Transparencia Venezuela, 2 de septiembre de 2022.- El megafraude de los casi 5.000 millones de dólares en Pdvsa (USD 4.850.000.000) que denunció esta semana Tareck El Aissami en el Ministerio Público, un caso objeto de investigación en Estados Unidos y en Suiza desde hace por los menos 4 años, tampoco fue visto por la Contraloría General de la República en su informe anual correspondiente al año 2021, que por cierto fue presentado después de un silencio de este organismo de unos seis años.
El enunciado de sus atribuciones en ese informe son un recordatorio de la importancia de la gestión de este organismo:
“La Contraloría General de la República, como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal e integrante del Poder Ciudadano, garante del cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de las atribuciones por esta conferidas, ha enmarcado acciones de vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, a través del ejercicio del control y evaluación de las operaciones de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, que contribuyen en la lucha contra la corrupción en todas sus formas, velando por el buen uso del patrimonio público y estableciendo las responsabilidades administrativas a que haya lugar por la comisión de actos y hechos irregulares vinculados con la administración de los recursos públicos; este Máximo Órgano de Control Fiscal contribuye a prevenir la impunidad, fortaleciendo la labor del Estado en la distribución y manejo del patrimonio de la Nación.”
En el informe de la Contraloría General de la República abundan cifras:
“(…)264.460 actividades durante el año 2021, entre las cuales podemos destacar 21.540 actuaciones fiscales a nivel nacional y 7.055 inspecciones directas en todo el territorio nacional, con la finalidad de dictar estrategias que fortalezcan los esfuerzos del Estado venezolano en la lucha contra el flagelo de la corrupción.”
Se señala que el contralor designado por la extinta y cuestionada Constituyente, Elvis Amoroso, “visitó e inspeccionó a 29 empresas estratégicas del Estado venezolano”.
Sigue el documento: “el máximo representante del Sistema de Control Fiscal del país mostró su beneplácito por las obras públicas que se están llevando a cabo en el territorio Nacional y reconoció el esfuerzo de los Gobernadores y Alcaldes que vienen realizando para el beneficio del pueblo venezolano y orientado al plan de mejoramiento que viene impulsando el Gobierno Nacional. Destacando las siguientes:
- PDVSA – Gas.
- Refinerías.
- Arco Minero.
- Fuerzas Armadas.
- Puerto de la Guaira y Puerto de Valencia (Puerto Cabello).
- Autopistas a nivel nacional (Carabobo y Nueva Esparta).
- Aeropuerto de la Guaira-Maiquetía y NuevaEsparta.
- Represa el Guri.
- Estaciones de servicios de gasolina.
- Fronteras del país (Táchira, Bolívar y Guárico).”
Pese a que en el informe se asegura que la Contraloría General de la República realizó inspecciones a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), al Arco Minero del Orinoco, a la Represa de Guri, cementeras y a los puertos de La Guaira y de Puerto Cabello, en él no hay detalles sobre lo observado y si encontró irregularidades.
El debilitamiento de los órganos de control del Estado- entre ellos la Contraloría General de la República– deja sin protección los bienes de la nación frente a las oportunidades de corrupción potenciadas por la falta de supervisión y resguardo del patrimonio público.
Cuatro señales que revelan la ineficiencia de la Contraloría a la hora de combatir la corrupción
Una revisión del informe de gestión de la Contraloría General de la República correspondiente a 2021, que el contralor impuesto por la extinta Constituyente, Elvis Amoroso presentó en marzo pasado a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, permitió detectar cuatro señales que ponen de manifiesto la ineficiencia del organismo para atacar los delitos contra la cosa pública.
1- Lentitud
El primer indicador que revela que la Contraloría General de la República no está ejerciendo correctamente su labor de “control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales” es la poca rapidez exhibida.
Así, en el reporte correspondiente a su gestión en 2021, el organismo admitió que condujo 28 actuaciones de control, las cuales se practicaron “bajo la modalidad de control posterior”.
Entre los organismos sometidos a esta evaluación figuran las empresas:
– Pesquera Industrial del Alba, S.A (Pescalba):
En el caso de la primera compañía pública los auditores revisaron las operaciones administrativas y presupuestarias, así como los procesos de contratación para la adquisición de bienes, de servicios y ejecución de obras desde 2008 hasta el tercer trimestre del año 2017 y hallaron que “no se elaboró ni remitió al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), la Programación Anual de Compras (adquisición de bienes y contratación de servicios), correspondiente a los años 2011 y 2012”.
Asimismo, el organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos constató que la directiva de la empresa vendió un buque “sin contar con la determinación de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, que estableciera un precio base de venta justo”.
– Empresa Nacional de Mantenimiento Vial (Envial):
Por su parte, en Envial se encontró con que “los proyectos analizados no están sujetos a una planificación, visto que no se formuló la programación de objetivos y metas para el ejercicio económico 2017”.
– Empresa Militar de Transporte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, S.A (Emiltra):
En Emiltra halló que esta “no dispone de una relación o reporte atinente a los servicios de transportes de carga prestados durante los ejercicios económicos financieros 2014 al 2016 con indicación de cliente, fecha, mercancía transportada, distancia o recorrido, vehículo asignado para el servicio y monto de la cotización o facturado”.
En todos estos casos los contralores revisaron ejercidos de hace más de una década.
2- Superficialidad
Otra señal que pone en duda la efectividad de la labor de la Contraloría venezolana es la poca profundidad de sus hallazgos.
Así, por ejemplo, al poner la lupa sobre el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), el organismo solo reportó que en 2014, hace 8 años, se realizaron pagos en exceso por la construcción de la Ciudad Deportiva del estado Barinas, los cuales “fueron conformados por el Presidente del ente ejecutor y no por el Ministro o autoridad superior» y que “no se realizaron las inspecciones a 21 proyectos con financiamientos no reembolsables”.
Estas fallas parecen poca cosa si se toma en consideración que el Fonden, creado en 2005 por el fallecido Hugo Chávez con el objeto de financiar proyectos de inversión de gran envergadura, pagar deuda pública externa y atender situaciones especiales, manejó USD 174.000.000.000. y destinó parte de esos fondos a suscribir contratos con la constructora brasileña Odebrecht. La inmensa mayoría de estas obras contratadas con la constructora brasileña continúan inclusas hoy, pese a que en muchas de ellas se hicieron grandes anticipos.
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3- Dejadez
La Contraloría en su informe destaca que en 2021 impuso 472 multas y 235 reparos. No obstante, no precisa el monto de estas.
Y si lo anterior no fuera suficiente, admitió que algunas de estas sanciones económicas han quedado en nada, debido a su incapacidad por lograr que las mismas fueran canceladas en tiempo y forma, haciendo que la hiperinflación y la devaluación las volvieran irrisorias.
“La Contraloría General de la República, vigilante de la recaudación de los créditos a favor de la República, por parte del Ministerio con competencia en materia de finanzas, tiene conocimiento de la recaudación de un total de Bs. 1,04 expresado en el nuevo cono monetario, procedentes de planillas canceladas, derivadas de procedimientos administrativos de multas del año 2017”, señaló en su reporte el organismo.
4- Sin recursos
Y, por último, un dato revelador que está en el informe es el siguiente:
“La Contraloría General de la República durante el año 2021, contó con una población activa de 773 funcionarios y pasiva de 1.618 personas”.
Es decir, este organismo -encargado de velar por el buen uso de los recursos públicos- tiene una nómina de jubilados mayor de funcionarios en activos.
773 personas son las encargadas de monitorear un sector público conformado por 4.285 organismos, en los cuales laboran millones de personas.
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