual estaban involucrados miembros del oficialismo como el exvicepresidente de Economía, Tareck El Aissami; y dirigentes opositores, especialmente Julio Borges y Leopoldo López.
Según el fiscal impuesto por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, los opositores, en connivencia con Estados Unidos y El Aissami, planeaban «disolver el Estado por cualquier vía antidemocrática, imponer y continuar con las sanciones que tanto daño le han hecho al humilde trabajador y a las empresas».
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Sin autonomía no hay investigaciones ni castigo
La CIDH, en su informe, lamentó que las autoridades venezolanas no hubieran hecho nada a lo largo del año para restaurar la independencia y la separación de los poderes. Y acto seguido advirtió que esta omisión tuvo dos consecuencias significativas.
“En primer lugar, no se tomaron medidas decididas para combatir la impunidad de las violaciones ocurridas en años anteriores, especialmente durante las protestas de 2015 y 2017. Es importante recordar que la gravedad, sistematicidad e impunidad de dichas violaciones llevaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a iniciar una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, un hecho sin precedentes en el hemisferio occidental”, se lee en el reporte.
“La segunda consecuencia de la falta de independencia de poderes fue el acceso discriminatorio a la función pública. En el transcurso de este año, la Contraloría General de la República ratificó las sanciones de inhabilidad impuestas a líderes opositores con aspiraciones presidenciales. Además, el Ministerio Público inició investigaciones penales contra las personas que organizaron las llamadas «elecciones primarias», un ejercicio ciudadano de consulta destinado a determinar quién disputaría la presidencia por la oposición en 2024. Estos hechos evidencian que las instituciones del ámbito público nacional operan principalmente para asegurar la permanencia del partido de gobierno en el poder y no para promover y proteger los derechos humanos”, remató.
La opacidad sigue campante
La CIDH no pasó por alto que Venezuela carece de información pública accesible referente a índices de desarrollo humano, tales como pobreza, escolaridad, mortalidad infantil, mortalidad materna, desnutrición; y también sobre gestión pública como contratación estatal, servicio civil, denuncias por delitos, hacienda pública, entre otros.
Asimismo, dejó constancia de los intentos de la sociedad civil por obtener datos en poder del Estado y de lo ineficaz de medidas como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada en 2021.
En el primer trimestre del 2023 la organización Espacio Público formuló 28 peticiones de información a organismos públicos, de las cuales 3 fueron directamente rechazadas sin justificación legal y el resto no fueron respondidas, se lee en el reporte.
